“El Estado nunca negoció los
terrenos, los expropió sin pagar”
■ Lote expropiado en Carrizal es parte de su pulmón vegetal.
■ Vicepresidencia dio permiso para tomar terreno de Corpoelec.
■ Asociación de propietarios califica la medida de confiscación.
■ Carrizal colapsará si construyen en cuatro hectáreas expropiadas.
■ La mayor cantidad de expropiaciones anunciadas ayer están en El Recreo.
■ Los decretos publicados en Gaceta Oficial ordenan que 44 edificaciones, distribuidas en 12 parroquias caraqueñas, se destinen a viviendas.
■ Al menos 60 empleos están en peligro con la expropiación del estacionamiento del restaurante español ubicado en la Solano, cruce con avenida Santos Erminy, efectuada ayer por milicianos.
“El pueblo te lo va a cobrar. Tu hiciste un juramento ante la patria para defender a los ciudadanos, no para dejarlos en la calle usando armas y aplicando la fuerza. Vayan a expropiar a Barinas”, gritaba Wilma Gutiérrez, vecina de Sabana Grande, a miembros de la milicia bolivariana que se apropiaron “irregularmente” del estacionamiento del restaurante La Huerta para ejecutar la Misión Vivienda.
Los terrenos del expendio de comida española, propiedad de los hermanos Gumersindo y Reinaldo Romano, forman parte de las 44 nuevas expropiaciones que realizó la Presidencia de la República en el municipio Libertador (Gaceta Oficial 39.682). Otras 34 expropiaciones de galpones, estacionamientos y áreas verdes ha ejecutado el Estado este año en Libertador donde no se levanta una casa.
Temen más invasiones:
Egidio Romano, encargado de La Huerta (Av. Santos Ermini), afirma que cerraron la avenida Francisco Solano López porque con la expropiación del estacionamiento se verán afectados 60 trabajadores, tres de ellos damnificados que viven en hoteles tomados en Libertador (2010) y aún no reciben casas.
“La milicia llegó el jueves a la 1 pm y se apoderó del estacionamiento (400 Mt2), propiedad privada que compramos en 2004. El Estado nunca negoció los terrenos, los expropió sin pagar. Les ofrecimos colaborar con materiales para los damnificados y se negaron”, dice.
Carmen Moreno, madre soltera y trabajadora de La Huerta, relata que con las lluvias de 2010 perdió su casa en La Pedrera (Antímano). Desde hace cinco meses mantiene a sus cinco hijos con lo que gana en el restaurante. “Me quedaré sin trabajo si el Estado impide laborar en La Huerta. Hoy vivo en un hotel en la avenida Baralt y hasta ahora no hay viviendas”.
Mientras que en el hotel Luna de la calle San Antonio con Casanova (El Recreo), el alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, mandó a paralizar las obras de un edificio anexo de 11 pisos que construían sus dueños con permisos legales, afirma Luis López, administrador.
“Desde diciembre 2010 hay 38 habitaciones con damnificados y Rodríguez no cubre los gastos. Nunca dejamos de construir el anexo y la Alcaldía igual mandó a parar las obras en marzo para apoderarse del edificio y expropiarlo”, agrega.
Mientras, en Colinas de Vista Alegre (calle G) el Ejecutivo expropió terrenos de Fogade (12.015 Mt2) donde el ex alcalde Mayor Juan Barreto ofreció viviendas en 2005 que no se hicieron. Hoy los espacios están a cargo de Vicente Tomeo de TDP Construcciones. En marzo miembros de la vicepresidencia visitaron el lugar, pero aún no se desalojan vehículos viejos para hacer casas, afirma Blanca Reverón, vecina.
El número de inmuebles expropiados en Caracas en 2011 ascendió ayer a 133, luego de la publicación de los decretos 8248 y 8249, que circularon en la Gaceta Oficial 39682. Un total de 44 edificios, quintas y hoteles figuran en la lista de las propiedades que el Estado destinará a viviendas.
Según el decreto, en las obras que se ejecutarán en esos edificios participarán el Movimiento de Ocupantes de Edificios Organizados de Venezuela y “otras organizaciones sociales de defensa y procura de viviendas para las familias venezolanas”.
La parroquia El Recreo concentra la mayor cantidad de expropiaciones anunciadas ayer. Allí, 16 propiedades resultaron afectadas. El decreto indica, también, que el Gobierno dispondrá de 7 inmuebles en la parroquia Altagracia; 5 en Catedral; 4 en Santa Teresa; 3 en San Bernardino; 2 en Candelaria; 2 en San José, y de otros 5 distribuidos en las parroquias San Juan, Sucre, Santa Rosalía, El Paraíso y Chacao.
El decreto fue recibido con asombro por los habitantes del edificio Manfredir, ubicado en la esquina de Glorieta. Allí hay una torre de oficinas que estuvo desocupada por dos años, donde antiguamente funcionaban oficinas del Ministerio de Desarrollo Urbano. “No entendemos por qué el Gobierno se expropia a sí mismo”, señaló un vecino del lugar, que prefirió no identificarse.
Hace seis meses, con la emergencia por lluvias, el Ejecutivo comenzó a adecuar, para alojar a damnificados, la torre de 19 pisos donde por muchos años estuvieron esas oficinas gubernamentales. Ese inmueble forma parte de un conjunto residencial integrado por dos edificios de apartamentos.
