Ros-Lehtinen se lo exige a la
sec. de Estado Hillary Clinton
WASHINGTON.- La representante republicana Ileana Ros-Lehtinen solicitó a la secretaria de Estado Hillary Clinton apoyar el derecho de obtener atención médica para ocho personas a encarceladas en Venezuela, a quienes describe como presos políticos.
Ros-Lehtinen, presidenta del comité de relaciones exteriores de la cámara baja, expresó en la misiva enviada el miércoles su preocupación por la “falta de atención médica que ciertos individuos están sufriendo mientras permanecen encarcelados ilícitamente”.
“Muchas de estas personas han cumplido sentencias injustas durante años y en algunos casos requieren cirugías o tratamientos anticancerígenos”, escribió la legisladora cubano-estadounidense al día siguiente de que la directiva de una organización con sede en Miami le solicitara ayuda para lograr la liberación inmediata por razones médicas de ocho personas encarceladas en Venezuela.
El gobierno del presidente Hugo Chávez niega la existencia de personas encarceladas por sus ideales políticos.
La lista incluye a cinco condenados a 30 años de cárcel por sucesos relacionados al golpe de estado del 11 de abril del 2002: Arube Pérez, quien sufre problemas cardiacos; Erasmo Bolívar, quien tuvo desprendimiento de retina izquierda; Lázaro Forero, quien padece glaucoma y males renales; Iván Simonovis, quien requiere tratarse una lesión en la columna; y Henry Vivas, quien padece de gastritis y tensión ocular.
El listado incluye además a José Sánchez, quien cumple condena a 19 años por homicidio calificado y padece lumbalgia, gastritis e hipertensión; y a Alejandro Peña Esclusa, quien padece cáncer pero no ha recibido atención desde su encarcelamiento en julio del 2010 acusado de esconder explosivos en su casa.
La solicitud incluyó también a la jueza María Afiuni, encarcelada desde 2009 a la espera de juicio por concederle la libertad condicional a un empresario que se opone al gobierno y quien no ha recibido atención médica adecuada para las masas que presenta en los senos y las irregularidades en su vejiga.
A comienzo de febrero, un tribunal le otorgó el beneficio de “casa por cárcel” a la jueza, quien desde diciembre presentaba complicaciones de salud.
Patricia Andrade, de la organización Venezuela Awareness Foundation, también planteó esta semana los casos a Moisés Behar, funcionario a cargo de Venezuela en el Departamento de Estado; al representante demócrata Luis Gutiérrez, al republicano Connie Mack, presidente del subcomité para el hemisferio occidental, y a los senadores por Florida Bill Nelson -demócrata e integrante del comité de espionaje- y Marco Rubio, principal republicano en el subcomité para el hemisferio occidental.
La activista tiene reuniones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras las cuales volverá a Florida.
Andrade fundó la organización en 2004 con el objetivo de plantear denuncias ante instancias internacionales.
La abogada venezolana también compartió con el Departamento de Estado y los legisladores una copia del reporte que su grupo envió en marzo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que la delegación estadounidense plantee esos casos cuando ese organismo examine las prácticas sobre derechos humanos aplicadas en Venezuela durante una audiencia prevista el 7 de octubre en Ginebra.
Andrade denuncia que desde que Chávez asumió el poder en 1999 ha contabilizado al menos 400 presos políticos y que la tortura “se ha implantado, perfeccionado y… se practica”.
Los críticos de Chávez también le acusan de acudir a investigaciones penales y de corrupción para marginar a adversarios claves.
Por: LUIS ALONSO LUGO
The Associated Press
