Las deudas se pagan con bienes
o con sangre en la región
■ El asesinato de ocho miembros de la familia Cambar puede generar más hechos de violencia.
Eran las 2:30 pm del sábado 23 de abril cuando un camión Chevrolet C30 azul, placas 277RAI, regresaba de Colombia con 14 miembros de la familia Cambar que iban a su residencia en Santa Cruz de Mara.
A 1.200 metros de la frontera, en Aipiapa, Arturo Cambar, chofer del vehículo, divisó lo que creyó era una alcabala de la Guardia Nacional y redujo la velocidad, pero el supuesto oficial de mayor rango era Ricardo Luis Palmar Estrada, alias “Moushana”, un presunto homicida que juró vengarse de los Cambar, luego de que uno de sus integrantes mató a 2 hombres de los Palmar.
Arturo Cambar aceleró para escapar, pero los casi 15 individuos que estaban en el sitio dispararon con sus FAL, pistolas calibre 9 mm y revólveres 357 contra el camión en el que iban niños, adolescentes, mujeres y ancianos.
En el lugar fallecieron Abraham Cambar, de 64 años de edad; Manuel Cambar, de 19; Guillermo Cambar, de 40; Alirio Cambar, de 35; Luis Rafael Semprum Cambar, de 15 años de edad; Freddy Cambar, de 9 y Yesire Cambar, de 6 años de edad. Marlene Cambar, de 5 años de edad, falleció el domingo, luego de que fracasara la intervención quirúrgica en la que le extraerían una bala que se había alojado en uno de sus ojos.
María Lucinda Cambar, de 43 años de edad; Ana Trinidad Cambar, de 40; Alexander Cambar, de 40, y Alexander José Cambar, de 21 años de edad, resultaron heridos y fueron trasladados al ambulatorio de Cojoro; posteriormente fueron remitidos al Hospital Universitario de Maracaibo. Arturo Cambar, chofer del camión, y otra integrante de esa familia resultaron ilesos.
A partir de ese momento, el terror se adueñó de la Guajira pues un hecho como éste tiene que pagarse según sus leyes. Explicó Gloria Jusayú, realizadora indígena, que una forma de saldar la ofensa sería con dinero, bienes, ganado y Tumas, que son unas piedras consideradas como joyas por la etnia. La otra es con sangre.
Para evitar un nuevo enfrentamiento es necesaria la intervención de un palabrero o Putchipúu.
“Que los Palmar hayan atentado contra niños, adolescentes y ancianos significa que han violado las leyes que rigen estos enfrentamientos; ahí hay una pérdida de la tradición y las culturas”, afirmó Jusayú.
Indicó que estos muertos no se deben llorar porque su fallecimiento fue violento. “Serán enterrados en una zona apartada del cementerio para recordar que hay que vengar su muerte”.
Los Cambar dijeron que dejarán todo en manos de la justicia venezolana, pero el comisario Heberto Alfonso, jefe de la División Nacional contra Homicidios del Cicpc, teme que por venganza exista un segundo enfrentamiento. Una reunión de la familia Palmar, como la celebración de un segundo entierro de los fallecidos como es su costumbre, sería un escenario perfecto para que los Cambar se cobraran el hecho de sangre.
Señalamiento:
Al día siguiente de la masacre, una gran cantidad de guajiros llegó en dos camiones a la morgue de Maracaibo. Las mujeres, vistiendo mantas negras, fueron las delegadas para esperar por los cadáveres para cargarlos.
Los familiares aprovecharon para entregar a los medios dos hojas manuscritas con los nombres de los presuntos asesinos de sus parientes: Ricardo Luis Palmar Estrada, alias “Moushana” (a quien sindicaron de tener dos cédulas); Alberto Estrada, alias “Combin”; Juliancito González, apodado “Kirrish”; Eudo González; Atilio Palmar, alias “Chuto”, y Vicente Sapuana. En el escrito estos hombres fueron calificados de “violentos, vacunadores y asesinos de inocentes en la vía”.
Carolina González, integrante de la familia Cambar, indicó que el problema empezó hace tres años cuando su tío, Hebert Cambar, fue asesinado por los Palmar al resistirse a un robo.
