Dicen que contribución
sería un nuevo impuesto
■ El grupo Iniciativa de Seguridad Ciudadana, proponente de la medida, insiste en necesidad de sumar esfuerzos contra delitos.
La propuesta de que empresarios, comerciantes y ciudadanos en general hagan un aporte económico obligatorio para apoyar la dotación de los cuerpos policiales de Nueva Esparta con el fin de combatir la inseguridad ha dividido las opiniones en la isla de Margarita.
El planteamiento fue realizado el viernes 3 por el grupo Iniciativa de Seguridad Ciudadana, que aclaró que no pretende hacer política con un tema sensible para la comunidad, sino mancomunar esfuerzos para buscar una salida a los altos índices delictivos.
“Consideramos urgente darle prioridad a la tranquilidad interna, gravemente afectada por el notorio ascenso de la criminalidad que nos ataca en las calles, en nuestros negocios y hasta en nuestros propios hogares, que convierte al colectivo en una gran víctima impidiéndole su desarrollo como ciudadanos”, dijo el empresario Teodoro Bellorín, integrante del grupo proponente.
La organización también impulsó el viernes el paro cívico de 12 horas, que se cumplió 60% en la isla, en rechazo a la inseguridad.
Otro impuesto no. Aunque algunos comerciantes ven con buenos ojos la propuesta del grupo empresarial de cooperar para la dotación de los cuerpos de seguridad, consideran que darle carácter obligatorio lo constituiría en un nuevo impuesto que no están en condiciones de pagar.
Said Saleh, quien tiene su negocio en el municipio Mariño, asegura que de esa manera no está dispuesto a cooperar, puesto que la situación económica se le haría insostenible con este aporte sumado a los tributos que debe pagar a la alcaldía y al Seniat, además de los sueldos y otros beneficios a los trabajadores.
“Muchos de nosotros nos hemos visto obligados a meter a trabajar a nuestra familia (en el local) para ahorrarnos gastos de empleados”, recalcó.
Abdalah Bazzi, dueño de otro establecimiento, se mostró totalmente contrario a tener que hacer estos aportes obligatorios. Argumentó que esa es una situación que le concierne a los gobiernos y especialmente al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia.
“No estoy cerrado a hacer algún aporte en un momento determinado, pero que me obliguen a pagarlo siempre no es posible porque hay otros gastos que debo atender primero”, subrayó.
Responsabilidad social:
Teodoro Bellorín precisó que la propuesta del aporte económico obligatorio, con base en la responsabilidad social empresarial, también permitiría beneficiar directamente al policía y a su entorno familiar. Y esto, junto con la dotación para los uniformados, permitía exigirle al Ejecutivo regional la aplicación de un plan integral de seguridad, con posibilidades de combatir eficazmente la delincuencia en la entidad.
Agregó que también es necesario solicitar al Gobierno central que cumpla con la entrega justa y a tiempo de los recursos que por ley le pertenecen a la región insular, además de exigirle, a través del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, la implantación de políticas compartidas y la dotación extraordinaria en materia de seguridad.
Insistió en que solamente con el esfuerzo conjunto entre la ciudadanía y las autoridades policiales se podrá alcanzar el bienestar general.
El presidente de la Cámara de Turismo, Elio Sánchez, agregó al planteamiento de Bellorín que mientras no se coordine la labor de la Guardia Nacional, Sebin, Cicpc, policía regional y municipale no habrá posibilidad de enfrentar el flagelo de la inseguridad.
“Todo trabajo que hagan los entes policiales se dispersará sino se unifican y eso era lo que los empresarios turísticos esperábamos con la implantación del Dibise en Margarita desde marzo pasado”, acotó.
Sánchez hizo énfasis en que la inseguridad ha hecho un gran daño a las islas de Margarita y Coche como destinos turísticos nacionales e internacionales.
Justicia simbólica:
Bellorín destacó que también es necesario revisar las leyes que solamente permiten aplicar penas “cuasi simbólicas” a los asesinos, por lo que entre las propuestas del grupo de empresarios está solicitar a la Fiscalía General de la República que haga una investigación a fondo de aquellos casos en los que se ha cuestionado la idoneidad de la labor del Ministerio Público.
Como ejemplo más reciente citó la condena a tres años, cuatro meses y cuatro días de prisión que le fue aplicada al menor de edad que a finales de marzo asesinó de un disparo al turista francés Yves Le Brass en las áreas de recreación del hotel Laguna Mar.
Subrayó que la impunidad es uno de los factores que ha permitido que la inseguridad en Nueva Esparta rebase los límites y mencionó que turistas de nacionalidad italiana, portuguesa, inglesa y francesa han muerto este año a manos del hampa en Margarita.
“Estamos solicitando al gobernador (Morel Rodríguez), a los alcaldes y a los diputados regionales y nacionales que se aboquen al tema de la inseguridad como un asunto prioritario y que de esa manera demuestren que existe la voluntad política de declarar al estado Nueva Esparta como zona de tolerancia cero”, expresó.
35% menos delitos:
El director de Seguridad Ciudadana, Wolfang Díaz, aseguró que con la instalación de cámaras digitales en las zonas más concurridas y de mayores índices delictivos, han logrado reducir en más de 35% los delitos que se dan con mayor frecuencia como hurtos, robos y arrebatones.
Manifestó que la policía regional ha logrado dar respuesta casi inmediata a los casos que se ven a través de las pantallas colocadas en su sala situacional.
Admitió, sin embargo, que los homicidios se han incrementado en los dos últimos años, aunque alrededor de 90% de las muertes violentas que se registran en la región se deben a enfrentamientos entre bandas, generalmente durante los fines de semana.
Indicó que las limitaciones presupuestarias solamente permiten contar con 900 funcionarios en el Instituto Neoespartano de Policía, mientras los estándares internacionales establecen que debe hacer 4 funcionarios por cada 1.000 personas.
“Estamos hablando de un déficit de 2.500 funcionarios en nuestra institución policial”, destacó.
Señaló que a pesar de que el Ejecutivo regional no deja de invertir en vehículos y otras dotaciones para la policía estadal, el parque de armamentos sigue siendo deficiente.
Por: DEXCY GUÉDEZ
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