La eliminación del organismo ha
creado malestar entre los policías
■ Activistas de derechos humanos y expertos aseguran que la criminalidad podría aumentar si no se aplica un plan que ofrezca opciones a los cesantes.
■ Los docentes advierten sobre el desmantelamiento de un colegio de la PM en el que se atienden niños especiales.
Los policías matan el tiempo jugando billar en un salón de la Comisaría Francisco de Miranda de Boleíta. Desde afuera la llamada Zona 7 luce como un edificio abandonado. Es media mañana y nadie controla el acceso. Se puede pasar sin contratiempos y caminar por un pasillo mal iluminado donde está colgada una cartelera que solía resaltar al personal destacado del mes.
Está en blanco: no hay una fotografía o una historia de heroísmo publicada.
Es como un símbolo de la agonía:
La Policía Metropolitana atraviesa sus últimos días después de 41 años de vida en Caracas. El Ejecutivo publicó el 29 de marzo una resolución en la que ordena liquidar la organización en 3 meses, aunque deja abierta la posibilidad de una prórroga por otros 90 días.
La institución, en su hora menguada, no ha superado la carga de una reputación negativa: ni siquiera los funcionarios activos niegan que los delitos de muchos de sus compañeros contribuyeron a crear un peso difícil de sobrellevar y que hoy ha dejado en minoría a los dolientes de la desaparición.
“Estamos desmoralizados”, dice uno de los policías que observa, sin entusiasmo, la partida de billar. Sólo hay un puñado de compañeros con él. Se limitan a cumplir horario. No salen a la calle o van a la comisaría a pedir las vacaciones vencidas. Medio centenar de motocicletas están guardadas en un depósito. Los policías pagaban por el mantenimiento de las que usaban y ya no quieren gastar un céntimo. Aunque algunos visten el uniforme azul, otros dejaron de hacerlo. Hablan como si fuera remota la época en que la Zona 7, con jurisdicción en el municipio Sucre, era una de las áreas operativas más grandes con más de 1.000 funcionarios: “Ya no somos ni la cuarta parte”. El mismo desánimo existe en las demás dependencias. Quienes todavía están en la institución sienten que el estigma de la deshonestidad los marca a todos sin distinciones.
La incertidumbre por el futuro agrava el malestar: “Soy un sargento con más de 20 años de servicio y 40 de edad. No tengo expediente penal en mi contra y no me llamaron para la Policía Nacional. Estoy esperando la jubilación con el sueldo mínimo.
Veré cómo sobrevivo”. Cada quien busca, como puede, respuesta a esa pregunta.
Otro sargento recién jubilado está en la puerta de un supermercado, propiedad de comerciantes chinos, en Catia. Formalizó una actividad que ya hacía: “Me contrataron para vigilar y acepté, ¿qué más voy a hacer?”. Muy cerca queda el módulo clausurado en el que trabajó hasta hace un mes. Un colega, de la misma jerarquía, es de los pocos que patrullan Petare en un rústico que pareciera rodar de milagro. Sus planes no son claros: “Voy a ver si abro una bodega en la casa cuando salga la jubilación”. La mezcla de desaliento, con pocas perspectivas económicas y angustia sobre el porvenir constituye un cocktail inflamable. Hasta los críticos tradicionales de los órganos policiales consideran que es un momento crucial para ofrecer respuestas a los miles de funcionarios que están quedando sin trabajo.
“La desmovilización de un cuerpo armado como la PM, el segundo más grande de Caracas después de la FAN, es un proceso delicado. Salen a las calles personas entrenadas. Se requiere de un plan integral para evitar que la eliminación contribuya a aumentar la criminalidad”, expresa Liliana Ortega, directora de Cofavic, organización de derechos humanos. La ciudad está en las listas de las más inseguras del mundo: ha habido más de 25.000 víctimas de homicidio en la zona metropolitana desde 1999.
Apoyo estratégico:
La PM aún tiene una nó- mina de 5.000 funcionarios. Más de 5.000 han abandonado la institución desde 2008, cuando la institución fue transferida desde la Alcaldía Metropolitana de Caracas al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. El proceso se aceleró a partir de 2009 con la aprobación de la ley que ordenó la desaparición del organismo capitalino y creó la Policía Nacional. A ese cuerpo de seguridad fueron incorporados 3.238 policías metropolitanos, según datos oficiales.
