Ley Antimonopolio limita las
ganancias empresariales

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, avanza sin descanso en su intención de imponer, gradualmente, una economía socialista en el marco de su particular Revolución Bolivariana. Con tal objetivo, pretende impulsar la aprobación de una ley que, bajo la excusa de combatir el monopolio, otorgará al Estado amplios poderes para multar, cerrar y nacionalizar empresas, así como para mantener bajo estricto control importantes sectores productivos de la economía venezolana.

La Asamblea Nacional (AN), en manos del partido de Chávez, prevé retomar este año la tramitación parlamentaria de un proyecto denominado Ley Antimonopolio, Antioligopolio y Competencia Desleal. Esta propuesta fue redactada inicialmente en 2006, pero su aprobación definitiva se quedó a medio camino debido a las fuertes críticas que levantó entonces entre los empresarios y a que su discusión coincidió con un año electoral en el que el mandatario aspiraba a la reelección. Con este proyecto, el Gobierno chavista pretende derogar la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, vigente desde 1992.

La Comisión de Finanzas de la AN será la encargada de elaborar dicha reforma en base a la propuesta redactada en 2006. Esta norma tiene por objeto mantener bajo estricto control estatal la actividad que desarrollan grandes empresas en distintos sectores económicos, tales como la agroindustria, el comercio, los medicamentos y la banca, entre otros. En caso de aprobarse, Chávez podrá imponer duras sanciones e, incluso, cerrar y expropiar sociedades de forma arbitraria. Y es que, el proyecto incluye amplios y ambiguos conceptos para poder acusar a las empresas de “monopolio”, “oligopolio”, “usura”, “competencia desleal”, “posición dominante” o “concentración económica”.

En este sentido, una de las principales víctimas serían las cadenas de comida rápida extranjera, como McDonald´s, Wendy’s o Burger King. Ya en 2008, Chávez clausuró durante 48 horas todos los restaurantes de McDonald’s a nivel nacional por supuestas irregularidades fiscales. El Estado podría cerrar este tipo de franquicias bajo el pretexto del “monopolio”, ya que poseen numerosas sucursales por todo el país.

Pero la norma, en realidad, va mucho más allá. El proyecto tiene una redacción lo suficientemente ambigua “como para que el Gobierno pueda poner en la picota al sector de franquicias, cadenas de tiendas y supermercados”, según el presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado. No obstante, Chávez culpó a la “especulación” y “acaparación” que practican estas compañías de la elevada inflación (27% en 2010) y desabastecimiento que sufre el país. Esta norma le ofrecería, pues, una herramienta idónea para expropiarlas, pasando así a formar parte de su propia red estatal de distribución de alimentos.

Inflación y desabastecimiento:

“No podemos permitir que esas cadenas, por ninguna razón, se presten para especular, acaparar y violar los precios regulados”, advirtió Chávez. El presidente amenazó directamente con expropiar las cadenas de supermercados para aumentar “las redes socialistas de distribución, que garantizan alimentos buenos, de calidad y a precios justos”.

Eso no es todo. Chávez gozaría, además, de nuevos poderes para restringir el tamaño de las compañías, impedir fusiones y adquisiciones e, incluso, limitar los beneficios. Es decir, si bien seguiría permitiendo la empresa privada, ésta se vería muy limitada por el Estado en su margen de acción y ganancias.

Jesús Farías, vicepresidente de la Comisión de Finanzas y uno de los principales impulsores de la reforma, aclaró recientemente algunas de las claves de dicho proyecto. En primer lugar, destacó que la Ley Antimonopolio está muy relacionada con la nueva Ley de Costos y Precios que está elaborando el Gobierno. Ambos proyectos se idean para tratar de frenar la elevada inflación de Venezuela. Así, Farías indica que hay que “evitar los monopolios porque ellos son los responsables de la inflación”.

Por otro lado, según este diputado, “limitan el crecimiento de la economía, debido a que el poder es ejercido por pocos. Existen monopolios privados que son la respuesta del desarrollo capitalista”. Por ello, el Gobierno de Chávez pretende imponer “limitaciones” a los beneficios empresariales: “En el monopolio las ganancias son exorbitantes, y ello estará prohibido”, añadió.

Por último, “los monopolios son una figura profundamente antidemocrática. Es la antítesis del principio esencial de la democracia que son la participación y el protagonismo popular, manteniendo una enorme concentración de poder en manos de una elite”, destacó. Lo curioso, aquí, sin embargo, es que el Gobierno chavista excluye por completo al Estado de este tipo de prácticas: “En el Estado eso es diferente […] En el sistema estatal no hay ganancias. El monopolio garantiza ganancias y cuando el Estado está al frente de un sector no se privilegian las ganancias”, explicó Frías.

El proyecto de reforma establece lo siguiente en su artículo 5:

Sujetos de Aplicación:

Son sujetos de aplicación de esta Ley los agentes económicos, sean personas naturales o jurídicas, de carácter privado, nacionales o extranjeras, con o sin fines de lucro, que realicen actividades económicas en el territorio nacional o agrupen a quienes las realicen, o cuya actividad económica o relación comercial tenga efectos dentro del territorio nacional.

Quedan excluidas expresamente de esta ley, las empresas públicas y cualquier otra persona jurídica pública que realice actividades económicas en el territorio nacional.

Así pues, con estas dos reformas (Antimonopolio y Precios), Chávez pretende lograr varios objetivos de cara a las elecciones de 2012: culpar al sector privado de la inflación y el desabastecimiento; y expropiar activos para impulsar su red de alimentos y satisfacer la demanda de vivienda pública -Chávez está empleando algunos centros comerciales expropiados como albergue-.

Por: M. Llamas