Policía detuvo a cuatro personas
al reprimir protesta por cloacas
■ Un reclamo por cloacas desbordadas terminó en violencia.
■ Vecinos de La Esperanza trancaron el final de la avenida Baralt.
■ Seis meses de pacientes reclamos de los habitantes de La Esperanza, Cotiza, afectados por un problema de aguas servidas, finalizaron con el cierre de la vía.
Vecinos del sector La Esperanza, en Cotiza, trancaron ayer el final de la avenida Baralt para protestar porque viven entre aguas negras desde hace más de seis meses. Alrededor de las 8:00 am, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana llegaron al lugar, cruzaron pocas palabras con los manifestantes y comenzó el forcejeo para sacarlos de la vía. Hubo cuatro personas detenidas.
Los manifestantes llegaron a las 6:00 am y cerraron el paso con las compuertas metálicas que se encuentran cerca del acceso a la Cota Mil. Los conductores de ambos sentidos quedaron atrapados en un atasco de vehículos. El grupo de vecinos gritaba consignas y mostraba pancartas para exigir una solución al problema de aguas negras.
Funcionarios del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre estuvieron en el lugar, pero no intentaron disolver la concentración. Más tarde, después de la conversación con los manifestantes, la PNB intentó abrir las compuertas de metal, pero un grupo de vecinos, del otro lado, empujaba para impedirlo. Finalmente, el acceso quedó abierto.
Los policías empujaron a las personas fuera de la vía y los carros comenzaron a circular.
Yecini Gutiérrez, una de las mujeres que estaba en la protesta, se lanzó sobre uno de los carros que intentaba pasar y se aferró al capó. Lograron sacarla a la fuerza.
“Me dio lástima con esa señora que iba manejando, pero estaba desesperada”, dijo después y mostró los brazos marcados por el forcejeo y el labio inferior inflamado por el golpe, pues cayó al suelo en el ínterin.
Otros vecinos se acercaron a los policías y se generó una gran confusión. Dos hombres fueron neutralizados e inmovilizados contra el asfalto. “¡Respeten los derechos humanos!”, gritaba uno a los uniformados. Los detenidos fueron Esperanza Bejarano, Luis Isaya, Yeiderley Gutiérrez y Franklin Martínez. En la tarde aún no los habían soltado. Yecini Gutiérrez hizo la denuncia en el Ministerio Público.
El problema:
Doneira Ariza, una vecina que estaba en la protesta, no quería ninguna negociación, sino soluciones.
Aseguró que en las escaleras San Judas del sector La Esperanza hay 100 familias afectadas por las cloacas.
El sábado pasado colapsó el sistema y las calles se inundaron. En las fotos que llevaban algunos se veía una piscina de aguas negras frente a las casas.
Yeiderley Gutiérrez, otra vecina, expresó que hay personas con problemas digestivos e infecciones.
Luis Isaya, vocero y uno de los detenidos, dijo que el problema es viejo y le han llevado comunicaciones a la Alcaldía de Libertador, desde que Freddy Bernal estaba a cargo. “Nadie nos ha hecho caso. Eso cedió y ahora está tapado. Las aguas negras salen por las pocetas”.
Isaya añadió que sólo han recibido ayuda de los Bomberos Metropolitanos, que les prestaron una bomba de achique.
Los hombres se turnan durante el día para trabajar con la máquina y evitar que se repita la inundación del sábado. En la tarde, una vecina afirmó que prometieron la visita de las autoridades el martes que viene.
“¿Será que esperan que seamos los próximos damnificados?”, preguntó Isaya. Dijo que sabía el daño que ocasionan con la tranca, pero no veía otra alternativa: “Ya el Gobierno está acostumbrado a eso.
Si uno no protesta, no solucionan nada. Hacen inversiones en tanques y para arreglar Los Próceres, pero para esto no hay dinero”.
Negociación primero:
Mónica Fernández, abogada de la ONG Foro Penal, asegura que los policías deben seguir un protocolo al controlar una protesta.
Si los manifestantes están pacíficos, dice, los funcionarios policiales deben negociar primero y si eso no surte efectos, tratar de alejar a las personas sin hacerles daño. Poco a poco se puede incrementar el uso de la fuerza. “Estas situaciones son competencia de la Policía Nacional Bolivariana.
Hay que ver cada actuación en particular para determinar si hubo represión. No se puede criminalizar a todo el cuerpo”. Marino Alvarado, director de la ONG Provea, no quiso adelantar opiniones, pues vio pocas imágenes por televisión, aunque alertó del hecho en su cuenta de Twitter. “Es muy difícil partir sólo de esas tomas, pero me da la impresión de que no hubo uso desproporcionado de la fuerza. Aparentemente se cumplió parte del instructivo policial.
No se usaron bombas ni perdigones y tampoco vi que le dieran patadas a la gente”.
Por: ARIANA GUEVARA GÓMEZ
arguevara@el-nacional.com
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