Presuntos cobros ilegales por
la expedición de pasaportes
•Joven cónsul venezolano en polémico video
En la representación cónsules con ciudadanía estadounidense que trabajan sin autorización del Departamento de Estado, supuestas adquisiciones irregulares de teléfonos satelitales y el despido de empleados por supuestamente haber escrito quejas anónimas, son algunas de las alegaciones que han desatado una crisis en el Consulado de Venezuela en Miami.
Algunos de los funcionarios despedidos en octubre luego de ser humillados públicamente por el cónsul general, según lo denunciaron, han presentado estas y otras quejas ante la embajada de Venezuela en Washington, la Presidencia y la Cancillería, pero no han obtenido respuesta.
“Los años que dedicamos a trabajar para los venezolanos en el exterior y donde muchas personas nos conocen por nuestra responsabilidad con el pueblo venezolano, honor y honestidad, no pueden quedar marcados por la corrupción de un grupo de ambiciosos”, afirmó Roraima Cabezas, una de las funcionarias administrativas despedidas y quien se declaró simpatizante del presidente Hugo Chávez.
El cónsul general Antonio Hernández Borgo, quien lleva 11 años en su cargo, dijo a El Nuevo Herald que ninguna de las denuncias tiene sustento probatorio y que ha demostrado que todas son falsas frente a sus superiores en Caracas.
“Que yo cobro por dar un cita, que traigan la prueba, pero de verdad, y yo ahí delante pongo el cargo a la orden [. . .]. Ellos me están difamando”, declaró Hernández en una entrevista telefónica desde Venezuela donde esperaba una cita con el canciller Nicolás Maduro.
Hernández, quien trabajaba en un expendio de pinturas de Miami cuando fue nombrado cónsul por Chávez, su compañero de armas, aseguró que su única propiedad en Estados Unidos es una motocicleta.
La embajada de Venezuela en Washington no respondió preguntas de El Nuevo Herald sobre el trámite que se le dio a las denuncias presentadas personalmente por las ex funcionarias.
En medio del escándalo se dio a conocer un video en internet en donde el joven cónsul de segunda Cirilo Rodulfo, cuya función es promover la cultura, aparece admitiendo que es fanático de la pornografía y se le ve haciendo gestos obscenos y eructando deliberadamente.
El video, que originalmente fue colgado en la red para un programa en línea de Rodulfo y un acompañante, fue editado posteriormente por otras personas, no identificadas, que agregaron música e intercalaron leyendas en la que deploraban el lenguaje del cónsul de 25 años.
“Yo soy fanático del porno, me gusta, soy honesto y abierto”, dice Rodulfo en inglés y en otra se le escucha dirigirse a su acompañante como “retardado de m. . . .”.
Rodulfo no respondió llamadas de El Nuevo Herald. Hernández dijo que conocía el video pero que las expresiones de Rodulfo se produjeron antes de que empezara a trabajar en el consulado en el 2008.
Tres ex funcionarias residentes del sur de la Florida despedidas bajo sospechas de Hernández de que enviaron quejas anónimas al gobierno, explicaron a El Nuevo Herald que se sienten frustradas porque no han recibido respuesta a sus denuncias. Desde que las presentaron con sus nombres, dijeron, han sido víctimas de insultos y amenazas anónimas.
Las tres negaron que hubieran sido las autoras de los anónimos que desataron la ira de Hernández.
Una de las ex funcionarias, Joanna Tovar, quien no se identifica con el gobierno chavista, aseguró que ella y su hermano de 18 años han sido amenazados por teléfono y en su página de Facebook, situación que ya puso en conocimientos de autoridades federales.
“Cualquiera que sea nuestra posición política, no se puede consentir la corrupción y menos que el cónsul nos amenace verbalmente diciendo que como enemigo es el peor”, dijo Tovar al recordar las palabras de Hernández durante una reunión con el personal de la sede diplomática.
Las denuncias señalan que tanto Rodulfo y Daniela Penso de Martorell, otra funcionaria del consulado, realizan gestiones consulares en Miami pese a que ambos son estadounidenses.
De acuerdo con la ley, los ciudadanos estadounidenses no pueden desempeñar este tipo de funciones para un gobierno extranjero.
Hernández explicó que Penso, quien trabaja desde hace nueve años en el consulado, y Rodulfo, “están en comisión” y no firman ningún papel consular.
“Esos muchachos efectivamente son ciudadanos norteamericanos, pero ellos están haciendo una pasantía porque se están preparando para que eventualmente vayan a otro destino”, explicó Hernández.
Sin embargo, un documento interno del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, conocido por El Nuevo Herald, muestra que el cargo de cada uno de los funcionarios es “cónsul de segunda” y en ninguna parte se aclara que son pasantes o en comisión.
Hernández afirmó que la condición de cónsules en comisión no se refleja en ese documento sino en la resolución de nombramiento que no está autorizado a divulgar.
Penso declinó hablar con El Nuevo Herald.
