Proponen usar la normativa
que rigió el periodo anterior

■ Los diputados de la alianza política afirman que el documento paraliza el trabajo legislativo.

Los parlamentarios de la Mesa de la Unidad Democrática acudieron al Tribunal Supremo de Justicia para introducir un recurso de nulidad contra el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, por considerarlo inconstitucional.

El Parlamento ya tiene dos meses en funciones sin aprobar una ley, ni definir la agenda legislativa de este año. El vocero de los legisladores, Juan Carlos Caldera, señaló que el documento aprobado en diciembre pasado es contrario al espíritu de debate parlamentario que establece la Constitución. “Este es un balance claro de que este reglamento no le sirve al país y no es útil para el trabajo de la Asamblea”.

Caldera, quien también es jefe de la fracción de Primero Justicia, explicó que la alianza política también solicitó una medida cautelar al máximo juzgado para que se ponga en vigencia el reglamento utilizado en el periodo legislativo pasado, mientras se decide el fondo del recurso. Hizo la misma propuesta a la directiva de la Asamblea. “Este instrumento permitía el funcionamiento de los distintos factores representados en el Hemiciclo”.

El abogado recordó que a los medios de comunicación privados no se les permite el acceso al salón de sesiones, lo que está establecido en la nueva normativa. “Es evidente la manipulación que se hace desde ANTV, y la manera como se cubre de manera sesgada lo que ocurre”.

Consideró que el reglamento otorga demasiado poder a la directiva del órgano legislativo.

“Somos tan diputados como ellos. Ellos lo que tienen es una mayor responsabilidad administrativa en el funcionamiento de la plenaria, pero no es posible que tengamos que pasar por el filtro de la directiva de la Asamblea Nacional para poder hacer nuestro trabajo”.

El jefe de la fracción de Un Nuevo Tiempo, Alfonso Marquina, coincidió con esos planteamientos y dijo que el objetivo es paralizar la actividad del Poder Legislativo. “Denunciamos la pretensión de liquidar la Asamblea Nacional”.

Marquina recordó que la llamada Comisión Consultiva, que está integrada por la Junta Directiva, los presidente de las comisiones permanente y tres diputados en representación de las fuerzas políticas, no ha sido convocada desde hace un mes. Exigió al presidente Fernando Soto Rojas que llame a esta instancia a una reunión.

“No se ha aprobado la agenda, no se discute, no hay diálogo en la Asamblea; lo que hay es un cierre técnico”.

Acotó que las comisiones permanentes apenas se han constituido y que todavía no se han creado las subcomisiones correspondientes. “El país está esperando lo mejor de nosotros, vamos a una mesa de diálogo de cara a los venezolanos”.

Agregó que los diputados opositores han propuesto leyes de contenido social. Entre ellas mencionó la reforma a la Ley de Alimentación, para que los jubilados y pensionados también reciban el bono alimentario; la ley para la recuperación de las industrias básicas de Guayana y la ley del primer empleo. “Cómo le explicamos al pueblo que se hayan suspendido todas las sesiones esta semana como una especie de octavita de Carnaval; los problemas de la inseguridad, la inflación y el desempleo no pueden seguir esperando”.

El legislador señaló que los diputados de la oposición continúan explicándoles a los ciudadanos los beneficios de las normativas que impulsan. “Nosotros seguimos conversando porque nos interesan beneficiar a 52% que representamos y también a 48% que no votó por nosotros”.

Contraloría paralizada:

Los inte- grantes de la Comisión de Contraloría Carlos Ramos y Andrés Velásquez denunciaron la paralización de esta instancia por cuarta semana consecutiva.

Ramos señaló que no existen razones que impidan el funcionamiento de la instancia. “Esta es una de las comisiones más importantes del Parlamento por tener bajo su responsabilidad el control de los recursos en manos del Poder Ejecutivo y demás poderes públicos del Estado venezolano”.

Señaló que el presidente de la comisión, Héctor Navarro, indicó que existen 1.151 casos pendientes para su estudio en 2010. “Presumimos que se trata de una táctica dilatoria para que estos casos no sean estudiados. Tampoco hemos recibido un informe de lo que fue presentado por los ministros en su comparecencia ante el Parlamento”, dijo.

Por: CARLOS CRESPO
ccrespo@el-nacional.com
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