Rechazan decretos leyes

■ Expropiación de inmuebles generó confusión y rechazo.

■ En un país que viola la propiedad, luego hace desaparecer la libertad de pensar, decir y elegir.

■ Gerardo Poveda, del Movimiento de Defensa del Patrimonio Familiar, afirmó que se sienten amenazados por las expropiaciones.

A pocas horas de que el presidente Hugo Chávez anunciara, el pasado jueves 5 de mayo en cadena nacional, el decreto de expropiación de 30 edificios, al parecer abandonados, y de 6 terrenos localizados en el Área Metropolitana de Caracas y sus adyacencias, se produjeron reacciones de simpatizantes y detractores. En medio de la confusión, algunos salieron a las calles a protestar y otros, a tomar inmuebles.

El Movimiento de Pobladores ocupó las instalaciones del edificio Atlántida, en Plaza Venezuela, donde funciona actualmente una empresa, y al parecer está incluido en la lista de inmuebles expropiados.

Ayer en la mañana, un grupo de vecinos de la parroquia Candelaria protestó frente al edificio Universitario, uno de los inmuebles afectados por el decreto. Los residentes, que afirmaron que se enteraron de que la edificación había sido confiscada porque vieron la foto en televisión, dijeron estar en franco desacuerdo con la medida de expropiación.

“Este es un edificio en el que se adelanta un proyecto habitacional. 12 apartamentos, que tienen propietarios, están siendo construidos. Algunos de los dueños, por miedo a las invasiones, habitan en el lugar. Por tanto, pedimos al Gobierno que rectifique y que respete la Constitución y la propiedad privada. Exigimos que se aplique el verdadero poder popular”, dijo el coordinador de la Asamblea de Ciudadanos de Candelaria, Carlos Julio Rojas.

El Decreto 8199, publicado en Gaceta Oficial 39667 que circuló ayer, explica los detalles de los proyectos habitacionales que, aparentemente, serán ejecutados en los 66.654,64 metros cuadrados de terreno que en total fueron expropiados. Los 6 complejos urbanísticos que llevarán por nombre Comunidad Socialista Francisco de Miranda, Nueva Comunidad Socialista Toromaina, Nueva Comunidad Socialista Jóvenes En-Evolución, Mi Nueva Venezuela, Nueva Comunidad Galpón de la Alegría y Nueva Comunidad Socialista Mujeres Vencedoras serán construidos por movimientos populares organizados y beneficiarán a 1.148 familias.

En cuanto al resto de los bienes expropiados, hay gran incertidumbre. Aún no son del dominio público los nombres y la localización exacta de los 30 edificios que fueron confiscados por el Estado, pues la publicación oficial no ofrece información. Sin embargo, sí es del dominio público que las propiedades están ubicadas en los sectores Sabana Grande, Candelaria, Santa Teresa, San Bernardino y en la esquina de Padre Sierra.

Crean condominios:

Las continuas medidas oficiales contra la propiedad privada llevaron a los dueños de inmuebles en las zonas populares a conformar condominios para proteger sus bienes, afirmó Gerardo Alí Poveda, coordinador del Movimiento de Defensa del Patrimonio Familiar.

Señaló que la experiencia ya empezó en El Valle, Antímano, Catia, San José, San Agustín, Alta Vista, Petare, Baruta y Prados del Este, en el Distrito Capital. Esperan que la iniciativa se extienda al resto del país.

Poveda indicó que los dueños de las viviendas y los aspirante a adquirir un inmueble se sienten amenazados por las expropiaciones del Gobierno y su modelo de propiedad colectiva que impide a las personas la libre disponibilidad del inmueble.

“En la colectivización de la propiedad, el Estado adjudica las viviendas y terrenos sin título de propiedad, lo cual impide la venta, alquiler y herencia del inmueble”, expresó el dirigente social.

El movimiento, creado en noviembre de 2010 y que cuenta con un centenar de organizaciones y sectores afiliados, adelanta también acciones con los comerciantes de los mercados municipales y a cielo abierto, especialmente en Libertador donde la alcaldía impone los productos que deben vender.