Otros 1.850 han sido jubilados, la mayoría con un plan especial para quienes acumulan 15 años de servicio como mínimo. El mayor temor de Ortega es la carencia de alternativas para quienes, sin poseer asuntos pendientes con la justicia, no tienen asegurada la continuidad laboral: “Hay que hacer bolsas de trabajo, ofrecer créditos para cooperativas, hacer convenios con el sector privado para ayudar a esos funcionarios a tener un nuevo proyecto de vida”.
En lugar de ello, los policías han recibido ofertas que profundizan la angustia. “Nos han dicho, por ejemplo, que podemos ser guardianes de prisiones, pero eso es una sentencia de muerte por la cantidad de delincuentes que metimos presos”, afirma un inspector. Voceros oficiales como Carlos Meza, director de la PM, han dicho que los miembros retirados del organismo podrían ser reubicados en otras áreas del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. Sin embargo, más allá de las declaraciones, la resolución de liquidación no menciona una posible reasignación de los uniformados, aunque hace explícito que el personal administrativo y obrero sí será reubicado.
La decisión, publicada en Gaceta Oficial hace 12 días, fijó el nuevo plazo para la desaparición de la institución. Hasta entonces, los policías daban por cierto el último anuncio de acuerdo con el cual la PM sería eliminada en abril de 2011. Las semanas previas a esa fecha, funcionarios fueron señalados por participar en una serie de actos delictivos que hicieron pensar a la opinión pública que la olla de presión había estallado.
Una funcionaria fue acusada de haber perpetrado el homicidio de un sargento de la Guardia Nacional en el centro comercial El Valle el 28 de febrero. Pertenecía, de acuerdo con la versión oficial, a una red que extorsionaba a los propietarios de los locales en ese lugar. El militar formaba parte de las comisiones encargadas de aprehender a los policías.
Apenas nueve días después, tres uniformados de la Zona 7 fueron detenidos en flagrancia por la Guardia Nacional en La California. Intentaban cobrar el dinero exigido a un comerciante que había sido plagiado en una alcabala no autorizada.
El 10 de marzo se divulgó otra noticia: el robo de 61 armas de la propia sede de la Comandancia General en Cotiza. Los implicados, según las averiguaciones, abrieron un boquete en un depósito para hacer ver que extraños habían extraído el armamento. En total, seis sargentos de la PM fueron detenidos por planear la acción.
La respuesta, ante esos hechos, llegó cuando parecía escalar una emergencia. El Gobierno prohibió a los miembros de la institución instalar puntos de control, patrullar o participar en operativos. Inicialmednte se había limitado a Caricuao y Macarao el área de actuación del organismo en el Dispositivo Bicentenario de Seguridad.
La decisión, sin embargo, fue revertida luego por oposición de las comunidades.
Las medidas tomadas al calor de las contingencias han hecho surgir críticas. “Da la impresión de que hay cierta improvisación y de que se corrió la arruga por más de año y medio porque no se sabía cómo terminar la historia”, expresa Juan Martín Echeverría, ex ministro de Justicia y quien formaba parte del gabinete de Rafael Caldera cuando la PM fue creada.
Hasta la fecha, más de 15.000 armas han sido redistribuidas entre la Policía Nacional, la Dirección de Armas y Explosivos de la FAN y la Universidad Experimental de la Seguridad según voceros del MRIJ.
Tiempo perfecto. Una carta de despedida anónima fue pegada en las puertas azul pálido de la sede de la Zona 3 de Caricuao.
Allí funciona hoy la Inspectoría General, despacho que se encarga de velar por la disciplina interna. “Este mensaje es dirigido a todo el personal masculino y femenino de la PM a que no decaigamos, el tiempo de Dios es perfecto. Aunque haya tristeza, tengamos consuelo”, dice el texto. La actividad estaba reducida al mínimo: apenas había funcionarios, trasladados desde otras dependencias, que cargaban unas colchonetas raídas para habilitar temporalmente un dormitorio: “No hay nada que decir”.
