Evalúan acciones legales porque
tienen un patrón de las dictaduras
■ Se usa dinero público para amedrentar, dijo la directora de Control Ciudadano.
■ Nelson Bocaranda cree que quieren acallar a los que hablan sobre Makled.
Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, denunciará ante la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos y ante el Comité de Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que fue declarada objetivo militar por la Fuerza Armada Nacional.
Los nombres de San Miguel, de los periodistas Nelson Bocaranda, Marianella Salazar y Patricia Poleo aparecieron en un artículo de la revista Ámbito Cívico Militar en el que se les acusa de formar parte de un plan desestabilizador. La publicación es un órgano de difusión de la institución castrense que circula en los kioscos de Fuerte Tiuna.
En el texto señaló San Miguel- desarrollan la tesis de que el grupo de comunicadores y ella conspiran para derrocar al gobierno de Hugo Chávez y atentar contra las FAN, delitos penados con una sentencia de entre 25 y 30 años de prisión.
“En Venezuela estamos acostumbrados a que estas imputaciones las hagan voceros oficiales, pero es grave que ahora las hagan los órganos militares.
Lo más preocupante es lo que representa que una publicación del Comando Estratégico Operacional haya incluido este informe de inteligencia”.
Indicó que evalúa con sus abogados las acciones legales que emprenderá. “La defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, debería actuar de oficio frente a la situación. Se está usando un patrón que han transitado las dictaduras suramericanas: el seguimiento y la definición de enemigos internos como periodistas y defensores de derechos humanos”, advirtió.
Dijo que Amnistía Internacional y otras 15 organizaciones de derechos humanos del continente le solicitaron copias de la publicación oficial, con el fin de lanzar una alerta regional.
“Al difundirse este informe queda de manifiesto que se utilizan recursos humanos y económicos del Comando Estratégíco Operacional para seguir a periodistas y defensores.
Que la inteligencia militar esté tras sus pasos los convierte en objetivo militar, no sólo propagandístico”, agregó.
Periodistas en la mira:
Bocaranda precisó que el artículo con el informe de inteligencia circuló en la edición de diciembre-enero de la revista castrense. Espera tener en las manos la publicación editada por el Comando Estrátegico dirigido por el general Henry Rangel Silva para definir con sus abogados las acciones por seguir. “Creo que tratan de amedrentar a los que hemos hablado del caso Makled (sobre el presunto narcotraficante Walid Makled, a punto de ser extraditado desde Colombia).
Los que hemos hablado sobre él somos los objetivos, es muy específico”, expresó.
Marianella Salazar, en declaraciones al diario El Nuevo País , dijo que se enteró de la denuncia que hizo San Miguel el jueves a través de Twitter. “La denuncia está muy reciente y no he podido obtener la revista para conocer con claridad lo que dice”, añadió. Por eso, prefirió esperar para fijar su posición al respecto y reunirse con sus representantes legales.
En su columna difundida ayer en el mismo diario, Patricia Poleo rechazó la publicación del informe. “Acusarnos de ser un cuerpo de `desestabilización’ dirigido desde el `imperio’ es una torpeza de Rangel Silva, que revela la situación precaria del régimen y sus propias aspiraciones dentro de él”, opinó.
Se mostró preocupada por las agresiones a las que se podría ver expuesto el grupo señalado, y apuntó que deben garantizarles los derechos humanos. “Declarar enemigo a un nacional, como es el caso de los cuatro venezolanos que hemos sido calificados de objetivos militares, es prácticamente aplicarle un exilio forzoso”, consideró.
Por: ADRIANA RIVERA
DERECHOS | POLITÍCA
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