Cartuchos de Cavim
fuera de “control”
■ Las armas de fuego se emplearon para cometer 8 de cada 10 homicidios.
■ Cavim fue el fabricante de casi 80% de los cartuchos incautados por el Cicpc.
La proliferación del uso de municiones fabricadas por Cavim en hechos delictivos ha reabierto el debate sobre la necesidad de imponer controles a la empresa manejada por la FAN. La propuesta del marcaje de los cartuchos gana consenso como mecanismo para ayudar a prevenir el desvío del material hacia mafias y delincuentes.
Sexo masculino, piel morena, contextura delgada, cabello corto, cara redonda, estatura de 1,70 metros. Con esa ascéptica enumeración de atributos, los policías describieron el cadáver de Winder Aponte Sánchez, de 22 años de edad. Los funcionarios del Cicpc lo hallaron en la dirección que indicaron telefónicamente sus colegas de la Policía de Guárico: callejón El Mamón, avenida Fermín Toro, San Juan de los Morros. El asesinado era vecino de la zona y su hermana dio la primera versión de lo ocurrido: Javier, Júnior y Juancito, tres jóvenes del sector, aparecieron de improviso y dispararon sin dirigirle la palabra a la víctima, una en la lista de 130.000 que aproximadamente fallecieron por homicidios en Venezuela entre 1999 y 2010, de acuerdo con datos oficiales.
A los asesinos no les preocupó derrochar un recurso que inunda el mercado negro: municiones. Alrededor del cadáver había 20 conchas percutidas: 14 de cartuchos calibre 9 milímetros y 6 más de .380.
Una bala, que no alcanzó a ser disparada, fue hallada como una rareza en medio del asfalto por los funcionarios policiales. Las restantes hicieron blanco en la cabeza y el torso de Aponte Sánchez. El relato de su muerte, ocurrida el 21 de julio del año pasado, bien podría ser la de cualquier otro joven asesinado en un barrio venezolano. Hay un detalle que, sin embargo, no debería perderse de vista en su historia: todas las municiones utilizadas por sus victimarios, según las actas del caso, tenían la inscripción de la Compañía Anónima Venezolana de la Industria Militar, el único fabricante autorizado del material en el país.
El caso de Aponte Sánchez tampoco es excepcional desde ese punto de vista. Municiones producidas por esa empresa, manejada por la Fuerza Armada Nacional, han sido vinculadas con otros hechos delictivos. El debate sobre la necesidad de controles que prevengan su desvío hacia agrupaciones criminales y mafias lo reabrió un vocero gubernamental: Luis Fernández, director de la Policía Nacional. En una comparecencia ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional en abril, el comisario reveló un dato que, a pesar de su calibre, pasó casi inadvertido en la cobertura noticiosa. Cavim fue el fabricante de casi 80% de los más de 1.800 cartuchos incautados por la institución entre 2010 y el primer trimestre de 2011 en lo que ha sido hasta ahora su jurisdicción: la parroquia Sucre de Caracas. Un patrón se identificó a partir de la estadística: si bien la mayoría de las armas relacionadas con los crímenes procedían del exterior, gran parte de los proyectiles que las nutrían llevaban un sello que en otro contexto daría orgullo leer: “Hecho en Venezuela”. 
Misión rastreo:
La implicación del estudio quedó clara para los parlamentarios. Basado en las cifras, el comisario propuso incluir en el nuevo proyecto de ley de control de armas y municiones una obligación para la compañía militar: marcar las vainas y proyectiles de cada cartucho con códigos alfanuméricos que permitan su identificación y rastreo. Los seriales serían registrados en un observatorio balístico, manejado por la Fiscalía, cuya base de datos haría posible establecer un vínculo entre las piezas producidas por Cavim y el usuario que originalmente las recibió. “Esto contribuiría a saber en qué parte de la cadena pasan al mercado ilegal. Podrías identificar inmediatamente a quién se le asignó una munición específica si encuentras un casquillo en la escena de un homicidio, por ejemplo”, indica Fernández.
Un filtro adicional es recomendado por el comisario: diferenciar los colores de los cartuchos que se destinan a militares, policías y ciudadanos. La fábrica ya produce municiones en tonos bronce, dorado y plateado: “Así puedes saber si un civil o un funcionario tiene consigo una munición que no le corresponde”.