Los vecinos de Caricuao y Macarao se sintieron atemorizados cuando se dijo que la PM seguiría patrullando la zona. Se organizaron para recoger firmas y solicitar una reconsideración a Tareck el Aissami, titular del MRIJ. “La comunidad no tiene confianza en ella y opina que ha recibido respuestas de los guardias nacionales que trabajan con el Dibise”, dicen Eduardo Matheus y Mario Leal, voceros del consejo comunal de las residencias Queseras del Medio de la UD-4. Un hecho que no fue reseñado por los medios contribuyó a aumentar el temor hace casi un mes. Un hombre intentó robar a mano armada un centro comercial. Falló por la intervención de otro policía que vestía de civil y disparó al aire. Hay personas que anónimamente afirman que el ladrón utilizaba una moto con los colores y las insignias de la PM.
Pablo Fernández llama a los funcionarios a mantener la disciplina. Es activista de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización de derechos humanos con trayectoria no sólo en la denuncia sino en la capacitación de los integrantes de las fuerzas del orden. “Los cambios siempre generan resistencia. En este caso no se puede permitir que los intereses de un grupo se impongan por encima de los de la colectividad. Aquí lo importante es construir un nuevo modelo policial”, indica.
El ministro El Aissami ha dicho que se calcula que hay policías involucrados en 20% de los delitos que se perpetran en Venezuela. En un informe especial publicado por la Fiscalía hace 3 años, se señalaba que en el período 2000-2007 la PM era uno de los principales cuerpos denunciados por violaciones de los derechos humanos a pesar de tener jurisdicción sólo en Caracas. Pero en total hay 154 funcionarios privados de libertad. Esto ha dado pie a que el director de la institución diga que sólo una minoría ha empañado la imagen del cuerpo. No hay que olvidar, sin embargo, que menos de 2% de las causas contra funcionarios llegan a la etapa de sentencia, según los datos del Ministerio Público.
Por televisión:
No hace falta mayor estímulo para que un corrillo comience en las áreas operativas. Los funcionarios, una vez que se les garantiza la reserva de su identidad, expresan quejas que parecen copiadas unas de otras. Uno de ellos, en Caricuao, exhibe un recibo de pago para decir que las primas por riesgo laboral son de 5 bolívares mensuales.
Otro, en Boleíta, afirma que no hubo aumentos de sueldo en 7 años y que el seguro médico solo se activa en casos de extrema gravedad. Alguien más, en Cotiza, dice que un comisario general, la máxima jerarquía, puede tener ingresos cercanos a 2.000 bolívares mensuales.
Todos comparten la opinión de que el liderazgo ministerial y el del cuerpo armado no ha hecho lo suficiente para dar información cara a cara: “Nos enteramos por lo que aparece en los medios”. El Aissami, de hecho, anunció la creación de la junta liquidadora de la PM desde Maracaibo, Zulia. A los comisarios Edgar Barrientos, viceministro del Sistema Integrado Policial, y Carlos Meza se les solicitaron entrevistas para este trabajo, pero ninguno respondió las llamadas.
En su intervención desde la capital zuliana, el ministro quiso enviar un mensaje para subir la golpeada moral del cuerpo. Dijo que la PM fue una institución pionera que “marcó el rumbo” para el resto de las policías del país; afirmó que se liquidaría “con honores”; y recordó que la Policía Nacional se había nutrido con funcionarios de la PM. Para el nuevo cuerpo de seguridad fueron aceptados quienes pasaban las pruebas (incluidas las psicotécnicas) y no tenían expedientes penales. Pero muchos de los que no han sido llamados insisten en que los procesos de selección no fueron a prueba de balas: “Mucha gente buena no fue absorbida y ya se ve que comienzan a aparecer policías nacionales metidos en delitos”. Por ahora, la lista oficial es de 50 uniformados.
