JOSÉ AMORÍN, SENADOR URUGUAYO
El legislador dice que para que su nación conserve bajos los niveles de corrupción hay que aclarar los términos en los que se negocia con un país que ostenta récords en la opacidad de su administración pública.
Después de recibir las noticias de la interpelación al ministro de Energía y Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez, el senador uruguayo José Amorín se alistó para exigirle a la Cancillería de su país una explicación. El 17 de febrero, en la Asamblea Nacional se habló del incumplimiento del convenio entre Venezuela y la empresa sureña Umissa para la compra de casas prefabricadas. Las viviendas no están y, ante la pregunta de un legislador opositor, Ramírez aseguró que exigiría su cumplimiento.
“Recibimos con enorme preocupación esas declaraciones porque comprometen la credibilidad de nuestro país”, dice Amorín, que es miembro de las comisiones de Constitución y Legislación y de Hacienda y Presupuesto del Parlamento de Uruguay.
Vía telefónica, desde Montevideo, el senador del Partido Colorado señala que el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, lo atenderá apenas regrese de una gira. “Al canciller le pedí que me explicara este tema del contrato de las casas, qué es lo que pasa con esto, qué se ha hecho, por qué no se ha cumplido y qué se va a hacer de aquí en adelante porque es un tema que nos preocupa”.
–¿El Gobierno de Uruguay ha hecho gestiones para aclarar el alcance de ese negocio?
-El canciller me dijo que ellos también estaban preocupados y que han tenido conversaciones tanto con las autoridades venezolanas como con el privado que construía las casas para ver cómo iba el cumplimiento. A Uruguay le hace bien que estas cosas queden claras. En América Latina, junto con Chile, hemos tenido históricamente los niveles más bajos de corrupción y eso hay que mantenerlo, pues es lo que permite que la gente venga al país a hacer negocios con tranquilidad. Es lo que pretendemos cuidar. Las palabras del ministro Ramírez fueron bastante duras al decir que iba a exigir el cumplimiento a Uruguay. Me parece que hay que salir y aclarar rápidamente el tema. No ha habido una declaración fuerte de parte del Gobierno.
Una autoridad del Ministerio de Vivienda de acá afirmó que no es una preocupación grande porque es una negociación entre Venezuela y una empresa privada uruguaya. Pero no es un asunto privado, este tema le vale prestigio a Uruguay y tiene que aclararse. Acá aseguran que se entregó una cantidad importante de casas, pero que no se ha podido enviar el resto por el cambio permanente de ministros de Vivienda en Venezuela. Si el canciller no nos da una buena explicación, lo llamaremos al Congreso. A Uruguay le hace daño estar en los cables que dicen que incumple acuerdos internacionales que todo el mundo conoce.
–¿Por qué hay sospechas sobre este contrato?
-Desde el principio hubo ciertas dudas sobre ese negocio. Recordemos que en 2007 fue Guido Antonini Wilson a Argentina con una valija con 800.000 dólares y luego pasó por nuestro país. Él estaba vinculado a los negocios con Uruguay, sin ninguna duda, pero nunca quedó clara qué tipo de relación tenía. Las explicaciones que los funcionarios nos dieron en el Congreso fueron confusas. Es obligación de los países y de los políticos tratar de mantener la mejor imagen de una nación. Los negocios entre Uruguay y Venezuela no han sido del todo claros.
–¿Qué otros negocios con Venezuela están bajo la lupa?
-Hay un negocio en el que Venezuela le vende petróleo a Uruguay y nosotros pagamos 75% de lo que compramos y quedamos debiendo el 25% restante. Eso nos preocupa porque la petrolera uruguaya, que es estatal, ha ido engrosando una deuda muy importante con Venezuela. Tenemos representantes de la oposición en el directorio de la petrolera (Ancap) que nos han advertido sobre ese tipo de negociaciones de compra para pagar en 15 años, con un interés muy bajo. También hubo un negocio muy importante de software, otro de venta de leche y uno de vaquillonas. Fueron acuerdos hechos directamente entre el presidente Hugo Chávez y el ex presidente Tabaré Vásquez. Nosotros nunca fuimos claramente informados del tenor de esos negocios, así que lo que estamos pidiendo ahora es información clara sobre todo lo que se ha hecho.
–¿El Gobierno les da infor mación sobre estos convenios?
-Cuando queremos averiguar sobre estos contratos, como en el caso de las viviendas prefabricadas, en las instituciones nos dicen que son asuntos entre privados. Esa ha sido siempre su reacción en general, pero para nosotros no es así, pues son asuntos privados que se hacen con base en un acuerdo bien claro entre el Gobierno de Venezuela y el de Uruguay. Diría que, incluso, se habló siempre de que era un acuerdo casi ideológico, de gobiernos que pensaban parecido e iban a hacer convenios con facilidad. Esto fue muy promocionado desde el punto de vista político en Uruguay.
–¿Hasta qué punto son convenientes los negocios con Venezuela?
-Si son claros, no hay problema; cada país negocia según su interés. Pero lamentablemente Venezuela, junto con Haití, está desde hace tiempo complicada en los índices de corrupción. Cuando uno está en esas negociaciones debe tener especial cuidado y transparencia para que todo el mundo tenga claro que las cosas se hacen bien. No tengo información suficiente para afirmar que las cosas se manejaron mal, pero sí puedo decir que esos negocios no están lo claro que debieran estar.
WIKILEAKS: Socio receloso
Los cables del Departamento de Estado filtrados por Wikileaks, reseñados por el diario El País de Uruguay, develan el doble discurso del ex presidente Tabaré Vásquez en relación con los negocios que estableció su gobierno con Venezuela.
Dos ministros cercanos a Vásquez, Danilo Astori y Gonzalo Fernández, confiaron a funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay que dudadan de la la efectividad y utilidad de los acuerdos.
La visita del canciller Nicolás Maduro a Montevideo, en agosto de 2008, fue reseñada en uno de los cables. Luego de la reunión, Fernández, su par uruguayo, le dijo al embajador Frank Baxter que “el presidente Vázquez ha estado tratando a Chávez con frialdad debido al atraso en cumplir sus compromisos económicos”.
Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores sureño indicó al embajador de Estados Unidos en ese país la dificultad de los negocios con Venezuela. “Para venderle a Venezuela necesitás una licencia importante o un certificado de necesidad, además de un permiso para comprar dólares.
Se requiere casi un milagro para lograr la venta. Y se requiere un completo milagro para lograr la paga”, señala un cable diplomático.
“De acuerdo con el mismo funcionario, las únicas ventas que se mueven sin complicaciones son las de los productos que Venezuela necesita urgentemente, como la leche en polvo”, agrega el documento.
Los funcionarios estadounidenses consideraban que los acuerdos firmados entre Uruguay y Venezuela no representarían la exportación del socialismo del siglo XXI a ese país sureño. “No fueron más que tratados de negocios”, dijeron. La embajada norteamericana destaca que “el Gobierno de Uruguay se las arregló para echar encima de Venezuela negocios no rentables o problemáticos”, como la cooperativa financiera Cofac (que devino en el Bandes, al que ahora se le señala por posibles malos manejos) y la adquisición de las estaciones de servicio de Ancap petrolera estatal uruguaya en Argentina por Pdvsa.
Por: Redacción
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