Se perdieron 1 millón de bolívares del
consejo comunal en Delta Amacuro
El despacho carece de una unidad de auditoría interna y de normas que permitan hacer una evaluación de los gastos y proyectos, de acuerdo con Clodosbaldo Russián.
Del banco comunal Sacupana, en Delta Amacuro, desaparecieron 1.616.000 bolívares. El hecho, aunque lejano y de aparente bajo monto, evidenció la falta de controles en las instancias populares, las entidades financieras del Estado y en el órgano rector: el Ministerio de las Comunas.
La irregularidad ocurrió el 18 de agosto de 2010 en la agencia Tucupita del Banco Bicentenario, mediante notas de débito que fueron detectadas por dos miembros de la Asociación Cooperativa Banco Comunal Sacupana, Lesbia Torres y Deyanira Castro.
El pasado 28 de febrero, Torres y Castro denunciaron el caso ante el Ministerio Público y pidieron investigar tres hechos que consideran como “actos administrativos de naturaleza irregular”: En primer lugar, el retiro de 1.616.000 sin autorización de la directiva de la cooperativa un mismo día, la existencia de cuatro cuentas a nombre de la mencionada asociación Sacupana y del consejo comunal de la localidad (70432763, N° de cliente 3119489; 01750096190070205083; otra, 017500966190070279281; y 70411113) y el manejo discrecional de los fondos, según señalan en el escrito, que consta de 3 páginas y 4 anexos.
“Acudimos para solicitar la averiguación y que se determine el destino de los recursos financieros aportados al Consejo Comunal Sacupana del Cerro durante 2008, 2009 y 2010”, señalaron los voceros comunales, que aún no han recibido información oficial sobre si fue designado un fiscal en este caso que pudiera estar pasando en otros estados.
El ex diputado de Delta Amacuro Roger Rondón (MAS) denunció retardo en las averiguaciones y lamentó que algunas personas se aprovechen de la organización popular para beneficio personal: “Estamos preparando los soportes para llevar el caso ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional”.
“Fallas en controles”
Los supuestos hechos de corrupción no se suscriben a Tucupita, sino que también existen en otras entidades. La Contraloría General incluye a Mérida y diputados de la Mesa de la Unidad a consejos de, al menos, ocho estados.
Pastora Medina, ex parlamentaria de Bolívar por el Movimiento Ecológico, informó que consignó en la Fiscalía General, la Contraloría General y el Poder Legislativo, dos expedientes que comprometían al gobernador Francisco Rangel Gómez y que implicarían un daño patrimonial por 213,6 millones de bolívares: el primero, de 8,3 millones, se trataba de un proyecto de aguas servidas para el CORE-8 y zonas aledañas a esa guarnición militar. El segundo corresponde a la construcción de 1.500 viviendas en la urbanización Francisca Duarte, a cargo de Fundapropatia. Sólo se hicieron 200 casas entre 2008-2009, a pesar de que se les asignó 205 millones.
“¿Por qué no escudriñan? Todo se oculta”, afirmó la ex legisladora. ¿Pero cuál instancia supervisa? Los consejos comunales están obligados, por ley, a rendir cuentas a la asamblea de ciudadanos y al Ministerio de las Comunas, a través del Servicio Autónomo del Fondo Nacional de Consejos Comunales (Safonacc). ¿Cumplen su papel? Las respuestas a esta interrogante y a las expuestas por Medina están en el informe Actuación 2010, de la Contraloría General. Al examinar al Ministerio de las Comunas, el despacho de Clodosbaldo Russián encontró las siguientes “debilidades en los mecanismos de control administrativo de la Unidad de Auditoria Interna (UAI)” en 2009 y 2010: Min-Comunas carecía de un proyecto de reglamento orgánico.
La UAI no dispone de un reglamento interno que ayude al Órgano de Control Fiscal (OCF).
Min-Comunas no seleccionó, mediante concurso público, al titular de la UAI, lo que viola la Ley Orgánica de la Contraloría General.
Retrasos en la remisión de los informes preeliminares a las dependencias auditadas.
“Las fallas en los mecanismos de control, aunado al hecho de que la UAI por instrucciones de la máxima autoridad del ministerio (Erika Faría) debió incorporarse a la evaluación del proceso de transformación, transferencia patrimonial y administrativa del extinto Ministerio de Participación Popular, generaron retrasos en el examen de las cuentas de ingresos, gastos y bienes de las Unidades Administradoras Centrales de los ministerios”, señala el informe Actuaciones 2010, de 10 páginas.
La Contraloría General determinó, concretamente, que la UAI no revisó las cuentas de ingresos, gastos y bienes a partir de 2005 y que, de un total de 24 cuentas de ingresos, gastos y bienes, correspondientes a 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 sólo fueron examinadas 3 (12,50%).
Debilidades en Mérida:
La Contraloría General investigó sólo tres casos el año pasado en Mérida que comprometen a consejos comunales, según el informe Actuaciones 2010.
En el consejo La Esperanza Bolivariana, en el municipio Alberto Adriani, se evidenció que tres integrantes no presentaron la declaración jurada de bienes; que no existía la comisión comunal de contrataciones; que omitieron la licitación de la construcción de 26 viviendas y un boulevard que, por el monto (2.659.999,2 bolívares) era obligatorio por la Ley de Contrataciones Públicas; no hubo suscripción del financiamiento con el Fondo Merideño para Financiamiento de los Consejos Comunales. “Las situaciones señaladas se originaron como consecuencias de las debilidades en la fiscalización de la obra por parte del consejo comunal”, concluye la Contraloría General.
Iguales irregularidades descubrieron en los consejos comunales La Playa y El Playón Alto; en el primero se asignaron 990.000 bolívares para edificar 18 casas en la parroquia Rómulo Betancourt, pero no se hizo una rendición de cuentas, tres casas tenían defectos en la construcción y la obra está paralizada. En El Playón se asignaron 760.000 bolívares para un viaducto, mas no se convocó a licitación ni se constituyó la comisión de contrataciones y el expediente está desordenado. La obra está suspendida porque la Gobernación de Mérida no ha desembolsado 330.000 bolívares, necesarios para la finalización.
Por: HERNÁN LUGO-GALICIA
hlugo@el-nacional.com
INVESTIGACIÓN CORRUPCIÓN
Economia | Noticias
EL NACIONAL
