La Fiscalía encontró otro caso de tortura
ocurrido en el Depto de Aprehensión
■ Hacinamiento disminuye pero continúan las detenciones.
■ Identifican otro caso de tortura en Cicpc antes de muertes en El Rosal.
■ Los fiscales que investigan los hechos en el Departamento de Aprehensión siguen interrogando a reclusos testigos.
■ Dos días antes de lo ocurrido en el Departamento de Aprehensión, el jefe de la dependencia había pedido al Circuito Judicial Penal que se abstuviera de emitir boletas de encarcelación para esa unidad.
■ Los fiscales del Ministerio Público que investigan las tres muertes en el Departamento de Aprehensión de la policía judicial han detectado, al menos, un caso previo de maltrato a las personas detenidas en esa misma instalación.
En este caso, el afectado fue un hombre de 25 años de edad, cuyo nombre queda en reserva para evitar represalias. Se trata de uno de los presos más antiguos del lugar. Su libertad se ha retardado porque no ha podido reunir la alta suma de dinero exigida como fianza.
Sus familiares relataron que el 22 de mayo el hombre se quejaba de la fetidez proveniente de la montaña de basura que había, desde varios días, en el interior de las celdas.
Los custodios le ordenaron al preso que él mismo debía sacar la basura. Como se negó, lo golpearon con un objeto contundente en la espalda y las nalgas. Con esto supuestamente pretendían infundir miedo en los otros reclusos.
Las lesiones le impidieron al sujeto sentarse durante tres días. El caso fue informado por la propia víctima a una funcionaria del Ministerio Público.
El mal olor, acrecentado por el hacinamiento y temperaturas que llegaban a los 40 grados centígrados, fue la razón por la que Pedro Rivero reclamó cuatro días después. La reacción de los funcionarios de guardia fue la misma, sólo que con Rivero las graves lesiones ocasionaron su muerte, el 26 de mayo.
Nuevos presos:
Los familiares que visitaron ayer a los detenidos indicaron que el hacinamiento bajó notablemente en los espacios de la instalación. No obstante, en el lugar todavía permanecen 120 personas. Cada celda alberga, en promedio, a 25 reclusos, tres veces más de la capacidad para las que fueron diseñadas.
El desalojo se ha dificultado pues aún reciben presos de otros cuerpos de seguridad, que no habían sido trasladados a ese lugar debido al escándalo por las tres muertes. Ayer, por ejemplo, agentes de Policaracas llevaron en la mañana a un detenido que estuvo 16 días en la sede de ese cuerpo de seguridad, en la Cota 905.
Fuentes de Aprehensión indicaron que un tercio de la población reclusa está formada por personas que esperan reunir el dinero de sus fianzas.
En ese caso, los jueces deben reconocer, antes de otorgar cualquier medida cautelar, que los detenidos son personas en “extrema pobreza”, incapaces de cancelar el dinero requerido.
El abogado Omar Díaz explicó, además, que de ahora en adelante se exige que todas las personas sean examinadas por un médico forense antes de ser recluidas en esa instalación.
Cambios:
En el Departamento de Aprehensión se iniciaron reformas internas para disminuir el hacinamiento.
Dos obreros trabajan en una habitación que era usada por los funcionarios de custodia.
Allí harán un consultorio en el que estará permanentemente un empleado de la Medicatura Forense. Luego se analizará la posibilidad de ampliar la celda 5, para lo cual arrimarán más la pared que da hacia la autopista Francisco Fajardo.
En el área conocida como El Fogón abrieron dos respiraderos para mejorar el paso de aire y repararon las tuberías.
Circuito penal fue notificado del hacinamiento:
Dos días antes de que en el Departamento de Aprehensión del Cicpc murieran William Pérez Tovar, Pedro Cipriano Rivero y Rubén Arnal, el jefe de la dependencia, Rafael Caicedo, envió un oficio a Zinny Briceño, presidenta del Circuito Judicial Penal del área metropolitana de Caracas, para pedirle que gestionara ante los tribunales que se abstuvieran de emitir boletas de encarcelación para el Retén de La Planta a los detenidos que estaban en esa unidad.
Caicedo explicó que en ese centro de reclusión no estaban recibiendo presos a consecuencia de la situación de hacinamiento que confrontan. Allí hay un total de 2.200 reclusos y fue construido para albergar a 350 personas. El 3 de diciembre de 2009, con oficio No 6097943, el entonces encargado de Aprehensión del Cicpc, Zahir Rivero, envió un oficio similar a Veneci Blanco, presidenta en ese momento del Circuito Judicial de Caracas.
En la comunicación Rivero planteó la situación de hacinamiento que presentaba la citada dependencia y le recordó a la funcionaria que la estructura de Aprehensión no tiene las características de un retén, y, por lo tanto, no podían ofrecer un trato digno a los presos.
La situación generaba el incumplimiento de la ley y los tratados tnternacionales suscritos por el país en materia de derechos humanos. La última inspección practicada en esa dependencia del Cicpc por el fiscal 80º de derechos fundamentales, Robert Ochoa, fue el 25 de mayo, un día antes de la muerte de Pérez, Rivero y Arnal. El 26 de mayo, luego de conocerse el fallecimiento de dos de los detenidos y luego del tercero en la noche en el hospital al que fue trasladado, Caicedo remitió un oficio al director nacional de Servicios Penitenciarios del Ministerio de Relaciones Interiores, en el que menciona los nombres de 39 detenidos que están en esa dependencia, y le pide que le reasignen otra cárcel, porque en La Planta no estaban recibiendo presos.
Por: JAVIER IGNACIO MAYORCA
jmayorca@el-nacional.com
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