Poveda denunció que a los vendedores de los mercados a cielo abierto se les redujo los días de venta, lo cual representa una caída de cinco veces del ingreso familiar.

Defensores en acción:

Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, advirtió que los instrumentos legales anunciados el jueves por el presidente Hugo Chávez para prohibir los desalojos y dignificar a los conserjes son una nueva forma de confiscar la propiedad.

Aunque desconoce las disposiciones específicas, porque todavía las leyes no han sido publicadas en Gaceta Oficial, aseguró que las acciones recientes del Gobierno permiten intuir lo que se busca.

En el caso de los desalojos -suspendidos desde enero por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia- la intención sería instaurar procesos administrativos engorrosos para minimizar las posibilidades de sacar a un inquilino.

En el caso de los conserjes, cuyas condiciones laborales están reguladas por la Ley Orgánica del Trabajo, Orta alertó que el objetivo sería eliminar la posibilidad de removerlos de sus cargos.

“Se pretende dar inamovilidad a conserjes e inquilinos.

Eso sería una confiscación de la propiedad, pues sería casi imposible recuperar las viviendas alquiladas y las conserjerías que son un área común de los condominios”, afirmó Orta.

Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, abogó porque los marcos legales sean equilibrados. “Velar por los derechos de una de las partes no tiene porqué implicar vulnerar los de la otra”, dijo.

También espera que la compra de edificios se realice en forma justa. “Es válido que la Red de Inquilinos asuma la negociación, pero: ¿cuáles serán los parámetros?, ¿cómo se definirá el precio?, ¿habrá pago oportuno?”, dijo Martini.

Poveda alerta:

Poveda alerta que un país que viola la propiedad, luego hace desaparecer la libertad de pensar, decir y elegir.
Las leyes que “limitan” el derecho a la propiedad, así como el retraso en la cancelación de prestaciones sociales a trabajadores, la nacionalización de industrias básicas, “confiscación” de tierras y empresas, amenazan el patrimonio de las familias venezolanas, advierte Gerardo Alí Poveda, coordinador del Movimiento para la Defensa del Patrimonio Familiar (Modepaf).

El abogado laboralista, integrante de la directiva del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), sostiene que no puede existir estabilidad en un país donde la ? gura de propiedad privada tiende a ser sustituida “por una mal concebida propiedad colectiva”.

Desde Barquisimeto, donde comienza a nacer un brazo del movimiento nacional, alertó que la vivienda, la empresa familiar, el capital y todo lo que implique patrimonio de una familia “no pueden ser bienes colectivos”.

Insiste en que la disminución del derecho sustancial a la propiedad está expresado en varios sectores. En lo laboral, cuando socios de empre-sas nacionalizadas se vieron obligados a entregar el 20% de sus acciones a los trabajadores. También en el sector público por la deuda de más de Bs.F. 15 millones por concepto de prestaciones sociales que mantiene el Estado.

Terminales y zona protectora:

El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, declaró en contra de la medida de expropiación promulgada por el Gobierno el jueves. Ocariz expresó su rechazo al mandato presidencial por cuanto uno de los bienes confiscados está ubicado en el sector Campo Rico, perteneciente a su jurisdicción. Allí estaba previsto construir, junto con la empresa privada, un terminal de pasajeros que, según dijo, ayudaría a disminuir el caos vehicular que presenta la avenida Francisco de Miranda a la altura de La California desde hace un tiempo, a causa de los más de 25.000 usuarios que utilizan el transporte público de las comunidades de Guarenas, Guatire y Caucagüita en ese sector.

El alcalde pidió al Gobierno que si, finalmente, decide ejecutar el proyecto de viviendas en Campo Rico, permita también que el terminal sea construido.

La máxima autoridad de Baruta, Gerardo Blyde, si bien no se opuso a la construcción de viviendas en el terreno que fue expropiado en ese municipio, expresó que por tratarse de una zona protectora del Área Metropolitana de Caracas, el Gobierno debe calcular una densidad poblacional de máximo 20 habitantes por hectárea.

Por: ANA DIAZ | ALEJANDRO HINDS
CONFISCACIÓN | EXPROPIACIONES
EL NACIONAL