¿Y la justicia…?

Cuando se escucha declarar a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, máxima exponente del Poder Judicial, de inmediato la mayoría de los venezolanos se pregunta por qué esta honorable magistrada se aleja tanto de lo que establece nuestra Constitución, en el sentido de que el Estado garantizará una justicia “imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita”. ¿Es tan difícil cumplir con este anhelo democrático y este imperativo constitucional? Lo raro y lo sorprendente recorre hace tiempo la justicia venezolana. No está lejos en la memoria aquella apertura del año judicial en que la mayoría de los jueces coreaba sin ningún tipo de vergüenza la frase: “¡Uh, ah, Chávez no se va!”, olvidando el principio constitucional que les impone lo siguiente: “Los jueces no podrán, salvo el ejercicio al voto, llevar a cabo activismo político partidista”.

Tampoco se puede olvidar la entrevista concedida a un medio de comunicación por la honorable presidenta del TSJ, en la cual se refirió a su desacuerdo con la separación de poderes, pieza fundamental de un Estado democrático y de derecho. Lo contrario, valga decir, la inexistencia de esa división de poderes, es la característica fundamental de los regímenes autoritarios y dictatoriales como Cuba, Libia y Zimbabue.

En estos días, la honorable presidenta del TSJ nos ha dado una de sus insólitas manifestaciones de imparcialidad cuando, con ocasión de la audiencia efectuada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con la inhabilitación política del ex alcalde de Chacao Leopoldo López, se manifestó contraria a cualquier medida favorable al demandante.

La magistrada Morales acotaba en sus declaraciones que la decisión de la Corte Internacional debía someterse a la aprobación del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Resulta poco menos que increíble el hecho de que la alta magistrada olvide el artículo 31 de nuestra carta magna que estipula todo muy claro: “El Estado adoptará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales”.

Además, la magistrada es una de las firmantes de la decisión del 18 de diciembre de 2008, mediante la cual la Sala Constitucional por ella presidida desconoció el fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenaba el reenganche de los jueces de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo, Juan Carlos Apitz, Perkins Rocha y Ana María Ruggeri.

No hay duda de que, ante una posible decisión a favor de Leopoldo López por la Corte Interamericana, la presidenta del TSJ ya ha adelantado su opinión en contrario de una manera reiterada y clara. Este hecho público y notorio la imposibilita de conocer una causa en contra del ex alcalde de Chacao en la Sala Constitucional del TSJ.

Honorable magistrada, usted está inhabilitada para este caso.

No actúe en contrario.

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