Evalúan módulos de la PM

■ Representantes de ONG expresaron reservas por utilizar la milicia en labores policiales.

Miembros de unidades de la Fuerza Armada Nacional comenzaron el despliegue en las parroquias de Libertador el fin de semana para desempeñar labores de policía preventiva.

La Policía Militar, por ejemplo, empezó la vigilancia en las barriadas de Coche. Un capitán de esa unidad del Ejército informó que trabajan con un promedio de 83 hombres por turnos de 8 horas continuas, lo que da un total de 250 agentes. Aclaró que el número de uniformados es mayor en el día. A partir de las 9:00 pm el contingente se reduce a la mitad.

Esta proporción es similar en el resto de las fuerzas involucradas en la nueva fase del Dispositivo Bicentenario de Seguridad.

“Esta es la primera vez que trabajamos solos. Antes lo hacíamos en patrullas mixtas con la Guardia Nacional”, explicó.

A la Milicia Bolivariana le asignaron tres parroquias: Altagracia, Catedral y San Juan. Pero hasta ahora no reúne el contingente de 600 hombres que le garantizaría una presencia permanente en todas las localidades. El déficit lo suplen agentes de Policaracas y la Policía Nacional.

Un coronel de ese cuerpo aclaró que actualmente sólo hay 150 milicianos en trabajo de seguridad ciudadana. Se les puede ver alrededor de unas carpas instaladas frente al liceo Fermín Toro, así como en el bulevar Panteón y en los alrededores de la plaza Bolívar. Algunos portan escopetas calibre 12, otros van con revólveres 38 que anteriormente utilizaba la Policía Metropolitana.

La “orden de preparación” para este plan llegó en septiembre de 2010 al Comando de la Milicia, ubicado en el Museo Histórico Militar. Pero los detalles operativos fueron informados la semana pasada. Por esa razón, el contingente todavía no ha sido completado.

Actualmente, informó el oficial, personal del Cicpc y de la Policía Nacional instruyen a los milicianos en torno a los detalles del trabajo preventivo y les indican cómo elaborar el acta de un procedimiento. Mientras tanto, estos documentos son redactados por tropas de la Guardia Nacional.

Revisan puestos:

El Ministerio de Relaciones Interiores está evaluando el estado de los módulos que serán transferidos provisionalmente de la Policía Metropolitana a las unidades de la FAN que participan en el Dibise. Se hizo un levantamiento fotográfico de cada instalación desde la calle y desde helicópteros.

El director de la PM, comisario Carlos Meza, se reunió ayer con representantes del Ministerio de Interior y Justicia y de la Guardia Nacional para analizar la entrega a la Milicia de los inmuebles de San Juan, Catedral y Altagracia. El problema, indicó un oficial de la GN, es que algunos puestos están en tan mal estado que no pueden ser ocupados de inmediato.

La PM tampoco ha podido desplegarse en Caricuao y Macarao, tal como fue anunciado.

En Cotiza han tenido problemas para reunir el contingente de 800 hombres dispuestos a retomar el trabajo de calle, y es posible que sea necesario hacer una reasignación de parte de las parroquias a la Guardia Nacional.

“Este fue un problema que se buscó el propio Gobierno”, dijo un sargento de la PM en los alrededores del Ministerio de Educación, vestido de civil.

Opiniones divididas:

En los primeros días de actuación hubo tres homicidios en las localidades donde está la Policía Militar y la Milicia Bolivariana. Uno de los casos fue producto de un arrollamiento.

La Policía Naval comenzó ayer a tomar posiciones en la parroquia Santa Teresa, donde complementará el trabajo de la Guardia Nacional.

Pedro Jaramillo, un investigador de la Hemeroteca Nacional, cree que los milicianos han contribuido a disminuir levemente el número de delitos en el bulevar Panteón. Cree, sin embargo, que el trabajo de los uniformados debe ser complementado por una inteligencia que sólo pueden hacer los civiles.

“Hay que ir de paisano por aquí para ver lo que pasa. Ese es un trabajo que sólo pueden hacer los civiles. A partir de las 6:00 pm los antisociales van en grupos de tres, que te rodean y te quitan lo que tienes. No perdonan a nadie, ni siquiera a los funcionarios públicos”, afirmó.

Recordó que a finales de 2010, cuando hacían los primeros ensayos para el programa de seguridad, él fue abordado por hampones que le pidieron abrir su maletín a media cuadra de un grupo de uniformados. No lo robaron, pues no tenía computadora portátil.

“Cuando pasé frente a los militares que vieron todo me preguntaron si estaban robándome. Yo les contesté que los ladrones me estaban saludando”, recordó.

La tendencia de los militares a permanecer estáticos fue observada también por María Guillén, comerciante de Cochecito: “Aquí uno ve muchas cosas. Tengo diez años trabajando en este sector, y ahora la inseguridad está mucho más fuerte que antes. Hace poco mataron a un muchacho en la esquina del centro comercial Coche. Los militares llegaron después, sólo a ver lo que había pasado”.

Los milicianos tienen la instrucción de enfocar su trabajo en la prevención más que en la represión o persecución de los delincuentes. El efecto de esta labor fue observado por el estudiante Luis Alejandro Bermúdez, que indicó que los miembros de la Milicia en sus primeras acciones desplazaron a los consumidores de drogas de los paseos peatonales de Altagracia. En Catedral también tratan de controlar la buhonería.

Si se presenta algún delito que no pueda ser afrontado en condiciones de flagrancia los militares están obligados a reportarlo a la subdelegación de la policía judicial más cercana para que inicie las investigaciones.

A los militares no les indicaron una fecha precisa para la finalización de la tarea que apenas comenzaron.

“Esa es una decisión que todavía no han tomado los mandos superiores”, explicó un oficial del Ejército.

Derechos en riesgo:

Representantes de dos organizaciones no gubernamentales advirtieron que la decisión de utilizar unidades militares para labores de policía preventiva es contraria a la Constitución y a dictámenes emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones de la Conarepol.

Rocío San Miguel, de Control Ciudadano, indicó que el Gobierno adelanta una agenda de militarización de actividades anteriormente asignadas a cuerpos civiles como, por ejemplo, la ejecución de medidas administrativas.

“No sólo están usando la milicia sino a conscriptos que no tienen idoneidad para realizar esas labores. Esto repercutirá en incidentes como los que se presentaron en 2010”, advirtió.

Añadió que el Gobierno “tiene desespero por producir alguna medida” en asuntos de seguridad ciudadana, unido a la intención de ejercer un control social en el oeste caraqueño, donde aparentemente está perdiendo popularidad.

Marino Alvarado, de Provea, señaló que el Gobierno desacata las recomendaciones de la CIDH emitidas en los casos del Caracazo, el retén de Catia y las desapariciones de Vargas en 1999.

“La seguridad ciudadana debe estar en manos de civiles. La experiencia internacional nos dice que los militares no garantizan más seguridad. A lo mejor contendrán por un tiempo el delito común, pero con serias amenazas a los derechos humanos”, dijo.

Recomendó “despolarizar” el tema. Eso permitiría una mejor coordinación de los cuerpos civiles centralizados con los que operan en los estados y municipios.

Por: JAVIER IGNACIO MAYORCA
jmayorca@el-nacional.com
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