Un sistema de esas características hubiera contribuido a investigar quién les dio las balas a los asesinos de Winder Aponte Sánchez o a los delincuentes de la parroquia Sucre, donde se cometieron 59 de los 2.286 homicidios perpetrados en la zona metropolitana de Caracas, una de las capitales más violentas del mundo. Hoy la pesquisa se dificulta porque los cartuchos de Cavim tienen impresos dos datos en su parte posterior o culote: el calibre y el nombre de la empresa.
La propuesta de un marcaje más completo no es original de Fernández. Organizaciones de derechos humanos la han promovido en la última década. “La industria militar debe comprometerse con las responsabilidades que tiene con la seguridad ciudadana”, dice César Marín, uno de los defensores de la idea y activista de Amnistía Internacional y de la Red de Acción Internacional por el Control de las Armas Pequeñas y Ligeras (Iansa, por sus siglas en inglés).
Los datos respaldan la urgencia: armas de fuego se emplearon para cometer 8 de cada 10 homicidios, según la encuesta de victimización que publicó el año pasado el Instituto Nacional de Estadística. El Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia calculó en 2010 una tasa nacional de 48 víctimas de ese delito por cada 100.000 habitantes. El índice, a pesar de ser considerado más que conservador por los expertos, coloca a Venezuela entre las naciones con peores índices de seguridad en América Latina.
Marín afirma que vecinos de la región ya tienen ventaja. No hay que ir muy lejos. Las Industrias Militares de Colombia producen cartuchos con una codificación láser que garantiza, según la empresa, 98% de precisión cuando se requiere el rastreo. “Es obvio que una medida como esa tendría un efecto preventivo”, asegura el activista.
Cicpc: Banda “Los Plateados” subió a la red video de asesinato
Oferta:
Una grabación de minuto y medio circuló en Internet hace 2 semanas. El encuadre sólo muestra las manos de un tirador, armado con una pistola calibre 9 milímetros, que dispara contra el cadáver de un joven. Al delincuente le sobra tiempo para descargar y recargar la cacerina. Se cuentan 21 tiros, pero la víctima recibió 30, según el Cicpc. La versión policial indica que Erick Pimentel, de 18 años de edad, fue asesinado el 17 de abril por una banda de la Cota 905 en Caracas.
Caminaba a su casa cuando atravesó el barrio San Miguel, un área donde el grupo había impuesto una línea fronteriza.
Lo ultimaron porque la cruzó.
Al video difundido le colocaron el título “Rematado” y un fondo musical con el rap “No se equivoquen” del grupo La Comarka. Los investigadores afirmaron que 13 personas fueron detenidas por sus vínculos con el caso.
El uso intensivo de municiones se ha convertido en un patrón que caracteriza la violencia letal. El Instituto de Investigaciones para la Convivencia y Seguridad Ciudadana divulgó el mes pasado un estudio en el cual calculó que se hicieron 5 disparos o más en 63% de los homicidios cometido en el área metropolitana de Caracas en 2010. La investigación se basó fundamentalmente en fuentes hemerográficas. “Esto no sólo revela que hay saña, sino una oferta que hace muy accesible los cartuchos a los delincuentes”, dice Pedro Rangel Rojas, director de la organización.
El mercado negro se alimenta con fuentes de diversas procedencias. Los delincuentes se apertrechan de manera directa cuando roban o secuestran a ciudadanos que poseen armas y municiones. Hay policías y militares, con acceso a parques de armas y salas de evidencia, que han sido acusados judicialmente por desviar materiales hacia grupos criminales. Las autoridades han descubierto también fábricas artesanales en las que se recargan masivamente cartuchos. A mafias, con conexiones internacionales, también se les atribuye la introducción de parte de los inventarios que terminan en poder del hampa.
A pesar de ese cuadro, hay jefes policiales que coinciden en que las municiones de Cavim proliferan en las calles: “Los funcionarios las decomisan constantemente. Es lógico porque también son las más vendidas en el mercado legal”, dice Manuel Furelos, director de la Policía de Sucre.
