Casos de petroleras comprometen
capacidad financiera de Pdvsa

■ En el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones siguen pendientes 13 casos.

Las 13 demandas pendientes contra el Estado venezolano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ascienden a más de 40 millardos de dólares, y comprometen los activos de la República en cualquier parte del mundo.

De las 20 demandas publicadas en el registro del Ciadi contra el país, sólo 13 están activas y 7 han concluido. De éstas, algunas se han cerradas luego de un arreglo amistoso con el Gobierno y otras por falta de acción de los demandantes. También existe un juicio por comenzar, que será el emprendido por la empresa minera canadiense Crystallex, anunció la firma el 17 de febrero.

“El monto acumulado contra la República es superior a 40 millardos de dólares”, expresó vía telefónica Victorino Tejera, experto en arbitraje internacional. Señaló que es difícil tener una cifra exacta de la sumatoria de las demandas, por cuando muchas empresas no divulgan los montos. “Sin embargo, las dos más grandes, que son las de las petroleras, están por encima de ese monto”, indicó.

La estadounidense Conoco exige un pago de 30 millardos de dólares como compensación por la reversión del contrato que tenía para explotar un yacimiento de la faja del Orinoco. La de Exxon Mobil es por 10 millardos de dólares.

A eso habría que sumarle los requerimientos de las empresas mineras, un sector muy afectado por las expropiaciones como el petrolero. “La empresa Gold Reserve, el yacimiento de Las Cristinas en el estado Bolívar, demandó por 1 millardo de dólares”. Crystallex informó que reclamará una compensación de 3,8 millardos de dólares.

El resto de las demandas corresponde a montos menores.

En el caso de Cemex, la compañía exige 1,3 millardos de dólares.

Peligro de default:

Las demandas petroleras son las más preocupante, porque una eventual decisión en contra del Estado comprometería la situación financiera de Petróleos de Venezuela, ya de por sí delicada por las condiciones de flujo de caja que tiene en estos momentos, advirtió Francisco Oliveros, director de Ecoanalítica.

“Los montos que piden las compañías no son siempre los que se terminan pagando.

Por eso, calculamos que entre Conoco y Exxon Mobil la suma que tendría que cancelarse asciende a 9,2 millardos. La información que tenemos es que el Ciadi emitirá una decisión en los próximos meses con relación a estos casos, y por lo menos ese es el monto que Venezuela tendría que pagar”, agregó.

Oliveros duda que la industria petrolera esté en capacidad de desprenderse de esa cantidad. “Si no se paga, se entraría en default, y eso tendría efectos adversos en los bonos emitidos por Pdvsa”. Si el Gobierno no paga, se ejecuta la demanda contra los bienes patrimoniales de la nación fuera de Venezuela, que la mayoría pertenece a Citgo. Sólo estarían a salvo las embajadas y las aeronaves militares o de uso público.

Ecoanalítica afirma que el Gobierno ha gastado 27,4 millardos de dólares en estatizaciones o expropiaciones. De esa cantidad, sólo ha cancelado 9,6 millardos de dólares.

El Ejecutivo ha justificado las expropiaciones con el argumento de que los sectores afectados “son estratégicos”.

Sin embargo, Pedro Rengel, abogado experto en arbitraje, señaló que los casos que están en el Ciadi se deben a “incumplimiento de la República de alguno de los estándares de protección a las inversiones extranjeros: pago por justa compensación, fair and equal treatment y cláusula de la nación más favorecida”.

Cierre de expedientes:

Expertos señalan que dos de las siete causas que se han concluido obedecieron a falta de acciones del demandante por razones económicas. El primero es el de la compañía de arquitectura estadounidense Grad Associates, que había obtenido un contrato para construir una prisión en Guayana.

El segundo caso es el de I&I Beheer B.V., que en 2005 exigió compensación por unos bonos de Bandagro, emitidos en los años noventa. En junio de 2008, el Ciadi declaró la extinción del caso y eximió al Estado de pagos. Fuentes jurídicas apuntan que ambos demandantes se quedaron “sin gasolina” para continuar con el proceso. En otros cinco casos hubo negociación entre las partes, pero por formalidades jurídicas no han salido del sistema del Ciadi.

En el accionado por la Autopista Concesionada de Venezuela el arbitraje falló en contra de Venezuela, por la suma de 13 millones de dólares, en 2003. La cementera suiza Holcim negoció con el Ejecutivo ­en 2009- un pago de 552 millones de dólares.

El grupo inglés Vestey, dueño de la compañía agrícola Agroflora, convino un pago de 2 millardos de dólares. La compañía petrolera italiana ENI negoció y obtuvo participación en otros proyectos petroleros. El más antiguo, emprendido por Fedax por unos bonos emitidos por el Ministerio de Defensa, llegó a un laudo arbitral.

Por: FABIOLA ZERPA
fzerpa@el-nacional.com
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