CIDH debate sobre ilegalidad de
Habilitante y otras 16 leyes
■ Argumentan discriminación en regulación del poder popular.
■ El tema fue denunciado por SINERGIA, COFAVIC Y Vicaría de derechos humanos
■ Juristas venezolanos razonan que los derechos fundamentales no pueden ser restringidos mediante decretos presidenciales
Las organizaciones no gubernamentales consideran que “en menos de 20 días se aprobaron 16 leyes que cambian el régimen jurídico y atentan contra las libertades de asociación, participación y expresión”
Poder ilegal:
Feliciano Reyna, presidente de Sinergia, es el encargado de exponer en la sede de la comisión interamericana, en Washington, la inconstitucionalidad de las llamadas leyes del poder popular.
La falta de contrapesos institucionales para impedir eventuales arbitrariedades del gobierno del presidente Hugo Chávez hoy volverá a ser tema de debate en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En esta oportunidad, destaca la denuncia sobre los riesgos para la vigencia del Estado de Derecho que acarrean la Habilitante y otras 16 leyes, de las 20 que aprobó la Asamblea Nacional en diciembre de 2010.
En un comunicado de Sinergia, Cofavic y la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas se indica: “En menos de 20 días se aprobaron más de 20 leyes, de las cuales 16 cambian el régimen jurídico hacia uno no constitucional; violan derechos fundamentales de asociación, participación y expresión; así como amenazan la vigencia de los derechos humanos”.
A Feliciano Reyna, presidente de Sinergia, corresponderá exponer ante los integrantes de la CIDH los perjuicios de esta legislación, aprobada en forma apresurada y sin una consulta suficiente.
Desde Washington precisó que entre las normas que, en su opinión, violan la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos destacan las que regulan el llamado poder popular: Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de las Comunas, Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, Ley Orgánica de Planificación Pública y Comunal, Ley Orgánica de Contraloría Social, Ley Orgánica del Sistema de Transferencia de Competencias y Atribuciones de los Estados y Municipios a las Organizaciones del Poder Popular, Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas y Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública.
Discriminación y persecución:
Reyna sostiene que este conjunto de leyes es discriminatorio, pues está concebido en función de la construcción de la sociedad socialista, de modo que todo aquel venezolano que no comparta esas ideas quedará impedido de ejercer su derecho a la participación en la gestión pública.
Además, advierte el presidente de Sinergia, esta legislación establece que las organizaciones ciudadanas deben registrarse en el Ministerio para las Comunas, como requisito imprescindible para ser reconocidas por el Estado y, eventualmente, recibir apoyo para el desarrollo de proyectos comunitarios.
También se denunciará ante la CIDH el propósito inconfesable del Gobierno de acorralar a los sectores de la sociedad que puedan ser fuente de críticas. Por ejemplo, los partidos y organizaciones políticas, así como los medios de comunicación alternativos, mediante la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional y la Ley de Telecomunicaciones y Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
La Ley Habilitante será objeto específico de una de las cinco audiencias sobre Venezuela que se llevarán a cabo hoy. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, dirigido por Ligia Bolívar, con el apoyo de un grupo de juristas venezolanos encabezado por el ex presidente de la CIDH Carlos Ayala Corao, referirán ejemplos concretos del abuso de las facultades concedidas al Presidente de la República para legislar, que desbordan el supuesto objetivo de la habilitación; es decir, agilizar las medidas necesarias para atender a los damnificados por las lluvias de finales de 2010.
En primer lugar, comentarán la violación del derecho de propiedad, a través de expropiaciones arbitrarias que, en la práctica, equivalen a confiscaciones.
Además, denunciarán que a través de la Ley Habilitante Chávez reformó la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Bolivariana, mediante la cual se fortalece la milicia como un quinto componente de la institución castrense, y que es difícil sostener que esa modificación tiene algo que ver con la emergencia causada por los aguaceros.
Acorralar sectores:
Las facultades extraordinarias al Presidente serán objeto de atención en una de las audiencias de hoy. Carlos Ayala Corao y otros juristas denunciarán abusos del mandatario.
Periodistas y defensores en la mira:
Los ataques del Gobierno de Venezuela a periodistas y a defensores de derechos se denunciarán en dos audiencias privadas, tal como lo solicitaron los denunciantes para evitar mayor hostigamiento.
En defensa de la libertad de expresión intervendrán Espacio Público, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés bello, el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Espacio Público reportó hace una semana que en los últimos 5 años fueron asesinados 8 periodistas y hubo 211 ataques a representantes de la prensa venezolana.
Liliana Ortega, directora de Cofavic, dijo que en el último lustro se han registrado 98 ataques contra defensores de derechos humanos: “El patrón es el mismo: hostigamiento y descalificación pública, reformas legislativas para disminuir espacios de acción de las organizaciones de la sociedad civil, y uso arbitrario de la justicia penal para amedrentar a los que acompañan a las víctimas. Lo más grave es que impera la impunidad”.
Por: EDGAR LÓPEZ
elopez@el-nacional.com
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