Más de mil familias se encuentran en
riesgo de inundación al sur de Maracay
Maracay.- En constante zozobra se encuentran habitantes de los urbanismos La Punta y Mata Redonda, al sur de Maracay, por el alto nivel de agua que registra el lago de Valencia. Solo un muro de contención los separa y protege, pero este ha sido cuestionado por los afectados quienes aseguran que el terraplén ya cumplió su tiempo útil.
Maritza González, afectada y dirigente vecinal, expresó su preocupación por la situación dado que el reservorio está a punto de rebasar el muro, además de las filtraciones que éste presenta y el socavamiento de sus bases lo cual ha avanzado rápidamente debido al fuerte oleaje que en ocasiones se registra en la zona.
Señaló que, de acuerdo con un medidor instalado en el muro, actualmente el lago alcanza la cota 411, 27 metros sobre el nivel del mar, siendo su altura máxima 412 metros.
Por el momento, autoridades gubernamentales preparan un plan integral de evacuación que será aplicado en caso de que se registre alguna emergencia. Esta situación mantiene en vilo a los afectados, pues hasta ahora solo tienen conocimiento de que la cota para una posible evacuación sería de 411, 90, según trascendió.
Los afectados destacaron que la mayoría de los vecinos han decidido quedarse en los urbanismos por no tener un lugar seguro donde ir. Comentaron que están preparados para subir a los techos de sus casas en caso de registrarse una inundación y no poder salir a tiempo.
Asimismo, aprovecharon la oportunidad para rechazar las recientes declaraciones emitidas por representantes del Ministerio del Ambiente, de elevar el muro de contención otros dos metros. Al respecto, sostuvieron que esto es una “medida desesperada” que en realidad no soluciona completamente la situación de riesgo permanente.
“Las autoridades se contradicen cuando aseguran que el muro no va a colapsar, pero lo están reforzando”, criticaron.
Al terraplén se le hace un trabajo de enrocado, que consiste en la colocación de rocas en la parte interna del muro, que asemeja a un rompeolas, para evitar su socavamiento. Unas 25 personas de la Gobernación realizan labores. Se cree que en dos semanas esté culminado.
En las urbanizaciones habitan mil 43 familias, que representan unas 3 mil personas, quienes en el año 2005 fueron favorecidas con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, el cual ordenó el desalojo, previa indemnización. Sin embargo, esta medida no la cumplió el MinAmbiente.
ERIKA GUILLÉN | EL UNIVERSAL
domingo 29 de mayo de 2011
