“Falta de regulaciones…”

En estos tiempos, los controles, supervisiones y sanciones relacionados con el acceso a los bienes y servicios se han convertido en algo cotidiano, como se dice coloquialmente, son el pan nuestro de todos los días. No sólo en la práctica, sino también mediante cambios legislativos, hemos visto cómo los organismos públicos ejercen un seguimiento de la actividad que realizan los privados, comercio, banca, seguros, industrias, telecomunicaciones y, en fin, cualquier expresión dirigida por los particulares para proveer bienes y servicios ha estado bajo la lupa del Gobierno.

Sin embargo, de manera paralela a esta política sancionatoria, el Estado cada vez participa más en el mercado como competidor; se nos presenta como un Estado banquero, prestador único del servicio eléctrico; un Estado productor y vendedor de alimentos, vendedor de vehículos, vendedor y operador de teléfonos celulares; dueño de fábricas de cemento, cabillas; constructor y muchas cosas más. Dicho de otra forma, el Estado venezolano viene ocupando o desplazando aceleradamente los espacios propios del sector privado, con el agravante de que esos controles y sanciones para garantizar los derechos de los consumidores que aplica a los particulares no entran por casa cuando el proveedor es una empresa pública que no rinde cuenta alguna.

Así las cosas, lo que se viene produciendo es una posición de dominio gubernamental muy marcada y perjudicial, pues, ni los más elementales derechos de contraloría social, reclamo, responsabilidades e indemnizaciones están seguros.

Pruebas de ello son la condición actual de nuestro servicio eléctrico, el abastecimiento intermitente, o las miles de toneladas de alimentos dañados, todo lo cual ocurre en un marco de impunidad y simplismo, sin que los entes que supervisan a los particulares hagan lo propio en defensa de los usuarios y consumidores.

Esta práctica desigual es tan evidente que de manera incomprensible se proyecta que la ley antimonopolio, que actualmente se discute, exceptúe al Estado de tal prohibición y le da una especie de patente para monopolizar cualquier actividad. Un Estado dueño de todo, todopoderoso, que dispone de la calidad de vida y los derechos ciudadanos.

Anauco en acción:

■ Anauco pedirá al Tribunal Supremo de Justicia garantías alimentarias.

Las medidas que ha venido ejecutando el Gobierno en el sector alimentario (desplazamiento del sector privado mediante expropiaciones y adquisiciones forzadas, centralización de importaciones, control de divisas, control en la distribución y producción), bajo el fundamento de la “soberanía alimentaria”, han venido afectando sensiblemente los derechos constitucionales de todos ciudadanos: Contraloría social selectiva: Tras haber recorrido distintas plantas públicas de producción, podemos afirmar que es inaccesible la información oportuna y veraz sobre los niveles y garantías de producción, lo que contrasta con la apertura de información en las empresas privadas, por demás supervisadas con controles sobre su producción y distribución.

Seguridad alimentaria intermitente: La intervención del Estado ha afectado el aparato productivo nacional, ante la inseguridad jurídica se han deprimido las inversiones, y nos hemos hecho cada vez más dependientes de las importaciones y mercados internacionales, los cuales se han visto en problemas tras la crisis financiera y fenómenos naturales (lluvias, inundaciones, terremotos, sequías o caso Japón, etc.). En estas condiciones, difícilmente puede hablarse de seguridad alimentaria y mucho menos de “soberanía alimentaria”.

Acciones a emprender: En los próximos días presentaremos ante la Sala Constitucional del TSJ una acción por intereses colectivos y difusos en defensa de los derechos constitucionales lesionados.

Hacemos un llamado a todos los venezolanos para apoyar esta acción por nuestros intereses colectivos y difusos en defensa nuestros derechos constitucionales de la calidad de vida; contactarnos por Twitter: @ANAUCO, Correo: usuarios@anauco.org.

Por: ROBERTO LEÓN PARILLI
YOLANDA ZAMBRANO
PRESIDENTE DE ANAUCO
La voz del consumidor
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EL NACIONAL