Como la resolución gubernamental no especifica si la expropiación es solamente de la torre de oficinas, los propietarios de las áreas residenciales temen que ahora se produzcan invasiones de apartamentos a la fuerza. También les preocupa el destino de los locales comerciales ubicados en la planta baja del inmueble.
Protestaron en La Huerta:
“Benefician a 40 familias y 60 quedamos en la calle”
Un grupo de trabajadores, proveedores y clientes del restaurante La Huerta en Sabana Grande cerraron la avenida Francisco Solano para protestar por la toma del estacionamiento del local.
Lorenzo, uno de los empleados, indicó que la ocupación fue realizada el jueves por una milicia comandada por un capitán del Ejército.
Los tomistas no mostraron ningún documento, se limitaron a expresar que realizaban una expropiación “por órdenes de arriba”.
Durante el día jueves lograron negociar para mantener el estacionamiento operativo, pero ayer no los dejaron. “Hoy no quieren dejarnos trabajar, no quieren abrirnos el estacionamiento, por lo que la clientela no puede asistir al lugar”.
“No hacen nada con expropiarnos un estacionamiento para beneficiar a 40 familias y aquí somos 60 familias que quedaríamos en la calle”, indicó. Explicó que los propietarios enviarán un escrito a la Fiscalía General de la República para denunciar los hechos.
Negociaciones paralizadas:
Una de las consecuencias de la medida es que se paralizarán todas las negociaciones que involucran los lugares expropiados, sean remodelaciones, alquileres o ventas. El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta Martínez, aseguró que el Gobierno inició un plan de confiscación masiva que deja en un limbo jurídico a los propietarios.
“La gente no puede hacer nada, en especial donde funcionan comercios o habitan familias que compraron legalmente el bien, porque allí todo se paraliza. Esto ha estado ocurriendo y los dueños de inmuebles quedan en un limbo, porque no pueden vender, alquilar y no saben si deben abandonar su casa o sitio de trabajo”.
Ve con preocupación que desde el año pasado toman los terrenos sin prever un presupuesto para pagar los inmuebles. “Por eso hablamos de confiscaciones. Lo que sucede es que anuncian la expropiación, toman los terrenos, en algunos casos los militarizan, y el Estado no paga. Los propietarios quedan en una situación indefinida”, destacó.
Para el presidente de Apiur las continúas expropiaciones han generado anarquía. “Los inquilinos no pagan, la gente toma a la fuerza inmuebles y el derecho a la propiedad privada no se respeta”. Además, señaló que el Gobierno no ha iniciado la construcción de viviendas. “Todos los terrenos afectados en Caracas siguen desocupados”.
Lote expropiado en Carrizal:
Temen que añadir viviendas al sector colapse el municipio altomirandino.
El decreto de expropiación de un lote de terreno calculado en cuatro hectáreas del sector Lomas de Paramacay, ubicado en Carrizal fue muy mal acogido por los miembros de la Asociación Ecologista Verde.
Dicha agrupación exige un estudio ambiental, ya que los terrenos en cuestión colindan con un parque natural y siempre fueron vistos como reserva natural y espacio para actividades recreativas y deportivas en el municipio Carrizal.
“Vamos entregar la solicitud al Inavi porque la idea es que no se afecten los pulmones vegetales de Carrizal y de Altos Mirandinos, que ya está golpeada por la gran cantidad de urbanismos no planificados que se han asentado aquí”, expuso Jaime González, vocero de la Asociación Ecologista Verde.
Aunque se intentó consultar al alcalde José Luis Rodríguez sobre la medida de expropiación, el mandatario se excusó argumentando falta de tiempo por encontrarse atendiendo a otras comunidades.
Sin embargo, las direcciones de Ingeniería Municipal y Ambiente del Ayuntamiento ya habían fijado posición previamente, indicando que antes que nada es necesario dotar los nuevos urbanismos de suficientes servicios públicos para evitar un mayor colapso, sobre todo en las vías de acceso al municipio.
Además, aunque el Gobierno publicó el decreto de expropiación en la Gaceta Oficial de hace tres días (del miércoles 25 de mayo de 2011), argumentando que allí van a construir el “Desarrollo Habitacional Lomas de Paramacay”, lo cierto es que no han elaborado proyecto alguno de lo que van a ejecutar ni saben cuántas soluciones habitacionales serán ni la capacidad física del terreno que mide 4,8 hectáreas.
El lote fue visitado por el ministro de Vivienda, Ricardo Molina, la semana pasada y la ocasión sirvió para proponer a ese espacio para la Misión Vivienda. Es por eso que Freddy Cacique, habitante de Loma Gorda y aspirante a una vivienda en el desarrollo que figura en la Gaceta, señaló que “ahora vamos a presentar nuestras ideas en la comisión de trabajo de ese despacho, encargado de asumir el proyecto para un colectivo de 14 consejos comunales”.
Por: JORGE HERNÁNDEZ
YELITZA IZALLA YÁNEZ
MARIELBA NÚÑEZ
EL NACIONAL | EL UNIVERSAL
sábado 28 de mayo de 2011 12:00
