Oficialistas ahora exigen títulos de
propiedad a dueños de viviendas

■ Amenazan a los arrendadores en zonas populares.

■ Frente contra Desalojos Arbitrario amenaza a arrendadores en zonas populares

■ En un documento, con copia a la Guardia Nacional y la Policía Nacional,se les exhorta a asistir a reuniones y presentar los papeles de titularidad.

■ Consejos comunales de Caracas entregaron a propietarios que alquilan habitaciones una misiva del Frente de Resistencia contra Desalojos Arbitrarios.

■ El Movimiento Defensa del Patrimonio Familiar denunció que grupos afectos al Gobierno realizan censos para ubicar inmuebles expropiables, como ocurrió en la urbanización Carlos Delgado Chalbaud de Coche.

■ Advierten que la no comparecencia será motivo de desacato de las normas de convivencia ciudadana. “Nos obligaron a bajar los precios, y como los inquilinos se sienten apoyados se niegan a pagar. Ese dinero es el único ingreso de mi familia”, afirmó uno de los afectados.

Los consejos comunales de las zonas populares de Caracas entregaron a los propietarios que alquilan habitaciones una comunicación del Frente de Resistencia contra los Desalojos Arbitrarios. En la misiva se les invita a asistir a reuniones y textualmente señala: “… Se agradece traer los documentos de titularidad del inmueble”.

Al pie de página ­con copia a la Guardia Nacional y a la Policía Nacional- está la nota: “La no comparecencia a la reunión será motivo de desacato a las normas de convivencia ciudadana”.

Ese tipo de acción ha perjudicado a los dueños de las pensiones. “Nos obligaron a bajar los precios y como los inquilinos se sienten apoyados se niegan a pagar. Ese dinero es el único ingreso de mi familia”, expresó uno de los propietarios que pidió no mencionar su nombre porque están amenazados.

Otro afectado refirió: “Antes, los alquilados cancelaban puntualmente. Ahora se niegan a pagar pese a que en esa reunión me ordenaron bajar el precio de 524 a 312 bolívares mensuales. Si reclamo me dicen que irán al Frente”.

En los barrios, los dueños prefieren no identificarse para evitar represalias de los consejos comunales, vigilantes del cumplimiento de la Ley que Prohíbe los Desalojos. También temen la reacción violenta de los inquilinos, como ocurrió en el barrio Santa Cruz del Este, de Baruta.

Los propietarios acudieron al Movimiento de Defensa del Patrimonio Familiar para organizarse y buscar soluciones pacíficas y apegadas a la ley. Entre ellos está José Abad, pensionado del Seguro Social que complementa su ingreso con el alquiler de la casa de dos plantas que heredó de su mamá, ubicada en El Observatorio del 23 de Enero.

“Los inquilinos no me pagan 100 bolívares mensuales por vivir en un piso con 2 y 3 habitaciones, baño y cocina”, señaló Abad.

Los dueños de los antiguos y pequeños edificios de Alta Vista, en Catia, no hayan la manera para que los arrendatarios le paguen los alquileres regulados hace años entre 18 y 90 bolívares mensuales.

“Tuve que mudarme a uno de los apartamentos para evitar la invasión de las nietas de una inquilina que murió.

Salieron de allí porque la policía las detuvo por cobrar la pensión de su abuela fallecida”, relató Lía Boll, propietaria con otros familiares del edificio Esperanza.

El dirigente vecinal Ángel Cacique indicó que algunos propietarios de Alta Vista ofrecieron a los arrendatarios la posibilidad de adquirir el inmueble. “Con esa opción a compra se sienten dueños del apartamento”.

Buscando viviendas. No sólo la presentación de los títulos de propiedad preocupa a los habitantes de las zonas populares. Pablo Herrera Mendoza y Gretzky González, integrantes del Movimiento de Defensa del Patrimonio Familiar, denunciaron que grupos oficialistas hacen censos para ubicar viviendas expropiables.

Mendoza y González, también asesores de la Asociación de Propiedad Horizontal y dueños de viviendas, contaron que en la urbanización Carlos Delgado Chalbaud de Coche, La Pastora, Antímano y en El Junquito se presentan encuestadores a nombre de la Presidencia de la República con preguntas como: ¿Vive usted solo? ¿Tiene alquilada parte de la casa? “Las comunidades no les abren las puertas y esa desconfianza definitivamente incidirá en el próximo censo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística”, dijo González.

Transacción:

El Gobierno sigue siendo el propietario. Los adquirentes de parcelas en las zonas populares no tienen la propiedad del inmueble, pues el Estado se reserva ese derecho como se registra en los documentos de compraventa a entes gubernamentales como el Instituto Nacional de la Vivienda.

El texto de la transacción refiere que la junta liquidadora del Inavi “se reserva el derecho de preferencia para readquirir el inmueble objeto de esta venta dentro de los veinticinco años siguientes a partir de la presente operación de compraventa”.

Agrega que durante ese cuarto de siglo el registrador subalterno deberá abstenerse de protocolizar documento alguno de venta sobre ese inmueble sin autorización del Inavi.

Los adquirientes del terreno se comprometen también a “ceder a los organismos centralizados y descentralizados las áreas requeridas para las obras de urbanismo necesarias para servicios de infraestructura y equipamientos comunales de ámbito primario para la habilitación y mejoramiento de su hábitat: y todas aquellas familias deberán ser reubicadas dentro del mismo sector”.

En el documento también se lee que el organismo actúa conforme al decreto presidencial 1666 del 4 de febrero de 2002 publicado en la Gaceta Oficial 37378, ahora Ley Especial de Regulación Integral de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Populares Urbanos del 20 de junio de 2006 y publicada en la Gaceta Oficial 38480 del 17 de julio de 2006.

Por: ANA DÍAZ
anadiaz@el-nacional.com
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