conforme con la libertad condicional
Los dirigentes del Movimiento Solidaridad Laboral, quienes plantearon esta semana un paro general por dos horas a nivel nacional, mantienen la propuesta, pese a que el secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, está desde ayer bajo libertad condicional.
Orlando Chirino, coordinador nacional de la agrupación, manifestó que el Gobierno nacional mandó a anular la medida privativa de libertad ante la presión de los trabajadores y de otras organizaciones.
Chirino aseguró que está planteado mantener la propuesta de paro nacional por dos horas y la movilización en defensa de la libertad sindical, cuya realización estaba prevista para el 26 de marzo en Caracas, y fue reprogramada para el 11 de marzo en Ciudad Guayana, estado Bolívar.
“Un grupo de dirigentes sindicales estamos planteando la urgente necesidad de unirnos para defender la autonomía sindical y los derechos de los trabajadores porque este es un Gobierno antiobrero”, sostuvo.
Chirino aseguró que la liberación es una victoria del movimiento sindical en pleno.
Sin embargo, el propio Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera, no está conforme con su libertad condicional.
“No estoy totalmente satisfecho. No me merezco una libertad condicional”, dijo González en una rueda de prensa desde la sede de Patrulleros del Caroní, apenas se tramitó su boleta de excarcelación.
Vuelta atrás:
El sindicalista de Ferrominera pasó 17 meses en prisión por una protesta laboral desarrollada en la sede de Ciudad Piar de Ferrominera del Orinoco, y este lunes fue sentenciado por el Tribunal Sexto de Juicio, a cargo de la jueza Magda Hidalgo, a 7 años, 6 meses, 22 días y 12 horas de prisión, al tiempo que ratificó la medida privativa de libertad. Los delitos imputados fueron agavillamiento, restricción del derecho al trabajo, cierre de vías, instigación a delinquir y violación de las zonas de seguridad.
No obstante, ayer en la mañana se dio a conocer una sentencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), firmada por la magistrada Ninoska Queipo, que le otorgaba una medida sustitutiva de la privativa de libertad sin mayores explicaciones, en otras palabras, su libertad condicional.
Tras agradecer a Dios, a su familia, amigos, al Gobierno, a la dirigencia sindical, a los movimientos estudiantiles y a todos los que apoyaron su causa, González indicó que su único pecado fue representar a los trabajadores de la empresa básica en sus demandas laborales.
Al tiempo que agradeció al Gobierno por las gestiones realizadas para su liberación, lo criticó porque la imputación de delitos a dirigentes sindicales y trabajadores coarta las libertades sindicales y criminaliza la protesta laboral. Recordó que la misma está garantizada en la Constitución Nacional y en la Ley Orgánica del Trabajo.
Si bien el secretario general de Sintraferrominera se declaró revolucionario, resaltó la necesidad de que las organizaciones sindicales se unan porque “los intereses de los trabajadores no tienen color político”.
“Tenemos diferencias ideológicas entre nosotros, pero un fin común: defender a los trabajadores”, dijo.
Tras la rueda de prensa, González participó en una larga caravana que partió rumbo a los portones de Ferrominera, donde los trabajadores recibieron al dirigente sindical con una asamblea. Desde allí, González partió a Ciudad Piar, estado Bolívar, donde vive.
Apelarán la condena:
Por su parte, Ítalo Atencio, abogado del sindicalista, señaló que seguirán con el camino que definieron cuando se conoció la sentencia de la jueza Hidalgo. Esto quiere decir que acudirán a la corte de apelaciones del estado Bolívar para exigir la anulación de la condena, pues recordó que la misma no fue invalidada por la sentencia del TSJ que otorgó la libertad condicional a González.
Atencio manifestó que no existe irregularidad alguna con el fallo del máximo tribunal del país, pues en el artículo 18 de la Ley del TSJ se estipula que cualquiera de las salas del ente judicial podrá actuar de oficio cuando así lo amerite.
Relató que fue evidente la injusticia que cometió con el dirigente de Ferrominera, cuyo juicio calificó de irregular.
“Hubo comunicaciones del canciller Nicolás Maduro y de varias personas del Gobierno que apoyaron a Rubén. Inclusive el Presidente Chávez quería su libertad”, detalló Atencio.
Régimen de presentación:
Pero los sindicatos exigen la libertad plena de González y otros 200 dirigentes y trabajadores (94 de ellos son de Guayana) que están bajo régimen de presentación por realizar protestas y huelgas para exigir derechos laborales como el cumplimiento de la contratación colectiva El abogado Jesús Urbieta, ex miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, señaló después de la movilización obrera por la liberación de González, que el Frente Autónomo de Defensa del Empleo el Salario y el Sindicato y el Movimiento de Solidaridad Laboral deben introducir ya y con carácter de urgencia el caso ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT.
“El objetivo de esta gestión es el sobreseimiento de todos los juicios y medidas cautelares contra sindicalistas y trabajadores por la política de Estado de criminalizar la protesta”, dijo Urbieta. Agregó que el comité llevará la queja a la reunión del consejo de administración de la semana próxima en Ginebra, Suiza, para que esa instancia fije posición y pida al Gobierno la exoneración judicial.
Refirió que se deben derogar todas las normas administrativas y legales venezolanas que colidan con los convenios 87, 98 y 101 de la OIT sobre la defensa del derecho humano a la protesta y la huelga, la libertad sindical, la contratación colectiva y la no discriminación.
Por: SUHELIS TEJERO PUNTES
MARÍA RAMÍREZ CABELLO
LABORAL| EL UNIVERSAL
viernes 4 de marzo de 2011
