1,6 millones de venezolanos son
buhoneros y venden en las calles

■ El observatorio de asuntos laborales advierte que la taza es muy elevada.

■ El porcentaje aceptable del trabajo informal en una economía diversificada y sana es de 20% a 25%

■ Los buhoneros representan 30% de esa gran torta que son los 5,9 millones de trabajadores de la economía informal.

■ Y si bien son sólo una porción, se han convertido en uno de los principales indicadores del desempleo en Venezuela.

Las últimas cifras, correspondientes a enero pasado, del Observatorio de Asuntos Laborales de la Unión de Trabajadores Revolucionarios y que hace sus investigaciones en Venezuela con el apoyo de la Unión General de Trabajadores de España, muestran que 46% de 13 millones de la población económicamente activa estaba en el sector informal de la economía.

Las actividades realizadas por esta población son diversas. Están los comerciantes de las calles, también conocidos como buhoneros, y los trabajadores por cuenta propia, que son los taxistas, conductores de rústicos de pasajeros en los barrios, electricistas, mecánicos, plomeros, albañiles, peluqueras y manicuristas, entre otros.

Los ingresos por las ventas y la prestación de los servicios de estos trabajadores oscilan entre 2.000 y 2.500 bolívares mensuales, pero no están amparados por la seguridad social aunque la Constitución lo garantiza, afirma el Laboratorio de Asuntos Laborales.

“Nos tienen a monte”

En las calles de las principales ciudades del país se observa el “guapeo” o colocación de los manteles, cajas y carritos con la mercancía en las aceras. En Caracas, los buhoneros están pendientes de la persona que contratan para que les avise si viene la policía. Si está cerca recogen rápidamente los artículos para evitar que sean decomisados.

De acuerdo con las cifras del OAL, 1,6 millones de venezolanos venden en las calles, algunos con permiso de las alcaldías. El horario varía según la actividad. Los que venden empanadas, pastelitos y jugos laboran de 6:00 a 10:00 de la mañana.

“Queremos trabajar con permiso, es lo único que le pedimos a la Alcaldía de Libertador”, señalaron varios fruteros cerca de la estación del Metro de Bellas Artes en Caracas. Uno de ellos es Alejandro Ruso. Tiene 25 años de edad y siempre ha trabajado en la economía informal porque no consigue empleo en el sector formal. Asegura que la policía los acosa y les cobra por dejarlos trabajar.

Cuenta que para él es difícil reunir el ingreso necesario para mantener a su esposa y dos niños. La fruta la compra cada vez más cara en el mercado de Coche, y para traer las cestas con las uvas o los duraznos al puesto de venta debe pagar 150 bolívares diarios de transporte.

Ruso, al igual que otros buhoneros que venden frutas, rechaza el anuncio del Gobierno de que demolerán el Mercado Mayor de Coche para construir viviendas, mientras que el nuevo centro de ventas lo mudarán a Turmerito. “El transporte se pondrá por las nubes y la gente nos comprará menos si subimos demasiado la mercancía”, advierte otro de los vendedores de la calle que solicitó no mencionar su nombre.

Orlando Guerra, de 41 años de edad, es de Guárico y tiene un hijo que estudia en la Unefa. Su puesto de venta está en la esquina de Mirador, parroquia Candelaria, donde expende plátanos, casabe, granos y huevos que principalmente le llevan en camión los distribuidores al por mayor que se surten en Coche.

“Antes trabajé en supermercados. Me quedé sin trabajo y desde hace 12 años estoy por mi cuenta”, expresa Guerra.

Refiere que cuando la venta está normal gana 2.000 bolívares mensuales y que a veces la policía los molesta y hay que salir corriendo. Sobre los precios al público indica que se han mantenido estables de unos meses para acá.

Unos metros más adelante está una mujer que vende queso. Prefiere no hablar. “La Alcaldía nos tiene a monte”, alega. Ramón Mejías trabajó hace tiempo en una fábrica de zapatos. Ahora cuenta con su propio puesto donde repara calzado, lo que le permite obtener ingresos entre 2.000 y 2.500 bolívares al mes. Como el trabajo aumentó, contrató hace tres meses un ayudante, José Rodríguez, aprendiz especial que vino de Cumaná buscando mejores horizontes.

