Expropiaciones demuestran ser
un camino seguro para el cierre
■ Todo esto apunta a que el Estado venezolano, como empresario, es un fracaso.
La política de expropiaciones del gobierno venezolano ha demostrado ser una fórmula segura para la quiebra, con la mayoría de las empresas intervenidas pasando de la rentabilidad a la insolvencia y requiriendo de abultados subsidios del Estado para mantenerse a flote.
Expertos consultados dijeron que la ola de expropiaciones emprendidas por el gobierno solo ha servido para acentuar las presiones inflacionarias y la escasez de productos dentro del país petrolero, con cientos de empresas intervenidas mostrando grandes fallas en sus operaciones e incapacidad de cumplir con las metas fijadas por el gobierno.
“No hay un solo ejemplo del Estado como promotor de algún tipo actividad que genere bienes y activos para la sociedad que haya cumplido de manera satisfactoria”, comentó Felipe Benites, director del Observatorio del Derecho a la Propiedad.
La incursión del Estado en actividades del sector privado suele ser mala incluso en países donde el sector público muestra cierto nivel de eficiencia en la prestación de servicios que le son naturales, como la educación y la seguridad pública, añadió.
“Pero este es un estado que ni siquiera puede garantizar esa función, y mucho menos podemos esperar que vaya a poder cumplir de manera satisfactoria la condición de empresario, sin ningún tipo de experiencia, sin cuadros gerenciales y sin orientarse con lo que orienta todo buen empresario, que es el lucro”, sostuvo.
Según cifras del observatorio, Venezuela ha registrado 2,179 casos de confiscaciones de activos e invasiones de propiedades –ejecutadas directamente por el ejecutivo o propiciadas indirectamente por la retórica revolucionaria del presidente Hugo Chávez– desde que el gobierno comenzó a asumir su condición de socialista en el 2005.
Chávez argumenta que las expropiaciones –calificadas de confiscaciones ilegales por los empresarios– son necesarias para combatir la pobreza, cuya causa él atribuye a la avaricia de una burguesía que emplea su control de los medios de producción para explotar al grueso de la población.
Pero la evidencia recogida hasta ahora es que la política de expropiaciones solo ha servido para mermar la producción de bienes y servicios, y con ello acentuar la pobreza dentro del país sudamericano.
Un estudio presentado esta semana por el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) concluyó que las empresas que han sido expropiadas se han convertido en organizaciones “improductivas” e “ineficientes” que presentan serios problemas de sustentabilidad y de solvencia.
“Encontramos serias deficiencias en las operaciones de estas empresas”, dijo Richard Obuchi, el profesor del IESA que coordinó el estudio Gestión en rojo: Evaluación de Desempeño de 16 Empresas Estatales y Resultados Generales del Modelo Productivo Socialista.
“Muchas de ellas sólo están operando a una fracción de su capacidad instalada y dependen del subsidio estatal para seguir operando”, enfatizó Obuchi.
Los autores estudiaron la evolución de algunas de las más notorias expropiaciones realizadas en los últimos años en el sector de alimentos, incluyendo cafetaleras, centrales azucareras, procesadoras de arroz y cítricos, y encontró grandes problemas de operación y en algunos casos hasta paralización.
Uno de los grandes problemas encontrados estaba vinculado a las exigencias gubernamentales de que los productos fuesen vendidos a precios inferiores a los costos de producción, lo que automáticamente genera una situación de insolvencia que debe ser cubierto a través de subsidios estatales.
Asimismo, las empresas son frecuentemente agobiadas por las exigencias del Estado de que realicen inversiones en actividades no relacionadas con sus actividades principales, lo que en algunos casos provoca la eventual paralización de las operaciones.
“La implementación del modelo ha mostrado ser incompatible con las condiciones básicas para alcanzar la sostenibilidad de las empresas”, resaltó el informe. “Las unidades de producción revisadas reportan pérdidas recurrentes, observándose un alto grado de dependencia de los aportes del Ejecutivo nacional para mantenerse a flote”.
Algunos de las empresas evaluadas solo estaban operando marginalmente.
Una de ellas era el fabricante de papel Invepal, que al cumplirse cinco años de su expropiación sólo opera a un 12 por ciento de su capacidad instalada.
Situación similar registra el Central Azucarero Trujillo, el cual pese a contar con una capacidad instalada equivalente al 5 por ciento de la demanda nacional, en 2008 sólo pudo proveer poco más del 0,53 por ciento.
Otro caso emblemático es el de Fama de América. La mayor cafetalera del país fue adquirida forzosamente en 2009 “para garantizar” el abastecimiento en el país. Sin embargo, un año después la escasez de café alcanzaba a más de 40 por ciento.
Benites señaló que el fracaso de las expropiaciones es incluso evidente en las actitudes de los trabajadores, quienes inicialmente apoyaban ese tipo de medida.
“Ya no se ven trabajadores exigiendo al Estado que tomen a la empresa donde ellos laboran. Puede haber una más que otra, pero ese fenómeno que se vio entre en 2007 y 2009, cuando arreciaron las estatizaciones de las empresas y sus trabajadores las aplaudían, en este momento ya no se observan”, comentó.
Al contrario, los empleados se oponen a que sus empresas sean expropiadas, incluso cuando se encuentran en una situación de reclamo laboral contra sus dueños, en lo que es una clara señal de que “los trabajadores ya saben cual es el destino de las empresas intervenidas”, sostuvo.
Y el propio gobierno se ha dado cuenta que las expropiaciones no es un tema sobre el que puede alardear.
“Si estas empresas fuesen productivas, si fuesen eficientes, nosotros desayunaríamos, almorzaríamos y cenaríamos con publicidad estatal, diciéndonos este es uno de los grandes logros del socialismo”, afirmó Benites.
“Eso fue lo que se hizo al inicio, cuando alguna de ella mostró algún tipo de resultado, pero esa publicidad ya desapareció del inmenso despliegue publicitario del gobierno. No se ha hecho más, posiblemente, por todos los problemas de desabastecimiento que este tipo de acciones están creado”, formuló.
Por: ANTONIO MARIA DELGADO
adelgado@elnuevoherald.com
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