Cobros en el Cicpc

Dentro de la investigación sobre el escándalo de las presuntas torturas y demás violaciones a los derechos humanos en los sitios de reclusión del Cicpc, vale la pena incluir el cobro sistemático de “vacunas”, tanto las exigidas a los detenidos como a sus familiares. Esta práctica constituye una verdadera plaga que se ha extendido a escala nacional, sin que hasta ahora se le haya podido combatir con cierto éxito.

Se trata de un delito muy difícil de probar porque se establece entre el detenido y el funcionario sin que medien testigos. La suma debe entregarse en efectivo para evitar que la transacción pueda ser rastreada por alguna autoridad. Las tarifas, de acuerdo con lo revelado por las víctimas, van desde 5.000 bolívares por una visita de cinco minutos de duración hasta 10.000 bolívares por hacerle llegar ropa, medicina o alimento al detenido.

Los periodistas de sucesos reciben a menudo denuncias de este tipo pero no pueden procesarlas porque carecen de pruebas concretas y sería una irresponsabilidad publicarlas sin un basamento adecuado. Hay que tomar en cuenta que no todo el Cicpc como institución está corrompido y que hay funcionarios de todos los niveles que luchan por adecentar este cuerpo de investigaciones al cual le han entregado sus mejores esfuerzos.

De allí que este escándalo de los torturados haya permitido que las quejas por el cobro de ciertos funcionarios a los detenidos haya saltado a la palestra y se conozca públicamente la gravedad del asunto, algo que debe ser combatido hasta sus últimas consecuencias.

Ahora que la Fiscalía General ha tomado el problema en sus manos y ha abierto de urgencia una investigación, resulta más que conveniente que los sectores honestos del Cicpc, que sabemos que existen, colaboren con el Ministerio Público para que se desmonte esta red delictual que está acabando con la ya menguada reputación de este cuerpo policial, con décadas de éxitos en su lucha contra el crimen.

A nadie le conviene que el Cicpc caiga en una desmoralización generalizada por culpa de una mafia interna que contraviene los principios básicos de esa institución. Pero tampoco se puede permitir que el ciudadano de a pie siga viendo a la policía judicial como una nueva policía metropolitana a la cual la gente teme llamar ante un peligro, y que cuando se los encuentra tiene que echar mano a la cartera, pero no para mostrar la cédula sino para pagar la vacuna.

Una investigación tan necesaria como la emprendida por la Fiscalía debe trascender los gravísimos hechos que la han convocado y abocarse, sin dudas ni titubeos, a comprobar si es cierto que esta red de cobros ha extendido sus prácticas de extorsión al sembrado de drogas y de armas con los seriales limados a ciudadanos detenidos en los operativos recientes. La Fiscal General tiene una oportunidad de oro para hacer un trabajo de gran impacto ciudadano.

Por: Redacción
03 de junio, 2011
Política | Opinión
EL NACIONAL