Los vendedores del mercado popular de Bellas Artes están preocupados ante un posible desalojo, debido a que en ese terreno van a construir un parque y un complejo residencial.

“Después de veinte años en la calle, me vine para acá hace tres años y no fue gratis”, afirma Javier Espiner, vendedor de morrales.

En enero fue víctima del hampa cuando abría el negocio. Un hombre con un pico de botella le hizo un corte profundo en la muñeca. “Debo operarme, pero en el Hospital de Lídice me dicen `venga mañana o pasado’ y no tengo plata para ir a una clínica privada”.

Espiner compra los bolsos en varias distribuidoras y las ventas, luego de apartar el dinero para comprar la mercancía, le generan 2.000 bolívares mensuales. Señala que en el mercado la policía también fastidia.

Demasiados informales:

Dick Guanique, coordinador del Observatorio de Asuntos Laborales, afirma que en Venezuela es demasiado alta la tasa de trabajadores que se desempeña en el sector informal, y esto se debe a que los desempleados por el cierre de las empresas privadas y la recesión económica terminan en ese sector. “El porcentaje aceptable del trabajo informal en una economía diversificada y sana es de 20% a 25%”.

El también representante del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato añade que el trabajo por cuenta propia siempre es necesario, incluso en los países industrializados, sólo que allí está organizado y se garantizan los derechos laborales.

El viernes pasado, la Organización Internacional del Trabajo insistió en la necesidad de ampliar el diálogo social en América Latina para superar el desempleo y el crecimiento del sector informal, cuya tasa promedio es 53%. Según el informe de la OIT, 82 de cada 100 empleos que se crean en los países son informales.

El índice que el OAL da a la informalidad supera 43% del Instituto Nacional de Estadística. Guanique asegura que las cifras oficiales no son del todo sinceras, pues el INE ubica parte de los trabajadores por cuenta propia en el sector formal.

“Para la OIT el empleo formal es sinónimo de empleo decente con seguridad social y los trabajadores venezolanos por cuenta propia no tienen esa protección”, sostiene el dirigente sindical.

Agrega que una debilidad de estos trabajadores es que apenas 5% (29.500 y la mayoría de la región capital) están afiliados a los sindicatos, lo que dificulta la lucha por sus derechos. Sin embargo, las dificultades e incomprensión de las autoridades los está llevando a organizarse más.

El sindicato de trabajadores informales más antiguo de Venezuela es el de los kioscos de periódicos (antes pregoneros) con 50 años. Le siguen los vendedores de dulces y flores con 23 años y los perrocalenteros con 20 años.

Discriminación laboral:

“Queremos pagar la seguridad social”

El Instituto Venezola-no de los Seguros Sociales no permite que los trabajadores informales coticen a la seguridad social, pese a que la vigente Ley Orgánica del Trabajo y la Constitución los incluyen dentro de ese derecho.

“Queremos pagar a la seguridad social, pero el Seguro Social no nos deja”, señala Yolanda Wundheilerje, presidenta de Asintradulco, sindicato que agrupa a los trabajadores que venden dulces, cotufas y chicha en la Gran Caracas y el estado Miranda.

Expresa que muchos trabajadores estuvieron en el sector formal y, pese a estar inscritos en el IVSS, el organismo les ha negado seguir cotizando para tener acceso a los servicios de salud, así como obtener una pensión por vejez o por incapacidad para el trabajo en los casos de accidente y enfermedad ocupacional.

Agrega que también han sido excluido de los decretos presidenciales que permiten a ex trabajadores en edad de jubilación (55 años las mujeres y 60 los hombres) completar el mínimo de 750 cotizaciones establecido en la ley para conseguir una pensión.

Wundheilerje señala que hace tres meses el director de Control Urbano de la Alcaldía Libertador les prometió formar una mesa de trabajo para buscar las alternativas que abran el ingreso de los trabajadores a la seguridad social, pero todavía están a la espera.

Apunta que el aporte de millones de personas de la economía informal engrosaría el pote contributivo, lo cual mejorará los servicios que presta el IVSS.

La sindicalista denuncia que sufren la discriminación laboral porque la Constitución establece expresamente que los trabajadores no dependientes están amparados por la seguridad social y tienen los mismos derechos que los del sector formal.

Por: Estrategia
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EL NACIONAL