El memorando confidencial de
Petróleos de Venezuela, S.A.
PDVSA reportó la magnitud del descalabro financiero sufrido con las importaciones de alimentos de PDVAL y desglosó cómo los pagos de sobreprecios, las adquisiciones de productos vencidos y el pago por productos que nunca llegaron le acarrearon pérdidas al país por varios cientos de millones de dólares.
El informe, preparado un año antes de que estallara el escándalo de los contenedores de alimentos podridos de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), demuestra que las autoridades de PDVSA estaban al tanto de las irregularidades mucho antes de que comenzaran a aparecer contenedores con alimentos podridos en los puertos del país.
Presentado en abril del 2009 por el auditor general de PDVSA, Jesús Villanueva, el informe reveló que sólo el 25 por ciento de las 1,057,531 toneladas de alimentos compradas para mediados del 2008 había llegado a Venezuela seis meses después de que fueron pagadas, y que cerca de la mitad de esa porción quedó varada en el camino antes de que fuera distribuida en el país.
“La distribución efectiva de alimentos fue inferior a un 14 por ciento del total comprado y pagado, incurriendo en algunos casos en elevados costos de adquisición y fletes, y que a pesar de ello, no fueron manejados adecuadamente ni distribuidos de forma eficiente a la población venezolana”, resaltó el memorando obtenido por El Nuevo Herald.
Se desconoce si el restante 75 por ciento de los productos llegaron al país, pero las autoridades venezolanas pagaron una fortuna por ellos, señaló el documento.
Las importaciones fueron realizadas a un costo de $2,248 millones, monto que fue cubierto principalmente a través de la adquisición de préstamos contraídos por la Tesorería Corporativa de PDVSA, resaltó el memorando.
Según el ex asesor de planificación estratégica de PDVSA, Pedro Mantellini, el memorando demuestra cómo se han perdido todos los mecanismos de control internos de la estatal petrolera, convirtiéndola en suelo fértil para la corrupción.
El memorando apunta a una larga cadena de errores e irregularidades cometidos en las importaciones, las cuales fueron realizadas en el marco del Plan Batalla por la Soberanía Alimentaria, ordenada por Chávez a finales de 2007 para contener la crisis de desabastecimiento que sufría el país.
Los alimentos debían ser distribuidos por PDVAL, pero las adquisiciones recayeron sobre BARIVEN, filial de PDVSA.
El informe, que analiza las importaciones realizadas entre octubre del 2007 y junio del 2008, destacó que en muchos de los casos las transacciones fueron realizadas sin tomar en cuenta las mejores ofertas presentadas por los proveedores, generando un costo adicional calculado en unos $54 millones.
Por otro lado, el país habría perdido otros $109 millones por efecto de unas 26,839 toneladas de alimentos que perecieron después de haber sido nacionalizados.
Asimismo, la auditoría detectó la importación de productos de mala calidad e incumplimientos en los programas de entrega, lo cual exponía a los productos perecederos a dañarse.
También el informe señaló que el grueso de los pedidos fue otorgado a un pequeño número de empresas, las cuales concentraron un 70 por ciento de los pedidos totales.
“Unos $1,508 millones se colocaron a 10 empresas, de las cuales seis son intermediarios y no productores del ramo”, precisó el informe.
Cuatro de esas empresas estuvieron entre las compañías que recibieron pagos de anticipos sin que estuviesen obligadas a entregar garantías. Los pagos de anticipos pagados durante el período estudiado sumaron $111 millones.
El informe fue presentado un año antes de que estallará el escándalo de PDVAL, que comenzó en mayo del 2010 con el hallazgo de 30,000 toneladas de alimentos putrefactos en contenedores almacenados en el Puerto Cabello, el mayor del país ubicado en el estado de Carabobo (centro-norte).
Posteriormente, la oposición venezolana dijo que los alimentos descompuestos superaban las 130,000 toneladas, insistiendo en que el caso es un ejemplo de la “ineficiencia” de las empresas gestionadas por el Estado.
Por: ANTONIO MARIA DELGADO
adelgado@elnuevoherald.com
