Propietarios se creen
doblemente burlados
■ Tienen sus esperanzas puestas en un acuerdo que firmó la Asociación Bancaria de Venezuela con el Estado, en marzo de este año, en el que se comprometen a financiar los proyectos.
En El Encantado solo se escucha el sonido del viento y el ladrido de uno que otro perro. Tres vigilantes se encargan de impedir el paso, quizás para que nadie vea que la obra está estacionada en el lugar de partida. En el mejor de los casos, solo hay esqueletos de edificios. De resto, terreno plano y vacío.
En la cabeza de los propietarios quizás aún suene el eco de las palabras del presidente Hugo Chávez el 31 de octubre del año pasado: “Están paralizados y la gente ya pagó, ahora nosotros expropiamos, vamos a terminarlos, a reajustar los precios, a multar a esta empresa y a entregarlos”. Así justificó la expropiación de seis urbanismos, ocho ocupaciones temporales y 19 fiscalizaciones. Más de siete meses después, el adelanto es poco o nulo.
El urbanismo del municipio El Hatillo es quizás el más afectado. Quienes compraron en la primera etapa y ya están viviendo allí, tienen casi un mes sin agua y decenas de detalles de obra y plomería sin resolver. Mientras, los de las etapas dos, tres y cuatro no creen que sus apartamentos estén habitables en el futuro cercano.
Juan Montes, integrante del consejo comunal, fue uno de los compradores que llevó sus denuncias a la Asamblea Nacional e Indepabis, en marzo del año pasado, tras numerosos reclamos por retrasos a la constructora. Según su testimonio, los entes del Estado habían logrado presionar a la urbanizadora y en julio los trabajos habían arrancado a toda máquina, pero aún así, en noviembre el Gobierno dictó la medida.
Doblemente estafados:
“Ahora nos sentimos doblemente estafados. Primero por la empresa privada y luego por esta Junta Administradora (los funcionarios del Ministerio de Vivienda y Hábitat a cargo). Creemos que en el Alto Gobierno no conocen la situación. Hacen declaraciones, incluido el Presidente, de que esto está avanzando bien y no es así. Esta Junta ha sido ineficiente, ineficaz e insuficiente. Nos dan fechas que no se cumplen, no nos informan”.
En febrero, el propio ministro, Ricardo Molina, les prometió que en abril estaría lista la segunda etapa y para noviembre, la tercera y la cuarta. No se cumplió y es menos lo que esperan entonces de la Junta, cuya respuesta a esta fecha sobre los plazos es: “No sabemos”. Supuestamente hay 100 obreros trabajando en una construcción que amerita de al menos 700, aunque este miércoles no había ni uno.
Anahís Toro, también del consejo comunal, aseguró que ya se están organizando para ejercer otras medidas de presión para que se reactive la obra, esta vez con organismos que sí les resuelvan.
Mientras, Miguel Álvarez, también del grupo, cuenta que tienen sus esperanzas puestas en un acuerdo que firmó la Asociación Bancaria de Venezuela con el Estado, en marzo de este año, en el que se comprometen a financiar los proyectos.
A simple vista podría decirse que Luz Salazar es privilegiada entre ellos y el resto de las 1.500 familias que compraron allí. Pero no es así: quienes están mudados viven en un limbo, pues la supuesta prioridad es construir. Que ellos tengan problemas de filtraciones, imposibilidad de conformar un condominio e inseguridad son problemas mínimos para la Junta, ahora a cargo.
Todas las semanas deben dar cuotas de 100 a 500 bolívares para comprar agua a camiones cisternas, pues el pozo del cual se abastecían se secó por falta de mantenimiento. ¿Qué quedará para las tuberías que faltan por construir?
Para Evehelisse Harting, el panorama no pinta bien: “Yo tenía buenas expectativas porque es un año electoral. El presidente había tomado esto como una bandera de la clase media. Ahora soy poco optimista. Llegan las elecciones y no se van a acordar de los damnificados, de las construcciones ni de nadie”.
Los propietarios del Plaza Jardín (Av. Libertador) no recibieron la misma atención y tras la ocupación temporal, ahora viven retrasos y más deudas. Ellos estaban constituidos como asociación civil y los avances de la obra dependían solo de sus aportes y no de los de un banco a través de créditos a la constructora. Recién aplicada la medida, se les prometió ayuda a los propietarios para obtener créditos y que pudieran terminar de pagar, pero eso no ocurrió: el tiempo pasó y el precio de la construcción subió. Indepabis sigue presente en una Junta Administradora, pero solo como “consultores”, pues la figura de protección a los clientes no se cumplió. “Se persiguió a los malos, pero ¿cómo quedamos las víctimas?”, contó una de las compradoras. Con 96% de adelantos de la obra, los propietarios no ven ni cerca el tiempo de mudarse, pues les falta el dinero para seguir.
Mientras, El Encantado Humboldt presenta retrasos por problemas para conseguir los materiales.
Los proyectos para mejorar la vialidad, iluminación y seguridad integral de toda la zona conocida como El Encantado (antes era una hacienda) y donde hay más de cinco desarrollos, quedaron atrapados en la disyuntiva. Los propietarios no tienen claro si la responsabilidad finalmente es de la urbanizadora El Encantado (que cedió los terrenos a constructoras más pequeñas) o de la Junta Administradora.
Por: MAYE ALBORNOZ
malbornoz@eluniversal.com
EL UNIVERSAL | Expropiaciones
sábado 11 de junio de 2011
