Expulsan al Cicpc de la Gran Sabana

■ Juan Pereira, jefe regional del Cicpc, confirmó que esta subdelegación fue cerrada.

■ Autoridades del MIJ y del Ministerio Público estuvieron presentes en el inventario de armas y bienes.

■ Los habitantes del municipio aseguran que desde la llegada del cuerpo de seguridad a la zona ha habido casos de extorsión, vejaciones y amenazas.

La sede del organismo en Santa Elena de Uairén, estado Bolívar, fue desalojada después de que los vecinos protestaron el viernes por la detención de Jorge Luis Sandoval, vocero comunitario acusado de irrespetar a los funcionarios policiales y que, según la colectividad, fue golpeado.

La sede del Cicpc fue desalojada de Santa Elena de Uairén el viernes, cuando la comunidad, enardecida, intentó quemar las instalaciones. La molestia se produjo luego de que policías del cuerpo de investigaciones golpearan al vocero comunal Jorge Luis Sandoval y se lo llevaran detenido por irrespetar a un funcionario público, según las autoridades.

De acuerdo al representante de la Comisión de Derechos Humanos del pueblo, Chester Barrueta, Sandoval estuvo a punto de presentar desprendimiento de la retina del ojo derecho. Se lo llevaron preso sin garantías de seguridad y, como consecuencia, la comunidad actuó.

“Al barrio Puerto San Rafael entró una camioneta que le llaman `pampa’ y ellos pensaron que el conductor traía monedas extranjeras, porque ellos se la pasan matraqueando. Cuando entraron al barrio, el hombre de la camioneta se les perdió. Los funcionarios se montaron sobre el techo de la casa comunal y uno de los voceros les dijo, desde adentro: `¿Se les perdió algo aquí?’. Uno de los funcionarios le respondió que se atreviera a decirle eso mismo pero afuera. Cuando Sandoval salió le cayeron a golpes”.

Según Barrueta, la comunidad sacó al Cicpc, porque desde que los funcionarios llegaron (hace tres años), hay extorsión, fraude, amenazas y demás vejaciones.

Juan de La Cruz Pereira, director regional del Cicpc, informó que hoy darán explicaciones sobre la colocación de los efectivos a la orden del Ministerio Público.

Por: CLAVEL RANGEL
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