El Aissami se comprometió a agilizar
la excarcelación de siete personas
■ Jueces no han firmado las boletas por retardo ministerial y del Poder Judicial, aseguraron abogados.
■ Cinco presos políticos esperan que Gobierno cumpla su promesa
Retardo, esa es la razón por la que cinco de los siete presos políticos con los que el Gobierno se comprometió a agilizar la imposición de medidas sustitutivas de cumplimiento de las penas aún siguen encarcelados.
Silvio Mérida Ortiz, Felipe Rodríguez y Otto Gebauer permanecen detenidos por retrasos del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, que hasta ayer no había enviado a los tribunales los exámenes psicosociales que les practicaron el martes y que son necesarios para que les otorguen los beneficios procesales.
Los policías metropolitanos Marcos Hurtado y Arube Pérez continúan en Ramo Verde por la parsimonia del Poder Judicial. Aunque el fallo en su contra quedó firme en mayo de 2010, el Tribunal Primero de Ejecución de Maracay ni siquiera ha dictado el auto de ejecución, en el que se establece cuándo culmina la condena del penado y cuándo puede optar por beneficios como la libertad condicional.
Desde que los 90 jóvenes que estaban huelga de hambre en todo el país para exigir el respeto de los derechos humanos levantaron la protesta el pasado martes, sólo han sido dejados en libertad condicional los diputados Biagio Pilieri, que se juramentó el jueves en la Asamblea Nacional, y Freddy Curupe, que espera hacerlo la próxima semana y que ayer cumplió la promesa que le hizo a la Virgen María Inmaculada de caminar desde la iglesia Cristo de Jose hasta Puerto Píritu si quedaba en libertad.
Claudia Mujica, abogada de Mérida Ortiz, dijo que en el Tribunal Séptimo de Ejecución de Caracas le indicaron que el despacho de El Aissami no ha enviado los resultados de las evaluaciones. Explicó que el último auto que reposa en el expediente de su defendido es una orden de traslado al juzgado para el lunes.
Ana Mercedes de Gebauer, esposa y abogada de Gebauer, afirmó que mantendrán la presión en tribunales hasta que los documentos estén completos.
Mérida Ortiz fue condenado a nueve años de prisión por las explosiones ocurridas en 2003 en dos consulados y está preso desde noviembre de ese año.
Rodríguez fue sentenciado por esos mismos hechos y está detenido desde 2005, mientras que Gebauer fue condenado a 12 años de cárcel por haber custodiado al presidente Hugo Chávez cuando fue llevado a La Orchila en abril de 2002. Está encarcelado desde 2004.
Metropolitanos:
La puesta en libertad condicional de los policías metropolitanos Pérez y Hurtado se tardará más que los tres casos anteriores.
José Luis Tamayo, abogado de los uniformados que fueron condenados a más de 16 años de prisión por los hechos de abril de 2002, explicó que a sus defendidos no les han practicado los exámenes psicosociales.
“No pueden hacerles esa prueba si el tribunal ni siquiera ha dictado el auto de ejecución”.
El penalista espera que estén en libertad en menos de dos semanas.
Caso Pilieri:
Norma Delgado, abogada del diputado Pilieri, indicó que la segunda oportunidad para constituir el tribunal con personas de la sociedad civil que juzgará por tercera vez al parlamentario por los mismos hechos quedó para el 2 de marzo. En la primera ocasión no se presentó nadie.
Teme que los convocados no acudan y que el único encargado de dictar sentencia contra su defendido sea el juez.
Condecoración:
El Consejo Legislativo del Estado Miranda sesionó ayer frente a la sede de la Organización de Estados Americanos en Caracas, donde los estudiantes del movimiento Juventud Activa Venezuela Unida se mantuvieron en huelga de hambre por 23 días para exigir respeto por los derechos humanos y la libertad de los presos políticos en el país.
Los universitarios fueron condecorados por el presidente del Poder Legislativo de Miranda, Michele Ferrandina, quien los felicitó por su valentía.
Entre los huelguistas se encontraba Andrea Forero, hija del comisario de la Policía Metropolitana Lázaro Forero, que fue sentenciado a 30 años de cárcel por los hechos del 11 de abril de 2002.
El diputado afirmó que lo ocurrido demuestra que en Venezuela la justicia es un instrumento de intimidación y de chantaje para someter al adversario.
Por: DIANA LOZANO PERAFÁN
dlozano@el-nacional.com
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