Consejo General de Policía hizo un diagnóstico
y elaboró un manual para salas de retención
■ Calabozos de las policías carecen de baños, agua y luz
■ El mayor hacinamiento está en el Cicpc de El Rosal y en la PN de Boleíta, adscritos al Min-Justicia
El hijo de Yamilet Torrealba está detenido desde el 13 de mayo en el retén de la antigua Zona 7 de la Policía Metropolitana en Boleíta, que ahora pertenece a la Policía Nacional.
Fue apresado en Gato Negro.
Hace 15 días, un juez de control decidió que el joven fuese enviado al Centro de Reeducación y Trabajo Artesanal de El Paraíso, hasta que se llevara a cabo el juicio oral.
“El jueves lo llevaron nuevamente, y no lo aceptaron. Menos mal porque en la noche hubo seis heridos por un motín en ese retén. Creo que mejor está aquí”, afirmó.
En la instalación de Boleíta hay actualmente más de 170 detenidos, distribuidos en 9 celdas, así como en áreas comunes. Hay un local para mujeres y un espacio especial para 42 funcionarios policiales, incursos en distintas averiguaciones penales. Según testimonios, en cada una de las celdas restantes hay más de 20 detenidos, cuando debería haber máximo 8.
Las moscas están por doquier y la fetidez que sale de allí llega hasta la calle. Un funcionario de la PM asignado a la custodia de los reclusos explicó que no pueden tener agua permanentemente, pues la bomba que surte todo el edificio se dañaría. Por lo tanto, la activan por intervalos de media hora.
El hacinamiento en ese retén supera 200%. Al igual que en el Departamento de Aprehensión de Cicpc-El Rosal, aquí la mayoría espera por un espacio en las cárceles del Distrito Capital o del Estado Miranda.
Los dos establecimiento, que tienen el mayor hacinamiento, están bajo la responsabilidad del despacho que dirige Tareck el Aissami, organismo que paradójicamente adelanta una reforma policial y que ha diseñado manuales con las características que deben tener los retenes o salas de retención, como se les denomina en la nueva estructura.
Espacios dignos:
En mayo de 2010 el Consejo General de Policía, órgano adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores, emitió una norma sobre condiciones mínimas de las instalaciones policiales en el país.
Allí se hace además un diagnóstico en el que señalan, basados en un arqueo efectuado en ocho regiones del país, que las instalaciones policiales no cuentan con entradas diferenciadas claramente para presos y el resto de las personas. La mayoría no cuenta con agua (ni siquiera para los funcionarios) ni servicio eléctrico.
El manual denominado Estancias Esenciales. Practiguía sobre Instalaciones Policiales, indica que en el nuevo modelo, las salas de retención deben estar sólo en centros de coordinación policial y no en estaciones policiales (módulos actuales).
Como principio general, deben tener por lo menos agua corriente, luz (natural y por electricidad), baños y duchas, así como ventilación natural.
Los sanitarios deben ser dispuestos en forma diferenciada para mujeres y hombres.
Todos los reclusos deberían contar como mínimo con espacios individualizados para su descanso.
En los retenes de Boleíta y de El Rosal, los reclusos duermen en el suelo y si los familiares no les llevan la comida, no comen.
Sobrepoblación:
Cada cuerpo de seguridad que opera en los cinco municipios de Caracas, así como la Policía Nacional, Cicpc y el Sebin, posee retenes o salas de retención, como se les denomina actualmente en los manuales del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia.
Entre las policías municipales, la mayor cantidad de detenidos está en Baruta.
El consultor jurídico de ese organismo, José Gregorio Castañeda, informó que de las 17 personas que tenían en custodia en la sede de Piedra Azul para el viernes seis fueron devueltas de las cárceles o esperan el documento llamado Asignación de Cupo.
Explicó que ese formato lo emite el MIJ para indicar el momento en que un procesado puede ser llevado a la cárcel escogida por el juez de control.
La tramitación de ese documento tarda un promedio de tres días.