Comisarios del Cicpc, que hablaron con la condición del anonimato, afirman que la institución no tiene una estadística consolidada que clasifique las balas incautadas según el fabricante y el país de origen.
El registro, de hecho, tampoco se lleva en la mayoría de los cuerpos de seguridad. A pesar de ello, los funcionarios admiten que los resultados de la investigación de la Policía Nacional apuntan en la dirección correcta y reflejan lo que pasa más allá de la jurisdicción en la que actúa ese cuerpo de seguridad.
Cara y cruz:
La idea de marcar las municiones de Cavim tiene partidarios en otras fuerzas del orden. Elisio Guzmán, director de la Policía de Miranda, es uno de ellos. “Percibo que comenzamos a entrar en razón sobre la necesidad de que se haga”, expresa el funcionario.
“Se puede buscar una fórmula como la de imprimir el número de lote y el año de fabricación en los cartuchos, sería una solución”.
El ambiente político, hasta ahora, ha reaccionado favorablemente a la propuesta presentada por Fernández. Los parlamentarios pro gubernamentales y los opositores la acogieron de manera unánime. “La incorporamos como un insumo importante”, indica Juan Carlos Caldera, diputado de Primero Justicia. La Comisión de Política Interior trabaja junto con la de Defensa en la redacción de otro proyecto para sustituir la legislación sobre armamento, vigente desde 1939, y la Ley Desarme de 2002. Las condiciones para el debate cambiaron después de las elecciones para la Asamblea Nacional en septiembre pasado. La mayoría pro gubernamental, a la que se le agotaba el período, fue acusada de intentar aprobar una ley sin suficiente debate con el único propósito de neutralizar el efecto electoral de un tema de alta sensibilidad en la opinión pública y que los opositores estaban capitalizando.
El apoyo del sector militar es considerado clave. Cavim debería adaptar sus líneas de producción para ejecutar el marcaje. Si bien Fernández imagina una codificación troquelada, casos como el colombiano confirman la utilidad de la tecnología láser. La inversión necesaria para un proyecto de esas características es incierta y fuentes castrenses indican que podría elevar los costos de fabricación del material. La empresa además no atraviesa su mejor momento financiero después de la explosión de los depósitos de Maracay en febrero pasado. El director de la Policía Nacional da por descontado el respaldo: “No creo que haya alguna institución que se niegue a un proyecto tan importante”.
El material producido en en el país no debe ser el único sometido a la regulación: “Las autoridades deben asegurarse de que se marquen los cartuchos importados apenas entren en el país”, dice Marín.
Se intentó tramitar una entrevista con voceros de Cavim, pero no hubo respuesta a la solicitud. Los representantes de la compañía y de la Dirección de Armamentos y Explosivos de la FAN ya han sido invitados a acudir a la Asamblea Nacional para discutir sobre el control de armas y municiones.
Hay quienes advierten que codificar los cartuchos no debería considerarse una panacea que terminará con el mercado ilegal. “Las mafias buscarán la manera de no perder el negocio. Podrían recurrir a otro tipo de balas o alterar los seriales de las que circulen aquí, quién sabe”, dice un comisario del Cicpc. Luis Cedeño, director de la asociación civil Paz Activa, añade que hay un factor clave que va más allá de las regulaciones: la voluntad. Afirma que el Estado está obligado a demostrar un compromiso más claro para retirar de las calles las piezas ilegales. “Hoy las fuerzas de seguridad están plenamente facultadas para hacerlo. Se requeriría un esfuerzo inmenso de retirar miles y milesde armas cada semana para incidir en la tasa de homicidio”. Un general retirado asegura que igualmente se requiere combatir la corrupción dentro de los organismos de seguridad: “Muchas veces es la causa de que haya regulaciones que no se llevan a la práctica”.
Quienes apoyan el marcaje, sin embargo, se aferran a la convicción de que la circulación de balas de procedencia desconocida se logrará limitar con la aplicación de la estrategia propuesta. O, al menos, piensan que podrían prevenirse los casos en los que la muerte llega bajo la forma de una munición que tiene estampada las siglas Cavim.
Por: DAVID GONZÁLEZ
DGONZALEZ@EL-NACIONAL.COM
Judicial | Política
EL NACIONAL
Tweets about “INSEGURIDAD “
