El narcotraficante fue asistido por
 el defensor público Jesús Gutiérrez

■ Domingo Arteaga fue juez rector de Falcón hasta la semana pasada.

■ Desde ayer tiene menor jerarquía, pero en sus manos está el expediente más controversial.

El proceso penal contra Walid Makled comenzó con un hecho insólito: el Tribunal Supremo de Justicia designó al juez rector del estado Falcón, Domingo Arteaga Pérez, como juez primero de control de Caracas para que lleve las riendas del caso. En la práctica, y contra la lógica de la carrera judicial, un juez superior fue degradado a juez de primera instancia.

Pocas horas después de que Makled fue extraditado desde Colombia, el viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Néstor Reverol, informó que la jueza del caso era María del Pilar Puerta, que estaba encargada del Tribunal Primero de Control después de la renuncia de Ivelise Acosta.

Se supone que la designación de Arteaga Pérez se realizó a última hora, sin las formalidades correspondientes, entre ellas la publicación en Gaceta Oficial.

Las últimas designaciones de jueces reportadas por el TSJ se hicieron el 8 de abril. Además, en el portal del máximo tribunal se precisa que apenas el 4 de mayo pasado Arteaga Pérez firmó una sentencia como presidente de la Corte de Apelaciones del estado Falcón.

La inesperada designación de Arteaga Sánchez pudiera ser alegada como una violación del derecho al debido proceso.

El numeral cuarto del artículo 49 de la Constitución establece que ninguna persona “podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas a tal efecto”.

A la orden:

El TSJ puede quitar o poner jueces con absoluta discrecionalidad, pues la mayoría de los administradores de justicia venezolanos desempeña los cargos con carácter provisorio; es decir, no gozan de estabilidad laboral, lo cual debilita su independencia. Es el caso de Domingo Arteaga Pérez, cuya trayectoria en la judicatura está resumida en la web del TSJ: formó parte de la Sala 3 de la Corte de Apelaciones de Zulia desde el 16 de julio de 2008 hasta el 6 de mayo de 2010, cuando fue transferido a la Corte de Apelaciones de Falcón.

El hecho de que Arteaga Pérez haya sido juez rector de Falcón y, por tanto, máxima autoridad del Poder Judicial en ese estado, indica que es un hombre de confianza de las autoridades del TSJ y que estaría dispuesto a cumplir fielmente sus instrucciones. Junto con la presidenta Luisa Estella Morales, el año pasado emprendió una razzia en los tribunales falconianos: 12 jueces y 22 empleados fueron removidos.

Aunque parezca un detalle menor, cabe preguntarse: ¿la lealtad incluye aceptar que le rebajen el sueldo o seguirá cobrando como juez superior? Con defensor público. Makled llegó al Palacio de Justicia a las 9:45 am desde el Sebin, en Plaza Venezuela. A esa hora la sede de los tribunales penales estaba tomada por la Guardia Nacional y el acceso fue limitado sólo a los abogados. Cientos de usuarios protestaron “por los privilegios” concedidos al supuesto narcotraficante.

La audiencia de presentación comenzó después del mediodía, cuando se juramentó el abogado de Makled: al defensor público Jesús Gutiérrez, que por lo general se ocupa de asistir a quienes no pueden costear una defensa privada, le correspondió litigar a favor del que hasta hace pocos años figuraba como un acaudalado y próspero empresario.

La defensa pública causó sorpresa, pues Miguel Ángel Ramírez, que asistió a Makled en Colombia, dijo que abogados venezolanos del mismo bufete internacional continuarían encargados del caso.

Hoy prosigue la audiencia:

Se supone que el equipo de fiscales, encabezado por José Luis Sapiaín, imputará a Makled los delitos por los cuales fue extraditado: sicariato, tráfico de drogas, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

A las 8:00 pm, se informó que la audiencia de presentación continuará hoy hasta que se formalice la imputación, se decrete la detención judicial preventiva y se decida el lugar de reclusión.

Investigación:

El coordinador general del Movimiento Laborista, Pablo Medina, exigió que los 40 militares y funcionarios civiles del gobierno de Hugo Chávez señalados por el presunto narcotraficante Walid Makled se separen de sus cargos para despejar el camino de la investigación que hará la justicia venezolana.

Medina dijo que espera que se cumpla la promesa oficial sobre el caso del empresario extraditado al país hace dos días desde Colombia. Recordó las afirmaciones del viceministro del interior, Néstor Reverol Torres, quien dijo identificarán los nexos de la red de trafico de drogas, “caiga y quien caiga”.

Asimismo, el dirigente denunció la existencia en Venezuela de un cartel del Estado, similar a los carteles privados de la droga en Colombia, el cual facilitó la comisión de delitos por parte de Makled. Añadió que no se explica la impunidad en las acciones descubiertas por el propio empresario de origen sirio. Medina se refirió a las facilidades concedidas al investigado por parte de Pequiven, mandos militares y magistrados del TSJ, como la acreditación firmada por Eladio Aponte Aponte, entre otros.

Regresó por los hermanos:

Walid Makled decidió finalizar su permanencia en Colombia para afrontar en Venezuela el proceso penal e intentar cuando antes la liberación de sus tres hermanos detenidos.

Grabó una entrevista con su abogado Miguel Ángel Ramírez tres días antes de ser extraditado a Venezuela.

El sonido fue divulgado en Internet.

Afirmó que el proceso penal contra sus hermanos estaba paralizado, como una medida para presionarlo.

“Mucha gente dirá cómo Makled va a donde sus verdugos. No están enterados de que tengo tres hermanos secuestrados, y tengo que ir por ellos. No es justo que el Gobierno se haya ensañado con una familia”, dijo.

Afirmó que la acción de los militares que finalizó con el decomiso de 392 kilos de cocaína en la finca El Rosario, en noviembre de 2008, le fue advertida por una fiscal de Carabobo. Entonces, decidió irse del país y poner a sus hijos a resguardo.

“Me acusaron de narcotráfico después que fueron mis amigos. Donaron dinero conmigo”, expresó.

Afirmó que pagó 2,5 millones de bolívares a un grupo de militares por el secuestro de su hermano Andrés Makled, en junio de 2010.

Dos años antes tuvo que pagar 4.000.000 de bolívares por la liberación de su papá, Najen Makled. En esa oportunidad los captores eran guerrilleros.

El empresario fue capturado en Cúcuta en agosto de 2010. Dijo que estaba en esa ciudad, pues necesitaba comunicarse con su familia.

Aclaró que todas las evidencias de su relación con personajes del Ejecutivo están a buen resguardo.

“En la política de repente hablan mal. ¿Pero que metan droga? Eso no se hace.

Si sigo adelante, saco a este Gobierno. Si yo soy culpable, todos ellos lo van a ser”, añadió.

Negó su participación en el tráfico de drogas, así como las imputaciones por la autoría intelectual del asesinato del periodista Orel Zambrano.

“La droga es de ellos. Los muertos, de ellos”, dijo.

Por: EDGAR LÓPEZ
elopez@el-nacional.com
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