Han pasado dos meses y los
organismos no han actuado (I)

■ Contraloría y Fiscalía incumplen mandato de sancionar irregularidades en Pdvsa Gas Anaco.

■ Sobreprecio y tráfico de influencias en la industria en Anzoátegui fueron descubiertos por el Parlamento saliente.

La Contraloría General y la Fiscalía General de la República no han sancionado a los 11 empleados de Pdvsa Gas Anaco supuestamente incursos en irregularidades en la empresa petrolera en Anzoátegui, a pesar de que fue un mandato de la anterior Asamblea Nacional a pocos días del vencimiento de su período, el 3 de enero pasado. Es decir, han transcurrido dos meses sin que el contralor Clodosbaldo Russián y la fiscal general Luisa Ortega Díaz determinen las sanciones administrativas, políticas, penales, civiles, laborales o disciplinarias, si las hubiere.

Las últimas inhabilitaciones políticas impuestas por la Contraloría General, publicadas en la Gaceta Extraordinaria 6019, datan del 4 de febrero de 2011 y se refieren a las medidas contra siete legisladores del estado Yaracuy, a quienes también se les ordenó pagar una multa de 1.566 bolívares por cobros indebidos en la dieta. No hay resolución alguna sobre Pdvsa Gas Anaco en las páginas oficiales de la instancia contralora, del Ministerio Público ni del Tribunal Supremo de Justicia.

Expediente negro:

Un retardo procesal ha caracterizado este caso que data de 2005 y que fue consignado en diversos organismos del Estado por la Superintendencia Nacional de Asuntos Internos de Prevención y Control de Pérdidas Pdvsa Gas.

A los denunciantes se les persigue e incluso se les califica de no aptos para permanecer en la industria petrolera, sólo por presentar el caso a las autoridades, que es lo que en definitiva ha pedido el presidente Hugo Chávez.

El Expediente Corrupción Pdvsa Gas Anaco fue entregado en Miraflores, el Ministerio Público, la Contraloría General y el Parlamento hace seis años, como señalan correspondencias enviadas a esas instancias, pero fue a principios de 2011 cuando el Legislativo saliente instó a los organismos del Estado a actuar contra los empleados petroleros.

El daño patrimonial en la entidad oriental fue calculado para 2005 en 100 millones de bolívares (100 millardos para la época), según un informe de la Superintendencia Nacional de Prevención y Control de Pérdidas Pdvsa Gas, que puso al descubierto una serie de irregularidades que El Nacional publicará a partir de hoy.

La Comisión de Contraloría del Parlamento detectó en 2010 ilícitos en una obra que fue adjudicada a familiares de los gerentes petroleros y que no se ejecutó, lo que violó la Ley de Contrataciones Públicas.

En el informe de la Superintendencia de Pérdidas Pdvsa Gas, avalado por el Parlamento, se señala que la empresa Servisan presentó un presupuesto de 280.366.295 bolívares de los viejos; sin embargo, fue descalificada y los trabajos fueron adjudicados directamente a Ecoinca, firma que cobraría 1.280.824.000 bolívares de los viejos; es decir, incurrió en un sobreprecio de 357%.

“Los hechos se circunscriben a una suerte de cooperación y concierto entre contratados y contratantes, pues fueron incluidos familiares en un proyecto que no se estaba ejecutando y cuya responsabilidad recaía sobre Pdvsa Gas Anaco. Se evadieron las leyes de contrataciones públicas y de licitaciones”, dijo el diputado Giovanny Peña a principios de 2011, cuando le correspondió presentar las conclusiones a la plenaria en su condición de vicepresidente de la Comisión de Contraloría.

La instancia parlamentaria desestimó una segunda denuncia de la Superintendencia Nacional de Prevención y Control de Pérdidas Pdvsa Gas: las anormalidades en la construcción de dos fosas en Anaco, cuyo fin era resguardar material reactivo petrolero.

Premios, no castigo:

El Parlamento señaló como presuntos responsables de los hechos en Pdvsa Gas Anaco, de acuerdo con la Gaceta Oficial 39590, del 10 de enero de 2011, a las siguientes personas: Wenceslao Madail Lariao (gerente de distrito Pdvsa-Gas Anaco) y Beatriz Helena Rodríguez de Ficara (gerente de contratación de Pdvsa-Gas Anaco). Los delitos cometidos serían: “Acciones y omisiones que originaron la violación y el irrespeto de las normas a fin de evadir los procedimientos administrativos (…) y favorecer a particulares con el otorgamiento de contratos de proporciones onerosas”.

Madail Lariao fue jubilado de la empresa petrolera, una vez que se conoció la decisión del Parlamento, de acuerdo con reportes de recursos humanos de Pdvsa.

Henry Ficara Segnini (planificador de proyectos de la empresa Ecoinca) y Marianela Rojas (asistenta legal de la Gerencia Técnica de Contratación de Pdvsa Gas-Anaco y ahora supervisora de Servicios Organizacionales de Pdvsa). Se les acusó de tráfico de influencias con empleados públicos y de “recomendar estructuras de costos de notables diferencias en sus partidas”.

La lista incluyó al coronel José Luis Salazar Rodríguez, Gabriel Bolado Zambrano, Ovidio Delgado Ramírez, Guillermo Martínez, Antón Castillo, Javier Zavala, Luis Díaz Sifontes y Henry Brito González. A ellos se les atribuye “negligencia e inobservancia de conducta funcionarial comprometida en todos y cada uno de los presuntos ilícitos administrativos” y daño patrimonial.

Por: HERNÁN LUGO-GALICIA
hlugo@el-nacional.com
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