“Mi tío estaba armado y antes de morir se llevó a dos, y desde entonces juraron venganza.
Por eso se ensañaron en contra de mis familiares”, aseguró.
Las mujeres denunciaron que la presunta banda de cobravacunas, después de disparar, se llevó celulares, dinero y prendas de oro de las víctimas.
“Nuestras costumbres son claras y dejan fuera de las venganzas entre clanes a mujeres, niños y ancianos. El grupo de “Los Moushana” estaba robando porque a eso se dedican”, afirmaron.
En vilo:
Los cuerpos de seguridad se mantienen alerta de lo que pueda ocurrir en la Guajira. Una comisión de 30 funcionarios del Cicpc-Caracas, encabezada por Albis Pinto, subdirector nacional de ese organismo, y por Heberto Alfonso, jefe de la División Nacional contra Homicidios, viajó a Maracaibo para apoyar las investigaciones de las delegaciones regionales.
Hasta ahora han identificado a 10 implicados en la masacre y se estableció que los Palmar tienen residencias en Venezuela y Colombia, por lo que presumen que huyeron al vecino país. A objeto de capturar a los asesinos, el Cicpc contactó al DAS y a la Policía Colombiana.
La policía científica señaló que Ricardo Palmar, alias “Moshauna”, tiene antecedentes por homicidio en Paraguaipoa. Luis Ángel Palmar tiene dos solicitudes por homicidio intencional, al igual que Atilio Palmar imputado por un homicidio, y Richard José Palmar Nava fue procesado por lesiones en El Moján, municipio Mara. Hasta ahora han sido dictadas cuatro órdenes de aprehensión.
Yukpas al acecho:
El lunes 18 de abril, Gustavo Calles, un wayú de 32 años de edad, arrolló a una mujer de la etnia yukpa en Machiques, luego de que otro vehículo lo chocara y le hiciera perder el control.
Los enardecidos familiares de la occisa mataron a palazos, pedradas y golpes a Calles y después lo incendiaron dentro del camión 750 que conducía.
Por el hecho, los habitantes del poblado de Machiques han realizado marchas en las que solicitan la intervención del ministro de Interior y Justicia, Tareck el Aissami, pues afirman que los yukpas están haciendo lo que quieren y se amparan en su ley.
Un habitante de la localidad, que prefirió el anonimato, relató que indígenas de esta etnia arrollaron hace días a un oficial de la policía de ese municipio y luego fueron hasta la comandancia a reclamar una indemnización por los daños al camión.
Los pobladores piden que Tareck el Aissami actúe como palabrero en la situación.
Disputa de tres años:
El diputado a la Asamblea Nacional Arcadio José Montiel señaló que la matanza de ocho personas de una misma familia cerca de la población de Aipiapa el sábado 23 de abril, ocurrió por la falla de los mecanismos de mediación propios de la cultura guajira.
Indicó que esto ha generado mucha preocupación ante la posibilidad de que sucedan nuevos hechos de violencia.
Montiel, de origen guajiro, conversó con sobrevivientes de la familia Cambar pertenecientes al clan Pushaina.
Dijo que no ha podido hacer lo mismo con los miembros de la familia Palmar a la que pertenecen los agresores.
“Están muy herméticos”, afirmó.
Señaló que el enfrentamiento entre las dos familias data desde 2008, cuando hubo un tiroteo que arrojó tres muertos: dos de la familia Palmar y uno de los Cambar.
“Los que terminaron con dos muertos querían resarcir la diferencia, pero las venganzas nunca se cobraban contra niños ni personas mayores”, afirmó.
Tanto en aquella oportunidad como en la del sábado pasado, el detonante de las agresiones fue el intento de una de las partes de sobrepasar las “alcabalas” que montan las familias en la vialidad próxima a los sitios donde habitan.
“Hay zonas donde la gente acondiciona el camino y se siente con derecho a cobrar por eso. Si la gente es de afuera, cobran más. Eso ha sucedido ante la vista gorda de las autoridades”, afirmó.
El parlamentario indicó que la masacre acaeció en un lugar desértico, y que las únicas autoridades más cercanas están en 2 puestos militares a más de 30 kilómetros por carretera.
Por: JORGE KOUSSA GONZÁLEZ
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