Jacqueline Sandoval dijo que
buscan debilitar la protesta

■ La abogada Liliana Ortega pidió precisar si hubo tortura y castigar a los responsables de los hechos.

Las agresiones de que fueron objeto el dirigente Lorent Saleh y otros estudiantes el pasado lunes por parte de efectivos de la Policía de Barinas deben investigarse con amplitud y a corto plazo.

Esa es la exigencia que hace la abogada Liliana Ortega, fundadora del Comité de Familiares de Víctimas de la Violencia, que se creó por los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989, quien subrayó que la sociedad venezolana requiere respuestas de la acción.

Añadió que no ha habido una condena del ataque ni de las autoridades del estado llanero ni de ningún otro funcionario del Gobierno nacional.

Ortega acotó que la impunidad perjudica a toda la sociedad y no sólo a los afectados directamente. Agregó que para 2010 sólo 3,28% de los casos tramitados por el Ministerio Público fue presentado ante un juez.

Saleh y otros jóvenes fueron atacados con perdigones y golpeados en dos oportunidades en las últimas semanas: el 25 de abril y el pasado 2 de mayo, cuando reclamaban la liberación del general Delfín Gómez Parra frente al Circuito Penal de Barinas. El pasado lunes el joven fue detenido junto con su madre, Yamileth Saleh, y la estudiante Marielvic Olivares, y posteriormente le fue impuesto un régimen de presentación ante los tribunales.

Asimismo, Ortega dijo que es necesario precisar si se incurrió en delitos de lesa humanidad, además de determinar si hubo alguno de los elementos que establece la Convención Interamericana sobre tortura.

El texto, en su artículo 2, señala como tortura “todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin”. También integran esa categoría los métodos que buscan anular la personalidad de la victima o reducir su capacidad física o mental.

Criminalización:

La abogada Jacqueline Sandoval, coordinadora de la Fundación para el Debido Proceso, denunció que en el caso de las agresiones de las que ha sido víctima el dirigente estudiantil Lorent Saleh por parte de la Policía de Barinas se evidencia un proceso paulatino de criminalización de la protesta.

“En este caso es clara la violación de los derechos humanos y de las garantías constitucionales de los ciudadanos”, dijo Sandoval.

La jurista advirtió que el Gobierno busca disminuir la protesta mediante el amedrentamiento y acabar con la solidaridad para que los venezolanos no se unan a los diferentes sectores que hacen reclamos.

Subrayó que hay impunidad por parte de los agentes policiales porque saben que no serán castigados y recordó que los delitos de lesa humanidad no prescriben.

Contó que el miércoles, cuando fue a la Fiscalía Decimoctava con competencia en derechos humanos de Barinas para denunciar la agresión del pasado lunes, se encontró con que los fiscales del Ministerio Público no habían iniciado una investigación formal y sólo averiguaban el miércoles la acción de los estudiantes sin considerar la conducta policial.

Saleh fue imputado por el Tribunal de Control Primero del Circuito Penal de Barinas por los delitos de resistencia a la autoridad, lesiones de tipo básicas y ultraje violento contra funcionario público. El dirigente estudiantil no ha descartado mantenerse en desobediencia civil y desacatar la orden de presentación ante el juzgado.

Por: SOFÍA NEDERR
snederr@el-nacional.com
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