Fondur levantó la urb. por la crisis
habitacional posterior a 1999
■ Investigación exclusiva reveló los que viven en ellas son del gobierno y no damnificados.
■ Clavado sobre una colina, el complejo tiene vecinos tan célebres como el presidente de Cadivi y el director de la DIM, Los hermanos Pedro y Hermes Carreño.
Town houses VIP:
Caracas, Fuerte Tiuna.- Pedro Carreño y Eliézer Otaiza son vecinos, el Gobierno les dio casa en el mismo lugar. Los nombres del ex ministro de Interior y Justicia y del ex director del Servicio Nacional de Contrataciones saltan entre los venezolanos que recibieron town houses en una loma de Tazón. También el del presidente de Cadivi, Manuel Barroso, el ex ministro de Alimentación, Rafael Oropeza, o la máxima autoridad de la Dirección de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal. Y la lista es más larga…
El poder Ejecutivo otorgó viviendas a varios de sus más altos funcionarios en el complejo Bosque Valle, un urbanismo proyectado en el año 2000 para dar solución a la emergencia habitacional que el presidente de la República, Hugo Chávez, decretó tras la vaguada del estado Vargas.
Vivienda propia:
El portal electrónico del Ministerio para la Vivienda y Hábitat indica que el Fondo Nacional de Desarrollo Urbano, Fondur, adjudicó casas a esos y otros servidores públicos. Se trata de una situación que varios empleados de ese organismo revelan bajo el anonimato, y que ratifica la base de datos del Sistema Integrado de Gestión, tras ingresar la cédula de cada beneficiario.
Lejos del ciberespacio, los albañiles y guachimanes de Bosque Valle también indican que remodelan, cuidan y acomodan las casas de personeros del alto Gobierno. Celosos de la discreción, advierten que sus patrones no están, pero corroboran sus nombres para quienes piden dejarles recados. Si eso no basta, Carreño y Otayza confirmaron esta semana que recibieron casas del Gobierno del cual formaron parte. Dicen, sin embargo, que tienen el mismo derecho de los venezolanos que carecen de una vivienda propia.
Privilegios:
Aire fresco entre pinos Emplazada en una de las montañas que configuran la zona de seguridad de Fuerte Tiuna, y sin viandantes que perturben la tranquilidad de un complejo al que no llega el transporte público, los 335 apartamentos y 86 town houses de Bosque Valle integran un urbanismo silencioso, con una brisa que acompaña la vista de un lugar clavado entre pinos y las aguas del embalse La Mariposa.
Todo queda en familia:
Los carros que circulan por la frontera del municipio Libertador apenas tienen eco en la urbanización que levantó el Gobierno al pie de la bajada de Tazón. En Bosque Valle ni siquiera se sienten todos los vecinos. Aunque una placa anuncia -en la entrada- que el Presidente de la República inauguró ese lugar en octubre de 2006, buena parte de los copropietarios no se han mudado.
Carreño, por ejemplo, no tiene fecha para hacerlo. Al ex diputado y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela le entregaron una vivienda de dos plantas, pero se propone concluir unas mejoras antes de disfrutarla. “Me mudaré cuando termine de arreglar la casa”, señala. “Uno va adaptándola en la medida de las posibilidades”.
Conciente de que Venezuela atraviesa una crisis habitacional, dice que carece de techo propio desde que se divorció de su ex esposa, y por si a las dudas, añade que hace su vida entre un cuarto de hotel de Caracas y una casa en Barinas, que no es de su propiedad. El ex ministro de los zapatos Gucci y corbata Louis Vuitton cree, de cualquier modo, que “indistintamente del cargo, todo ciudadano tiene derecho a una vivienda”.
Carreño desconoce los criterios que empleó el Gobierno para repartir casas por casi 80.000 bolívares fuertes a funcionarios como el mismísimo ex ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Jorge Isaac Pérez Prado. Tampoco sabe por qué muchos de los beneficiarios de las mejores unidades habitacionales de ese urbanismo son o fueron gerentes y directivos de organismos como la Oficina Nacional Antidrogas, la Misión Identidad, el Seniat e Ipostel. “Es una pregunta que hay que hacérsela a Fondur”, concluye.
Todo quedó en familia Fondur, sin embargo, cerró las puertas la semana pasada, por disposición del decreto presidencial 5.910. El organismo adscrito al Ministerio para la Vivienda dejó de existir el 31 de julio sin despejar dudas que se tejen sobre Bosque Valle.
Actas de adjudicación:
Douglas Vásquez Orellana, quien fuera el último presidente de esa institución, desconoce las razones por las cuales los town houses fueron repartidos hasta a personas de la misma familia, como el ex titular del MIJ y su hermano, Hermes Josues Carreño Escobar. Señala que en ese momento no estaba al frente del organismo.
