El Cicpc acumula el mayor número
de denuncias en todo el país
■ Resaltan falta de voluntad para castigar torturas.
■ “En Venezuela la tortura no es cosa del pasado, sigue aquí”
■ La Red de Apoyo dijo que la ley contra el olvido es excluyente.
■ Red de Apoyo afirma que en 2010 recibió 12% más casos de malos tratos.
■ Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, criticaron que el Parlamento sólo se circunscriba a los crímenes de gobiernos anteriores y no impida las actuales violaciones contra la vida. “La tortura no se acabó en 1998 sino que ha seguido y sigue estando en el país”, resaltó la médico Fiorella Perone, vocera de la organización.
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz contabilizó 243 casos de torturas entre 2003 y junio de 2011. La mayoría de las víctimas (158) son hombres entre 18 y 38 años de edad y el Cicpc es el cuerpo de seguridad nacional con más denuncias de tortura con 6, seguido por la Disip, ahora Sebin, con 12 y la recién creada Policía Nacional Bolivariana con 2.
La extinta Policía Metropolitana encabeza la lista de cuerpos policiales regionales con 30, seguida por la Policía de Lara con 8 y la Policía de Miranda con 5, de acuerdo con la información suministrada por Fiorella Perrone, integrante del Programa de Atención Integral a las Víctimas, de la referida ONG.
Agregó que la Guardia Nacional encabeza las acusaciones contra la Fuerza Armada con 30 señalamientos, luego el Ejército con 14 y la Dirección de Inteligencia Militar con 2.
Del total de casos procesados por la organización civil en los últimos 8 años, 118 se han perpetrado en Distrito Capital, 29 en Miranda y 13 en Lara.
La vocera de la ONG reclamó la mora legislativa en la que ha incurrido la Asamblea Nacional al no aprobar una ley contra la tortura, tal y como lo establece la Constitución de 1999: “Iniciativas como el proyecto de ley para castigar las violaciones de los derechos humanos entre 1958 y 1998, aprobada esta semana en primera discusión son positivas, pero excluyentes porque dejan sin amparo del Estado a las víctimas de delitos ocurridos fuera de ese lapso”.
Laura Roldan, coordinadora del Programa, consideró que la recurrencia de las denuncias permite afirmar que la tortura es una política policial: “Las acciones de tortura cometidas por funcionarios de bajo o medio rango cuentan con el aval de los mandos superiores, bien sea porque no los castigan o porque los promueven”.
Roldán se refirió al caso de los tres detenidos en los calabozos del Cicpc en El Rosal, cuyo primer reporte forense determinó que la causa de la muerte fue la falta de aire respirable y el informe realizado una vez hecha la exhumación indicó que fallecieron a consecuencia de una golpiza. “Es destacable que por primera vez la Fiscalía se atreve a denunciar al médico forense y eso es positivo.
Reiteramos la necesidad de que las denuncias contra un cuerpo policial sean investigadas por el mismo cuerpo policial porque se presta para que haya complicidad”.
En primer lugar, otra vez:
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) vuelve a encabezar, por tercer año consecutivo, la lista de los organismos más denunciados de cometer actos de tortura con siete en 2010 y 12 en lo que va este año.
En las últimas semanas el desempeño de la policía científica ha sido duramente cuestionado, luego de tres personas detenidas en sus calabozos fallecieran, algunos presuntamente víctimas de golpes que le habrían propinado funcionarios de ese cuerpo y otros sofocados sin que les prestaran ayuda los responsables de la custodia.
Las voceras demandaron que las investigaciones por este caso lleguen hasta sus últimas consecuencias y para ello demandaron que ningún funcionario del Cicpc participe en ellas.
Roldán reconoció que “esperábamos que algo así ocurriera”. Al ser interrogada sobre el por qué respondió: “Por las denuncias de malos tratos que hemos venido recibiendo contra funcionarios de ese organismo, en especial una vez que comenzó el operativo Madrugonazo al hampa”.
No obstante, saludó la decisión del Ministerio Público de procesar el patólogo Franklin Pérez, quien fue el aseguró que los fallecidos en la División de Capturas perdieron la vida por falta de aire.
La activista demandó de las autoridades investigar a la Comisaría de Simón Rodríguez, de la cual “han recibido muchas quejas”, para evitar nuevos escándalos.
En el informe llama la atención que la Policía Nacional, la cual apenas tiene poco más de un año activada, ya tiene dos denuncias por tortura.
Propuestas de la red:
• La Red reiteró su petición que viene formulando a las autoridades para que apliquen el protocolo de Estambul, instrumento que, a su juicio, permitirá castigar a los torturadores. “El protocolo no solo toma en consideración de las lesiones físicas, que desaparecen relativamente pronto, sino también de las secuelas psicológicas, cosa que no hace el reconocimiento médico forense que se aplica en el país”, afirmó Perone.
• La organización también reclamó de la Fiscalía mayor celeridad a la hora de investigar este tipo de crimen, el cual dijo que afecta en la inmensa mayoría de los casos a jóvenes de las clases más pobres. “Si les llega una persona denunciando que fue torturada deben ordenar cuanto antes que se le practiquen los exámenes médico forenses, pues sin pruebas no hay delito y sin delito no hay sanción”, remató la vocera.
Por: MARU MORALES
mmoralesp@el-nacional.com
DERECHOS | JUDICIAL
EL NACIONAL
