En la “mayoría de los casos” no se ha
producido la “debida compensación”
■ Este año el Estado tomó 384 compañías, un 64,10% más que el año pasado.
■ Carlos Larrazábal, presidente de Conindustria, señaló que es evidente el fracaso de la política de expropiaciones, reflejado en una menor oferta de bienes en el mercado y de una escasa producción de insumos por parte de las compañías estatizadas.
■ Según los datos que maneja Conindustria, en lo que va del presente año 384 empresas privadas que han pasado a manos del Estado, mientras que durante el año pasado la cifra totalizó 234 industrias, lo que refleja un incremento de 64,1% en la cantidad de compañías expropiadas en el país en un período de seis meses. Esta cifra no incluye “el rescate” de tierras.
El ritmo de las expropiaciones no se detiene. De acuerdo a la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) en lo que va de año el Estado ha intervenido 384 empresas.
“Es preocupante observar cómo ya para esta fecha, el Gobierno nacional ha expoliado o estatizado 384 empresas privadas, cifra superior a todas las tomadas durante el 2010”, dijo Carlos Larrazábal, presidente de Conindustria.
En efecto, las cifras del gremio indican un incremento de 64,10% de las expropiaciones si se compara con las 234 empresas tomadas el año pasado y contabilizadas por Conindustria. En ese cálculo no están incluidas las fincas que son intervenidas “cotidianamente por la mal llamada recuperación de tierras”, apuntó Larrazábal.
Durante el discurso de cierre del congreso anual de Conindustria, el directivo destacó que en la “mayoría de los casos” no se ha producido la “debida compensación”, tal y como establecen las leyes.
Asimismo, el representante de los industriales locales reiteró el fracaso de esa política, reflejado en una menor oferta de bienes en el mercado y de una escasa producción de insumos por parte de las compañías estatizadas.
“Hemos denunciado en forma reiterada el impacto negativo de las políticas de control del Estado sobre la economía; la intervención y estatización sobre el aparato productivo nacional. Estas no han demostrado su efectividad para resolver los graves problemas de abastecimiento que sufre el país. Por el contrario, los han agravado”.
Larrazábal aseguró que sin la participación de la empresa privada será difícil encontrar un crecimiento económico sostenido, disminuir la persistente inflación o resolver el problema del desabastecimiento.
“La empresa privada ha contribuido de forma sostenida con el desarrollo de nuestra sociedad; con nuestra producción satisfacemos las múltiples necesidades de la población; generando más del 80% del empleo del país y aportamos aproximadamente el 50% de los ingresos fiscales de la nación”.
El camino equivocado:
A juicio del presidente de Conindustria la conducción económica del país está mal encaminada y requiere un cambio. “Padecemos un discurso oficial cuyo objetivo es criminalizar la propiedad y la iniciativa privada”.
Esas “erradas políticas económicas de los últimos años”, resaltó el directivo, han provocado una disminución de la actividad manufacturera al nivel que tenía hace 14 años y han hecho a la economía nacional más dependiente del ingreso petrolero.
“Casi todos los sectores producen menos que en 1997 con una población que se ha incrementado en dicho período en más de 5.800.000 habitantes”.
ESTADO EMPRESARIO:
• De acuerdo a las cifras de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), es a partir de 2009 cuando se desata la ola estatizadora. Ese año el Gobierno tomó control de 131 empresas, cifra superior al período que va de 2002 a 2008.
• En 2010 las expropiaciones llegaron a 234 empresas y sólo en lo que va de año van 384 compañías privadas intervenidas por el Estado, sin incluir las actuaciones en fincas o tierras en el interior del país.
• El sector petrolero, el agroindustrial, el de los alimentos y el de la construcción son los más perjudicados por esa política de expropiaciones.
• Para Conindustria esta situación hace inviable el incremento de las inversiones privadas. En diversas oportunidades han sostenido que la actuación del Ejecutivo sólo deteriora la seguridad jurídica y el clima de inversión.
Por: ROBERTO DENIZ
EXPROPIACIÓN | EL UNIVERSAL
miércoles 29 de junio de 2011