El funcionario quiere partir de la premisa de que todos somos iguales ante la ley. Cree que “el hecho de que alguien sea ministro no lo excluye de recibir viviendas”, y aunque evita los casos puntuales, señala que las solicitudes fueron procesadas hace años: “A Pérez Prado le dieron esa casa cuando no era ministro”. Razón no le falta, pero el acta de adjudicación 010010060033 indica que ese funcionario recibió la propiedad el 7 de octubre de 2006, cuando presidía el Instituto Nacional de la Vivienda, otro ente que edifica casas.
Vásquez Orellana salva de todas formas su responsabilidad y destaca que se trata de un acto administrativo que tuvo lugar antes de que presidiera Fondur: “Esas adjudicaciones fueron manejadas directamente por la Dirección del despacho del Ministerio para la Vivienda, cuando el vicepresidente Ramón Carrizález era ministro”.
El Gobierno se pagó y se dio el vuelto:
Es algo que coincide con la posición del Ministerio para la Vivienda. A través de un comunicado, su departamento de prensa señaló al segundo a bordo del Ejecutivo: “El proceso de adjudicación de las 421 unidades habitacionales se realizó previa autorización del entonces ministro Ramón Carrizález”. En la Vicepresidencia, sin embargo, ignoraron varias solicitudes de información sobre el tema y descartaron la posibilidad de preguntar a Carrizález si he aquí un caso en el que el Gobierno se pagó y se dio el vuelto.
Vásquez Orellana deja claro, no obstante, que las casas y edificios de Tazón fueron levantadas por Fondur en convenio con el Ministerio de la Defensa, para dar techo a oficiales de la Fuerza Armada Nacional. “Se construyó de acuerdo con el decreto de emergencia ordenado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, luego de la tragedia ocurrida en el estado Vargas, cuando el general Víctor Cruz Weffer presidía Fondur”, añade el comunicado del Ministerio.
Faltan 3 millones de casas:
El Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales calcula un déficit de 3 millones de unidades habitacionales en todo el país. Hay cola por casas y los damnificados la han hecho a las puertas del Ministerio, durmiendo en la acera de ese organismo y hasta en operativos con sede en el hipódromo de La Rinconada y Fuerte Tiuna.
Tras el referendo revocatorio, Chávez pidió el 24 de agosto de 2004 nadar a contracorriente de los vicios del pasado, para garantizar techo a los necesitados. Con pases en vivo al interior del país, el Presidente aprovechó la entrega de 460 viviendas en diferentes estados, para denunciar que algunos de sus colaboradores levantaron casas de dos pisos a espaldas suyas. “¡Qué town house ni que town house, chico! Eso es pa’los ricos”, sentenció. “Esta platica que tenemos nosotros es para los pobres en primer lugar, y la clase media, y la clase media no vive en town house”.
Se benefician del Estado:
Las protestas que claman por casas han copado la agenda de los últimos años y entre ellas hay quejas alrededor del urbanismo de Tazón. Más de 200 personas denunciaron el 20 de noviembre de 2006 que fueron excluidas de ese proyecto, después de cancelar casi 5.000 bolívares fuertes de inicial. Eso fue noticia en la prensa y en el informe sobre derechos humanos, que la organización no gubernamental Provea presentó ese mismo año.
El coordinador general de Provea, Marino Alvarado, señala que las denuncias de Bosque Valle son un ejemplo de varias viviendas que el Gobierno asignó a dos y tres familias. Provea demandó el año pasado a Fondur por 14 casos similares, de los cuales ya ganó una docena de ellos.
Una de las razones que la Contraloría General de la República argumentó para inhabilitar a Leopoldo López, fue una donación que recibió en 1998 la entonces asociación civil Primero Justicia, de manos de la gerencia de Pdvsa que administraba la mamá del alcalde de Chacao, Antonieta Mendoza. En Bosque Valle, sin embargo, no han visto irregularidades; en el organismo que dirige Clodosbaldo Russián informan que no han registrado ni recibido denuncias sobre el caso.
Al margen de las leyes y sus interpretaciones, en Tazón hay cosas que no lucen bien, al menos para Alvarado. Más allá de imputar delitos a funcionarios que se beneficiaron del Estado, el directivo de Provea cree que en tiempos de emergencia la prioridad no está cerca de las esferas del poder. “No es que un ministro no tenga derecho a una vivienda, sino que en situaciones como esta hay otros con más necesidad”, concluye.
Por: Joseph Poliszuk
@jopoliszuk
jpoliszuk@eluniversal.com
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CARACAS, martes 01 de Marzo, 2011
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