Más de 50 organismos de seguridad
están denunciados por abuso de poder

En el caso del video en que se observa a funcionarios de Polichacao golpeando a detenidos en los calabozos de ese organismo, las instituciones del Estado venezolano respondieron rápidamente. En menos de una semana 11 policías fueron suspendidos y posteriormente imputados por lesiones.

La reacción no ha sido igual con el asesinato de tres hombres detenidos en la División de Aprehensión del Cicpc la semana pasada. Las víctimas fueron torturadas y golpeadas, presuntamente por funcionarios de este cuerpo policial a los que “se les pasó la mano”, según se comenta en los pasillos de la institución.

Tampoco el Estado ha actuado con contundencia en los casos de más de 50 cuerpos de seguridad que también han sido denunciados por la misma causa: violación de derechos humanos.

En los últimos tres años, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz ha registrado un total de 191 denuncias de abusos cometidos por funcionarios policiales y militares.

Entre los organismos más denunciados están el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con 55 casos; Policía Metropolita, con 19; Policía de Paz Castillo ( Valles del Tuy), con 18; Policía del Estado Lara, con 14; Policía de Tomás Lander (Valles del Tuy), con 12, y Guardia Nacional y Policaracas, con 11 casos cada una.

La lista incluye un total de 28 cuerpos de seguridad. La mayoría de los registrados por la Red de Apoyo también están señalados en el último informe de Provea como instituciones en las que existen funcionarios involucrados en irregularidades.

A pesar de esto, se desconoce si en esos organismos de seguridad se está ejecutando una investigación o se implementó la asistencia técnica por denuncias de abusos policiales, como se hizo con Polichacao.

El único cuerpo intervenido por el despacho de Relaciones Interiores en los últimos tres años es Polilara, luego de las masacres de Chabasquén y Sanare, ocurridas en 2008.

Se trata de casos de violación del derecho a la vida: ejecuciones, uso indiscriminado o excesivo de la fuerza, tortura o tratos crueles; además de violación de la libertad personal, la seguridad personal (amenazas) y la inviolabilidad del hogar.

Discrecionalidad ministerial:

El martes 3 de mayo fue presentado en la Asamblea Nacional un video como prueba de las agresiones cometidas por un grupo de funcionarios de la Policía de Chacao contra varias personas detenidas en el área de calabozos del cuerpo policial.

En menos de una semana se solicitó el video a la AN, se consignó el material audiovisual ante el Ministerio Público, el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia ordenó en Gaceta Oficial una medida de asistencia técnica para la investigación, además se llevó a cabo la primera visita de la comisión al cuerpo policial y se suspendió a 22 funcionarios involucrados en el caso.

La semana siguiente, el ministro Tareck el Aissami dio a conocer la destitución de 10 funcionarios de Polichacao por habérseles comprobado violación de derechos humanos, días después fueron citados como imputados y el martes 24 de mayo se formalizó la imputación de 9 funcionarios y 2 ex agentes por lesiones.

Sin embargo, en el caso de los tres fallecidos en los calabozos de la División de Aprehensión del Cicpc la única sanción que se conocía hasta ayer fue el traslado del jefe de esa dependencia, comisario Rafael Caicedo, a los Valles del Tuy, y de otro grupo de funcionarios a las delegaciones del interior del país.

No ha habido destituciones, suspensiones y mucho menos imputaciones. El ministro El Aissami ha guardado silencio sobre lo ocurrido, pese a que el Cicpc está adscrito a su despacho. Tampoco se conoce la versión del comisario Wilmer Flores Trosel, director de la policía científica.

Las estadísticas de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y Cofavic ubican a la policía judicial a la cabeza de los organismos de seguridad con más denuncias por violaciones de derechos humanos. En los últimos tres años acumulan 55 reportes de casos conocidos.

El diciembre pasado, Provea solicitó la intervención de la policía científica fundamentada en esas estadísticas. A comienzos de este año, la Red de Apoyo cuestionó el operativo Madrugonazo.

Otra víctima de Poliaragua:
 
El 28 de mayo en la noche fue asesinado Juan José Barrios, de 28 años de edad, el séptimo miembro de esta familia que es presuntamente ajusticiado por agentes de la policía de Aragua en 13 años. El cuerpo de la víctima fue hallado por sus hermanos el domingo 29 de mayo en un charco, en las adyacencias del sector Las Casitas del pueblo de Guanayén, en Aragua. Barrios había acudido al ambulatorio para acompañar a su esposa, regresó a su casa y cuando fue a buscarla fue presuntamente interceptado por hombres vestidos de negro que le dispararon, el sábado a las 8:30 pm.

Sobre esta nueva víctima también había medidas de protección otorgadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde fue denunciado el caso de acoso que han sufrido desde 1998 cuando mataron a Benito Barrios, de 28 años de edad, en la jurisdicción de Barbacoa en el sur de la entidad, el cual ha sido denunciado en reiteradas oportunidades por la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del estado Aragua. En 2003 mataron a Narciso Barrios, de 22 años de edad, en circunstancias similares y, en este suceso, también fueron señalados supuestos funcionarios de Poliaragua como los responsables del crimen.

En agosto de 2004, la víctima fue Luis Barrios, de 24 años de edad, y en enero de 2005, Rigoberto Barrios, de 15 años de edad. Posteriormente las investigaciones determinaron que en todos estos crímenes estaban implicados agentes de la policía estadal de las comisarías de Guanayén y de Barbacoa; sin embargo, hasta los momentos no se conoce que dentro de ese cuerpo de seguridad se hayan impuesto sanciones contra los involucrados en las muertes de los miembros de la familia Barrios, a pesar de las medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por: RONNA RÍSQUEZ
ERICK S. MAYORA
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