Relacionan las expropiaciones
con la campaña electoral
Hasta mayo de este año se contaron 59 adquisiciones forzosas, cuando en 2010 totalizaron 62
En los últimos dos años el Gobierno ha centrado sus ataques a la propiedad privada en terrenos urbanos, conjuntos residenciales en construcción y edificios abandonados o invadidos. El Observatorio de Derechos de Propiedad creado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad y Liderazgo y Visión afirma que en los primeros 5 meses de 2011 se expropiaron 59 inmuebles urbanos, una cantidad similar a la del año pasado. 
Su director, Felipe Benites, señala que el Gobierno aceleró las adquisiciones forzosas de propiedades urbanas en el último bimestre de 2010, cuando intervino 19 conjuntos residenciales en construcción en todo el país con el argumento de que los compradores fueron estafados, y tomó 20 estacionamientos en Caracas para destinarlos a la edificación de viviendas.
En lo que va de año las expropiaciones urbanas se concentran en inmuebles invadidos -en mayo se decretó la adquisición forzosa de 44 edificios en Caracas- y terrenos para desarrollar proyectos residenciales de la Misión Vivienda Venezuela, cuyo objetivo es construir 2 millones de viviendas entre 2011 y 2017.
El investigador afirma que a diferencia de 2006, cuando se frenaron las expropiaciones porque generaban rechazo y podían afectar los resultados electorales, esta vez se apuesta por ellas para hacer campaña.
“Hay un mensaje que se quiere enviar a los que apoyan al Gobierno y a los que no”.
A los simpatizantes de Chávez se les quiere mostrar que la Misión Vivienda progresa. “El Gobierno hizo un compromiso que, según los expertos, no podrá cumplir. Por eso, aplica medidas simbólicas para decir: `Estoy pendiente de ti, estoy resolviendo el problema, estoy avanzando contra lo que sea’”.
Para el segmento de la población opuesto al Gobierno, apunta Benites, el mensaje está dirigido a quebrarla moralmente. “`Puedo expropiarte y pasar por encima de ti cuando quiera, así que mejor quédate tranquilo’. Creo que también ha surtido efectos”.
Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, asegura que el aumento de las expropiaciones en las ciudades registradas en 2010 y 2011, responde a los intereses del Gobierno en materia electoral e ideológica.
“Chávez, pensando en las elecciones de 2012, quiere enviar el mensaje de que las expropiaciones son parte de la solución al problema de la vivienda. Pero no es cierto. Hay muchos terrenos urbanos pertenecientes a organismos públicos que pueden usarse para la construcción residencial”.
En cuanto al aspecto ideológico, el presidente de Apiur recuerda que la meta del Gobierno según el Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013 o primer plan socialista de la nación es reducir al mínimo la propiedad privada. “Las expropiaciones forman parte de la estrategia para lograrlo”.
Punto de partida:
Los primeros antecedentes de expropiaciones urbanas se remontan a 2006 y 2007, cuando la Alcaldía Metropolitana de Caracas decretó la adquisición forzosa de 241 inmuebles. En la mayoría de los casos se trató de edificios para arrendamiento tomados con el alegato de entregar la propiedad a los inquilinos.
Pero la Ley de Tierras Urbanas, promulgada a finales de 2009, es la que convierte la acción aislada del Gobierno capitalino en una política de alcance nacional. “Se declaran de utilidad pública e interés social las tierras urbanas sin uso”, dice el artículo 3. El 6 define como tales las que están abandonadas, sin edificar o “cualquier otra que así determine el Ejecutivo”.
Este marco legal sirvió de pretexto al presidente Hugo Chávez para ordenar, en febrero de 2010, la expropiación de la Zona Industrial 1 de Barquisimeto con el objetivo de desarrollar un proyecto de construcción de viviendas en el lugar y para que la Gobernación de Aragua expropiara, en junio del año pasado, un edificio para alquiler en Maracay.
Reconocimiento oficial:
Las expropiaciones de inmuebles urbanos suman 365 desde 2005 hasta la fecha, según el Observatorio de Derechos de Propiedad.
El Gobierno también ha adquirido forzosamente alrededor de 360 instalaciones empresariales y 1.003 predios rurales durante este mismo período.
El director del Observatorio, Felipe Benites, dice que los dueños de inmuebles urbanos tienen una ventaja relativa sobre los propietarios de fincas. “Hay un decreto de expropiación que reconoce la propiedad del bien, aunque eso no garantiza que sean indemnizados”.
Recuerda que en los predios rurales se aplicó el llamado rescate de tierras, que desconoció los derechos de las personas afectadas. “Ellos quedaron en el aire, porque se partió de la premisa de que eran bienes estatales y se les exigió comprobar el desprendimiento de la nación de esas tierras”.
Por: ALEJANDRO HINDS
ahinds@el-nacional.com
VIVIENDA | POLITÍCA
EL NACIONAL