El problema pareciera no tener una solución inmediata.
La sobrepoblación en La Planta, El Rodeo, Los Teques y Yare es tal que muchos detenidos se ven obligados a permanecer en el retén durante meses.
La situación angustia a Humberto Martínez. Su hermano tiene apenas tres días en la Zona 7, y ya lo han herido dos veces con arma blanca. El jueves debieron llevarlo a Yare, pero la orden no fue ejecutada debido a problemas en la cárcel.
Espera que el traslado se concrete la semana entrante.
“Esto es lo normal, no sólo aquí sino en todas las cárceles.
Los procesados no quieren admitir a más personas”, dijo.
Supervisión:
Luego de la muerte de tres personas recluidas en el Departamento de Aprehensión del Cicpc en El Rosal, la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público acentuó la frecuencia de sus inspecciones en los retenes policiales de Caracas.
El inspector jefe Cristian González, a cargo de Control de Aprehendidos en la Policía del Municipio Sucre, informó que una comisión de la Fiscalía los visitó el jueves.
Ese día cinco personas fueron enviadas a La Planta y otras siete salieron en libertad.
El viernes, quedaban en las celdas de esa policía 16 personas. Una de ellas tiene dos meses esperando un cupo para la cárcel de Yare.
Al igual que en Baruta, en Sucre no reciben a detenidos de otros cuerpos policiales. Tienen capacidad instalada para recibir a 40 detenidos en 5 celdas.
En otras oportunidades, en el retén de Polisucre ha tenido hacinamiento. Por eso, para González lo más importante es presentar a los detenidos cuanto antes, y trasladarlos a la cárcel que determine el juez de control.
“Nosotros sólo podemos enviar detenidos al Departamento de Aprehensión de Cicpc cuando se trata de solicitados por tribunales del interior del país. Cuando son tribunales de Caracas los ponemos a la orden directamente”, explicó.
Hasta ahora, cada policía establece las condiciones de régimen interno para los detenidos bajo su custodia. El Ministerio de Interior no ha fijado una norma al respecto. En Cicpc-El Rosal, por ejemplo, hay visitas los miércoles y el fin de semana. En Polisucre las visitas son los fines de semana, aunque los abogados cuentan con autorización para ver a sus detenidos en las tardes de todos los días. Los horarios para dejar los alimentos son más largos en las policías municipales que en la científica.
Proponen comisión:
La ex directora de Prisiones del Ministerio de Relaciones Interiores Mónica Fernández propuso al Ejecutivo la convocatoria para crear una comisión que evalúe la situación de emergencia planteada en los retenes policiales y en las cárceles.
La abogada indicó que en ese grupo deben participar representantes de los cinco poderes e igualmente miembros de las organizaciones no gubernamentales que trabajan la materia penitenciaria.
Ese grupo contribuirá a fijar compromisos de todos los poderes en lo inmediato, pero también en el mediano y largo plazos.
Igualmente, sugirió que el Ejecutivo determine cuál es realmente su línea en materia de política criminal: si tiene la línea represiva reflejada en los madrugonazos al hampa o si es la línea del proyecto de Código Orgánico Penitenciario, que reafirma la idea de tener la menor cantidad de conductas punibles y del proceso penal en libertad.
Dijo que en lo inmediato es necesario atacar la sobrepoblación en los retenes y cárceles del Distrito Capital, mediante el otorgamiento de beneficios a quienes lo merezcan y el traslado de los condenados a penitenciarías.
En Valencia, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, afirmó que otra medida podría ser la reapertura del retén de El Junquito.
Prado considera que el hacinamiento hace ingobernables las cárceles y los retenes. Por lo tanto, cree necesario tomar medidas inmediatas.
“Lo que pasó en Cicpc-El Rosal lo denunciamos desde hace más de dos años. Ahora parece que se acordaron de que había algo irregular”, señaló.
Por: JAVIER IGNACIO MAYORCA
jmayorca@el-nacional.com
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