A un restaurante del Pasaje Zingg llega un comisario retirado en 2006. Acaba de trasladarse en motocicleta, uno de los pocos activos que posee porque hoy está desempleado. “Me deben unas prestaciones que ya están bastante devaluadas”, dice mientras otros funcionarios lo colocan como ejemplo de sus temores. El Aissami se ha comprometido a pagar “hasta el último centavo” y dijo que se aprobaron 730 millones de bolívares para pagar los pasivos. “Es vital que se respeten los derechos económicos y sociales de los policías para evitar resultados negativos”, dice Marino Alvarado, miembro de Programa de Acción y Educación en Derechos Humanos, Provea.
Puede que el compromiso de honrar hasta el último bolívar no sea suficiente sin un plan para ofrecer oportunidades a quienes se retiran. Los sargentos activos José Pérez Sojo y José Martínez Barrera son dos de los once policías metropolitanos que han sido asesinados este año. Ambos cuidaban un mercado de verduras en La California cuando fueron abaleados y despojados de sus armas. Perecieron mientras esperaban que les llegara la hora de la jubilación.
Sin reembolso:
De acuerdo con el reglamento de la PM, las esposas de los uniformados que pierden la vida deben recibir no sólo las prestaciones acumuladas de sus maridos, sino 25 quincenas del salario y seguro de vida, entre otros. Sin embargo, muchas de ellas han aguardado años por sus pagos y ahora sienten que sus casos han quedado en segundo plano en medio de la larga agonía que atraviesa el cuerpo de seguridad caraqueño.
El propio Urdaneta fue uno de los promotores de la movilización: la semana pasada su celular no paró de repicar con llamadas de mujeres dispuestas a protestar.
Emilia de Benítez no deja de visitar la sede de Cotiza desde agosto de 2002. Si no puede ir, envía a sus hijos con la misma pregunta: “¿Cuándo le pagarán las prestaciones de su esposo fallecido?”. Le han asegurado que son 15.000 bolívares fuertes, un monto que ahora no tiene el mismo valor que hace 9 años atrás. Estaba casada con el sargento Pedro Rafael Benítez que según la versión oficial se quitó la vida en su trabajo.
Un dato siempre ha persistido, como duda, en la mente de la mujer: “Él era derecho, pero el disparo lo tenía en la parte izquierda de la cabeza.
El caso quedó así, como un suicidio”. Ha recibido pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Ésta fue aumentada, apenas el año pasado, de 70 a 400 bolívares mensuales.
El viceministro Barrientos recibió a las manifestantes y a Urdaneta el mismo día: les prometió una reunión con personal del ministerio para analizar cada caso (se calcula que puede haber más de 800 viudas) y comenzar a gestionar el dinero adeudado para pagar en un plazo de un mes.
El cobro de las deudas no sólo se ha convertido en un problema económico, sino en una cuestión de honor para las mujeres. Pero aparte de ellas, hay otros grupos vulnerables que se han visto afectados con el proceso de liquidación.
En El Cafetal todavía está localizado el Instituto de Capacitación Infantil de la PM. Allí los policías llevaban a sus hijos con necesidades especiales de aprendizaje. Hoy sólo quedan ocho miembros de un equipo multidisciplinario que incluyó médicos, odontólogos, psicopedagogos, psicólogos, psiquiatras y docentes, entre otros. Más de 3.000 casos fueron atendidos desde 1979, pero hoy ni un pequeño se beneficia del servicio.
El proceso de deterioro, que comenzó hace una década, se agravó de manera notable en el último año y medio. “No funciona ni el comedor, ni el transporte. No hay materiales de evaluación como los test que se le aplican a los niños para saber su condición”, describe una de las profesionales.
“Estamos en un limbo. Falta claridad para saber qué va a pasar con esta institución que fue ejemplar, pero que hoy está por el piso”, agrega.
El centro fue creado porque se constató que muchas veces los hijos de los policías presentaban dificultades psicológicas que se convertían en una desventaja para su educación. En el instituto, se trabajaba en dos turnos. Eso permitía a los beneficiados acudir a clases en las mañanas o en las tardes sin perder la oportunidad de recibir la atención integral de los especialistas. La situación ha cambiado radicalmente: hoy, después de mediodía, ni siquiera hay personal. “Es lamentable que esto ocurra, porque terminan afectados los más inocentes”, dice la empleada. La liquidación de la PM es un problema con más aristas de lo que las apariencias sugieren.
Por: DAVID GONZÁLEZ
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