No se descarta una ocupación
temporal de este centro médico

■ Clínicas atienden el 30% de la población.

■ Por el caso del padre de la diputada que murió por oclusión intestinal, dictaron orden de captura contra directivo de La Previsora y el operador que asigna las claves.

El presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, Ángel Sarmiento, refirió que también hay pretensiones de imputar al médico cirujano, Milton Gregorio Hernández, y un médico internista. A ambos, según le informaron, los señalan de haberse negado a intervenir quirúrgicamente a Hugo Francisco Bolívar, de 70 años, padre de la diputada Francys Bolívar (PSUV), de la comisión de salud del Consejo Legislativo.

Sarmiento aclaró que en ningún momento se dejó de atender al paciente, pues para pasarlo a pabellón debían estabilizarlo. “Se trataba de una situación delicada que inducirlo a la anestesia sin exámenes previos se corría el riesgo que muriera”. Dijo que Bolívar presentaba perforación masiva de intestino en evolución, cuya mortalidad es de 90%.

Fueron libradas dos órdenes de detención contra un directivo y el operador de guardia de seguros La Previsora por el caso del fallecimiento de Hugo Bolívar en el Hospital de Clínicas Las Delicias, luego de haber esperado cuatro horas para que le dieran la clave del seguro. La información fue suministrada ayer por el comandante de la Cuarta División Blindada y Guarnición de Maracay, Clíver Alcalá Cordones.

Por el caso de la muerte del padre de la diputada regional del PSUV, Francis Bolívar, están detenidos Vilma Barrera, gerente general de la clínica; Jonathan Ramírez, subgerente administrativo; Vanilde Rivas, directora médica, Carmen Navas, subdirectora médica, y el cirujano Nelson Gregorio Hernández, cuya audiencia preliminar fue diferida para hoy.

Se espera que estas personas sean imputadas por los delitos de homicidio culposo y omisión de prestación de servicios, acusaciones que según José Gregorio Rosi, abogado de Jonathan Ramírez, carecen de lógica porque se contradicen. El primer delito sería por no brindar atención inmediata y el otro por negarle la prestación de servicio.

Dijo que además no hay elementos de convicción para tipificar a los detenidos estos delitos, pero aún así continúan privados ilegítimamente de su libertad.

Le parece curioso que en los tres centros hospitalarios públicos y privados a los cuales llevaron a Bolívar antes de acudir a la clínica no le dieron ingreso y ahora se pretende establecer responsabilidades al centro clínico Las Delicias, donde sí le brindaron atención medica.

El abogado José Rincón, defensor de los tres médicos, dijo que también se habla de imputarles el delito de homicidio doloso eventual cuando desde el primer momento atendieron a Bolívar, y si no le practicaron la intervención quirúrgica fue porque no estaba en condiciones de salud. Sin embargo, le habían hecho las evaluaciones preoperatorias para su ingreso y estaba bajo observación.

Más médicos:

El presidente del Colegio Médico de Aragua, Ángel Sarmiento, declaró que en este caso también se quiere involucrar al médico internista y a un cirujano que estuvieron presentes en el momento que ingresó Hugo Bolívar a la clínica Las Delicias.

El cirujano Milton Gregorio Hernández se puso a derecho en el Cicpc porque los familiares de Bolívar lo acusan de haberse negado a operarlo.

Alta mortalidad. Ángel Sarmiento expresó que está de acuerdo con que se investigue y se llegue hasta las últimas consecuencias con un juicio justo, ajustado a derecho y con los involucrados en libertad, porque en el peor de los casos se trataría de un delito culposo.

La información que maneja fue que el paciente murió de un infarto intestinal masivo que tenía 24 horas de evolución con perforación de víscera. Dijo que la mortalidad en este tipo de casos es de 90%.

Indicó que debido a que Bolívar tuvo una perforación masiva las probabilidades de que falleciera era de 100%. “En cualquier institución hospitalaria hubiese fallecido”, agregó.

Fiscalización:

Contraviniendo a Sarmiento, la directora del Indepabis en Aragua, Vicyhomir D´Agosto, insistió ayer en que el paciente esperó cuatro horas en la emergencia para ser atendido por falta de la clave de la compañía aseguradora La Previsora.

A Sarmiento le preocupa la actuación de la Fiscalía, porque la considera un procedimiento netamente político que atenta contra la medicina privada. “Será que ahora en la historia médica de los pacientes debemos preguntar si es familiar de un funcionario publico o si tiene influencia política”.

El que se materialice las eventuales ocupaciones de las clínicas, por presuntamente incurrir en procedimientos fraudulentos en sus servicios, es para el presidente de la Cámara de Clínicas de la Región Central (Cacentro), Carlos Rosales, un riesgo para el sector salud.

Clinicas privadas:

Estos centros atienden un 30% de la población, incluidos los empleados públicos del Estado, por eso aspira a que esto no se lleve a cabo. A Rosales le sorprende que le den tanta cobertura mediática a las fiscalizaciones que realiza el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), en las clínicas, pues asevera que siempre se han efectuado.

El presidente de Cacentro resaltó que el 94% de los casos que han denunciado los usuarios en los últimos meses, le han dado soluciones satisfactorias, a través de unas mesas situacionales, que realizan con el Indepabis, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional, superintendencias de seguros, cámaras aseguradoras y asociaciones de clínicas.

84 clínicas y 37 aseguradoras sancionadas:

El presidente del Indepabis, Augusto Montiel, sancionó -luego de una fiscalización desarrollada este lunes- a 84 clínicas entre las que se cuentan Sanatrix, Instituto Médico La Floresta, Rescarven, Santa Sofía, y Centro Clínico Caracas, gracias a las denuncias que ha recibido por parte de personas afectadas por ilícitos administrativos. Resaltó que en estas acusaciones tiene que actuar la Fiscalía porque muchas de ellas llegan a ser delitos.

Las aseguradoras Seguros Mercantil, Seguros Avila, Banvalor, Mapfre, Seguros Constitución, entre otros, también fueron sancionadas por tratos discriminatorios contra los pacientes, publicidad engañosa, condiciones abusivas en la contratación, incremento de las pólizas sin justificación alguna, y omisión de información.

Ortega: Inhumano e inaudito:

La fiscal general Luisa Ortega calificó de inhumano e inaudito que se niegue la atención médica en la emergencia de una clínica privada a un paciente, debido a que no se le haya suministrado una clave de acceso. “El presidente del Indepabis anunció que tiene 5.017 denuncias, pero para que se tramiten a escala penal deben ser enviadas al Ministerio Público”, indicó. Pidió a las clínicas y a las empresas aseguradoras que establezcan un mecanismo expedito que permita brindar atención inmediata a los enfermos y resolver paralelamente los trámites administrativos.

Por: LAUDELYN SEQUERA
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