Acusan al poder militar de tutelar la
justicia en Bolívar y acallar protestas
■ Andrés Velásquez vaticina: “Los obreros desafiarán al Gobierno”
La protesta es un delito en Bolívar, a juzgar por los procesos judiciales contra 3 dirigentes sindicales. Carlos Chancellor fue condenado a 7 años, 22 días y 12 horas de prisión por sumarse a una manifestación a favor de mineros del sur del estado. Con él, hasta hace una semana, estuvieron en los calabozos de Patrulleros de Caroní Williams Saud y Rubén González, quienes gozan ahora de una medida cautelar y tienen casa por cárcel.
El vía crucis judicial de Chancellor comenzó en 2005 cuando apoyó una manifestación en la Troncal 10, carretera nacional Santa Elena-Brasil, contra la empresa Crystallex por la colocación de un portón que les impedía a los pequeños mineros entrar en los yacimientos.
La reacción de los trabajadores, que duró 3 días (5, 6 y 7 septiembre, hace 5 años), terminó con la prisión del entonces concejal de Sifontes y con el comienzo del “juicio más largo de la historia” (6 meses, 56 audiencias) que puso en evidencia las manipulaciones de sectores políticos, militares y económicos sobre el Poder Judicial de Bolívar. “Hay una tutela del poder militar sobre los tribunales”, denunció José Hernández, secretario político de PPT.
Hernández señaló que, detrás de las maniobras por mantener al ex alcalde de Sifontes tras las rejas, están la trasnacional minera, el ex presidente de la CVG Francisco Rangel Gómez, el secretario de seguridad de la Gobernación de Bolívar coronel (Ejército) Julio César Fuentes Manzulli y representantes del Circuito Judicial Penal de Bolívar. Chancellor responsabiliza al presidente Hugo Chávez de su detención y de la negativa a darle la libertad condicional, a pesar de que cumplió más de la mitad de la pena (4 años, 11 meses y 17 días) y puede acceder a este beneficio. 
“En algunas regiones, los gobernadores y la dirigencia del PSUV designan a los jefes de los circuitos judiciales, y en Guayana están probados los vínculos entre el secretario de gobierno y la coordinación del circuito judicial. Lo más grave es que la acusación no la hizo el Estado sino Crystallex, lo que significa que la acusación es privada y que el Estado se convirtió en vocero de una trasnacional, algo absurdo en una revolución socialista”, dijo Hernández.
El diputado de La Causa R, Andrés Velásquez, indicó que la persecución del ex alcalde surgió cuando denunció la firma de un contrato para la explotación de las minas Las Cristinas entre la trasnacional Crystallex y la CVG, en 2002, que afectaba el patrimonio del país: “Era un convenio fraudulento para la nación. Rangel Gómez suscribió un contrato que decía que por cada tonelada de arena existían 2,62 gramos de oro, según estudios de Crystallex; posteriormente, otra firma estableció que por cada tonelada de arena había 8,71 gramos de oro. ¿Por qué se firmó eso? Es la mina más grande del mundo; a 200 metros de profundidad se consigue el oro, valorado en más de 10 millardos de dólares, dijo Chávez en un Aló, Presidente . Rangel Gómez no fir- mó ese contrato solo; necesitó el aval del Presidente, quien lo rescindió a principios de 2011 al percatarse del error. Ahora, la empresa amenaza con demandar a la nación”.
“Terrorismo”
Carlos Chancellor y Williams Saud son los dos únicos venezolanos sentenciados por “terrorismo material” en los últimos treinta años en el país.
La defensa del ex alcalde de Sifontes alegó ante la Fiscalía General fraude procesal porque la acusación se hizo con pruebas ilícitas, en franca violación de la Constitución, el Código Procesal Penal, la doctrina y la jurisprudencia, indica un escrito introducido en tribunales.
“Hay una violación del Estado de Derecho y de los derechos humanos (…) Chancellor no organizó la protesta; fue como concejal a apoyar a los mineros, pero le imputaron, primeramente, 15 delitos en 2008, y cerró con 4, entre ellos, `terrorismo material’ por el que, según el Código Penal, se le imponen entre 3 años y 6 meses de pena”, afirmó Hernández.
Agregó que toda “la cacería, el hostigamiento y la confabulación son políticas”: “Es un pase de factura por la derrota que le propinaron al PSUV Chancellor y PPT en Sifontes, donde fue elegido alcalde con 67% de los votos. El PSUV, en lugar de admitir la derrota, buscó juzgarlo para sacarlo del juego; fue así como desincorporaron a la alcaldesa designada y nombraron a un concejal del PSUV como encargado. El gobernador es responsable del ensañamiento por ser el jefe del PSUV. En los juicios vi cómo se pretendía que un testigo acusara a Chancellor de incitar al delito, pero se negó.
Ante este atropello, PPT asume la defensa política de Chancellor en todos los terrenos; desde la protesta cívica hasta ir a instancias nacionales e internacionales”.
Los pepetistas harán marchas en apoyo a los trabajadores en los estados. La Causa R señala que los trabajadores no frenarán ante el Gobierno, así éste califique la protesta de delito.
“Los obreros más bien lo desafiarán”, afirmó Velásquez. ¿Vendrán más presos políticos?
Piden investigar destino de 15 millones de dólares:
¿Y dónde están los reales? Carlos Chancellor hizo esta pregunta en 2005. José Hernández (PPT) y Andrés Velásquez (LCR) la repiten en 2011. ¿Por qué? En el contrato Crystallex-CVG, la compañía canadiense se comprometió a entregar 15 millones de dólares para obras sociales. “No construyeron nada”, coinciden los dirigentes políticos.
PPT exige a la Fiscalía General que investigue el destino que les dio Francisco Rangel Gómez, como presidente de la CVG hace 5 años.
“¿Desaparecieron?”, pregunta Hernández.
Velásquez quiere saber, además, por qué el bufete que asesoró a los canadienses cobró 18 millones de dólares por los servicios, mientras que la nación recibió una cantidad menor a pesar de que se afectaba su suelo.
La inversión social, indica el contrato, era de 3,6 millardos de bolívares, discriminados de la siguiente manera: viviendas, 580 millones; acueductos, 700 millones; red de aguas servidas, 735 millones; salud, 1,1 millardos; vías, 480 millones, y 600 millones en responsabilidad social.
Por: HERNÁN LUGO-GALICIA
hlugo@el-nacional.com
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