Consejo Universitario
aprobó la consulta

■   Algunos consideran que la medida pone en riesgo la autonomía de la casa de estudios, pero otros están desesperados por la inseguridad.

El Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo aprobó la realización de una consulta para que la comunidad de esa casa de estudios decida si se permite la entrada de las fuerzas públicas de seguridad al campus de Bárbula cuando se presenten contingencias.

La medida se debe al incremento de atracos y hurtos en las 7 facultades que la casa de estudios tiene en Valencia. En los últimos meses los robos no sólo ocurren en las noches o sitios solitarios. Ahora los ladrones entran en grupo a las aulas en el día y roban por lo menos a 40 personas a la vez, o esperan en los pasillos y estacionamientos para arrebatar teléfonos, computadoras portátiles, carteras y otras pertenencias a profesores, estudiantes, empleados y obreros.

Hay constantes denuncias de atracos a estudiantes de Medicina y Odontología, a los que les roban instrumentos para hacer prácticas, además de los frecuentes hurtos de carros.

El vicerrectorado administrativo, responsable de la seguridad en el campus, evalúa las posibilidades de hacer la consulta entre 48.000 personas que forman parte de la universidad. Se basa en el artículo 70 de la Constitución Nacional y el artículo 7 de la Ley de Universidades.

Adicionalmente, recurre a la experiencia del núcleo de Anzoátegui de la Universidad de Oriente, donde la policía resguarda áreas entre las 4:00 pm y las 6:00 am y se registra un significativo descenso en los índices delictivos. El plan de seguridad de la UDO se aplica desde hace dos años y la entrada de la policía fue de manera paulatina.

José Ángel Ferreira, vicerrector administrativo de la UC, explica que no se trata de vulnerar la autonomía universitaria: “El Consejo Universitario aprobó una consulta y evaluamos cómo la haremos, si será con firmas, vía electrónica o en urnas. Queremos cumplir con los procesos de rigor y vamos a plantear en qué horario y bajo qué condiciones se dará la interacción con las fuerzas policiales”.

La idea es que la vigilancia policial sea de 6:00 pm a 6:00 am. Aún no hay fecha para el referéndum.

“Buscamos puntos intermedios que nos permitan mantener nuestra libertad, la inviolabilidad del campus universitario, pero sin salvaguardar la delincuencia que nos azota”, afirma.

Ferreira asegura que la vigilancia nocturna de cuerpos policiales sería un elemento más, junto con otros mecanismos de prevención. Destaca que el problema no es nuevo. El 31 de julio de 2007, cuando María Luisa de Maldonado era la rectora, el Consejo Universitario aprobó medidas similares debido a una ola de sucesos en el campus.

En 2009 también se votó en el Consejo Universitario a favor de la vigilancia policial y de la Guardia Nacional en áreas como estacionamientos y avenidas.

En 2010, otra vez se intentó aplicar medidas de seguridad conjuntas entre vigilancia interna y externa, pero no se concretó.

En la jornada para elegir a los decanos el 26 de febrero pasado un estudiante de Derecho murió al recibir múltiples disparos en la zona cercana a su facultad. El crimen causó indignación en estudiantes y docentes.

Combatir la delincuencia:

“Respaldo 100% las medidas que tome la universidad para disminuir la inseguridad, porque no va a eliminar totalmente, pues es el problema más grave en el país”, afirmó el ex rector Ricardo Maldonado.

Sin embargo, aclara que está en desacuerdo con la entrada de la fuerza pública a la UC: “Si se trata de ratificar lo que dice el artículo 7 de la Ley de Universidades eso no habría que votarlo, pero si lo que se va a consultar es la instalación de garitas de la Guardia Nacional en el campus me voy a oponer 100%”.

Maldonado asevera que los delitos en la UC no serán resueltos por la Guardia: “Más bien sería un peligro en momentos en que los estudiantes hagan sus marchas o protestas, pues son cuerpos que no están preparados sino para reprimir, por eso no están en ningún campus universitario en el país ni en el mundo”.

Mauro Montero, presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios, también desaprueba la entrada de personal policial y militar: “Hemos enarbolado la bandera del respeto a la autonomía.

Hay que ponerse de acuerdo para que la vigilancia interna esté en manos nuestras y eso debe comprometer a la población estudiantil, obrera, docente y administrativa para que articulemos políticas que permitan que en la UC no reine la inseguridad”.

Afirma que en los tribunales hay más de 300 expedientes a estudiantes de la universidad, lo que atribuye a una forma de represión contra los que disienten del Gobierno en el sector estudiantil.

Benito Hamidian, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, expresó: “Lo que estamos pidiendo no es la intervención de la UC ni nos pasa por la mente la violación de la autonomía. Tenemos hechos delictivos que se están acrecentando cada vez más”.

Dice que no pretenden que haya un policía en las aulas o en el comedor, pero sí que patrullen el perímetro del campus universitario.

“Nos sentimos afectados por la delincuencia. Queremos que nuestros profesores y alumnos puedan asistir a clases sin el temor de que los van a robar. Los profesores se eximen de llevar laptops o un video beam por temor a ser asaltados”.

UC particular:

Pablo Aure, secretario de la UC, señaló que no sólo esa casa de estudios ha sido atacada por la inseguridad: “La UC tiene una particularidad, tenemos más de 300 hectáreas en el campus de Bárbula que no tienen una cerca perimetral, la atraviesan 2 grandes avenidas que son la Alejo Zuloaga y la Salvador Allende, con 3 hospitales y varios barrios. Con todo esto es fácil el acceso a la universidad”.

Su preocupación es que los hampones se amparan en la autonomía para delinquir dentro y fuera de la UC, luego se refugian en el campus y de ese modo evitan que los cuerpos de seguridad los atrapen.

“Algunas personas se han valido de esa aprobación del Consejo Universitario para sacarle provecho político y otros para estar inmunes ante posibles represalias de las fuerzas de seguridad. Hay mucha gente que vive del delito”, sostiene Aure.

Néstor Sánchez, estudiante de Derecho en la noche, afirma que el hampa se desbordó en la UC. Considera que resulta más conveniente el patrullaje de la Guardia Nacional que el de la policía: “Como todo, tiene sus pros y contras, pero hay que hacer algo”.

Hace pocos días un grupo de estudiantes protestó para expresar desacuerdo ante la posible entrada de fuerzas de seguridad al campus de Bárbula.

Franmys Hernández, secretario del Centro de Estudiantes de Ciencias Jurídicas, aseguró que no permitirán la entrada de la Guardia Nacional porque vulneraría la autonomía universitaria.

Lo que dice la ley:

Art. 7 de la Ley de Universidades (1970): “El recinto de las universidades es inviolable. Su vigilancia y el mantenimiento del orden son de la competencia y responsabilidad de las autoridades universitarias; sólo podrá ser allanado para impedir la consumación de un delito o para cumplir las decisiones de los tribunales de justicia… Corresponde a las autoridades nacionales y locales la vigilancia de las avenidas, calles y otros sitios abiertos al libre acceso y circulación, y la protección y seguridad de los edificios y construcciones donde funcionen las universidades”.

Por: TIBISAY ROMERO VALENCIA
Educación| Política
EL NACIONAL