Otra irregularidad denunciada es la adquisición de un teléfono satelital Iridium por $6,380 y una tarjeta SIM de 1,000 minutos por $5,200.
La compra no se hizo a través del consulado como es el conducto regular, sino de la cónsul Silvia Padrón, quien pagó con su dinero y luego recibió un reembolso del consulado con un cheque girado a su cuenta.
Hernández dijo que la adquisición se hizo de esa manera por la premura de donar el equipo a Haití, a raíz del terremoto. Pero El Nuevo Herald obtuvo la factura que indica que la fecha de compra fue el 16 de julio del 2009, seis meses antes de la tragedia de Puerto Príncipe.
Ante la discrepancia, Hernández explicó que se habían comprado varios teléfonos satelitales en diferentes fechas y que está dispuesto a demostrar a quién se le entregaron.
“Por la inmediatez compraron con tarjeta de crédito y luego se le pagó a quien pagó el teléfono. Eso fue una cosa de emergencia, no fue normal”, aseguró Hernández.
Bianka Hurtado, una ex funcionaria que fue despedida, hija de un activo miembro del partido de gobierno en Venezuela, explicó a El Nuevo Herald que su preocupación y la de sus compañeras comenzó por la creciente ola de comentarios de amigos y conocidos que se quejaban de que estaban cobrando hasta $500 por obtener o agilizar la expedición de pasaportes venezolanos en el consulado.
“Nos decían que el consulado era un nido de corrupción”, explicó Hurtado.
Hurtado, junto con Tovar y Cabezas, relató que en el desarrollo de sus funciones en diferentes posiciones del consulado detectaron algunas inconsistencias en la expedición de los pasaportes y de certificados de uso de automóviles.
Los certificados son expedidos para eximir a los venezolanos de pagar impuestos de importación de automóviles que adquieran en Estados Unidos siempre y cuando lo hagan durante un período de vacaciones de 11 meses continuos en este país.
De varias de las sospechas sobre irregularidades, Hernández tuvo conocimiento, aseguraron las denunciantes. Hernández no lo niega. Dijo a El Nuevo Herald que una periodista venezolana le habló del problema de cobros por pasaportes y que él le dijo que estaba dispuesto a autorizar que tomara un video de una operación de pago del documento.
“Te autorizo que traigas una cámara y ahí, en vivo, yo boto a la persona que está involucrada”, recordó Hernández que dijo a la reportera.
De acuerdo con las denunciantes, la situación se fue tornando incómoda para ellas, hasta que el martes 19 de octubre, Hernández citó a una reunión de todo el personal ordenando que no llevaran celulares ni carteras.
La reunión se convirtió en un juicio “vulgar”, “intimidante” y “abusivo”, explicó Tovar.
Visiblemente agitado, según los testigos, Hernández dividió a los empleados en tres grupos a los que llamó los malos, los buenos y los “ninis” (ni buenos ni malos).
“Yo sí me iba enardeciendo cada vez que pasaba a un punto diferente”, admitió Hernández. Lo que más le molestaba, dijo, era que se habían sacado ilegalmente documentos del consulado.
Con palabras fuertes y alardeando de su amistad con Chávez y Maduro, agregaron los testigos, Hernández señaló al grupo de los acusados de haber sido los autores de un anónimo enviado al gobierno de Venezuela.
“Era un panfleto de 12 páginas diciendo las miles de barbaridades”, dijo Hernández. ‘‘Que yo era un ladrón, que estábamos vendiendo pasaportes”.
“Les dije [a los empleados]: los autorizo a todos a que vean mis cuentas, las de mi esposa, las de mis hijos, que miren debajo del colchón a ver si yo tengo dinero. Si tuviera $7 millones, como dicen ellos, no estuviera aquí sentado”, agregó Hernández.
A la pregunta de cómo estaba seguro de que los señalados por él –cinco funcionarios y dos cónsules– habían sido los autores del panfleto, Hernández respondió: “Uno por algo tiene 60 años y ha aprendido un poquito [. . .]. Ellos mismos cuando empecé a leer el panfleto, con el lenguaje corporal, empezaron a delatarse”.
Las tres funcionarias despedidas negaron categóricamente que hubieran sido las autoras del anónimo.
Un intrigante episodio ocurrió durante la reunión, según relataron las ex funcionarias. Hernández preguntó quién sabía la definición de la palabra testaferro y ante el silencio de los nerviosos empleados, Luis Véliz, un ex militar venezolano que colabora con Hernández en el consulado, pidió la palabra para responder.
Según las denunciantes, Véliz se fue por las ramas en la explicación y terminó contando que había sido interrogado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Cuando se disponía a continuar con los detalles de la investigación, según relató Tovar, “el cónsul le hizo una señal para que se callara”, la cual obedeció.
Hernández dijo a El Nuevo Herald que no recuerda ese episodio y que no creía, hasta donde él sabía, que Véliz hubiera sido interrogado por el FBI.
A los tres días de la reunión, “los malos” fueron despedidos sin ninguna explicación.
Por: GERARDO REYES
greyes@elnuevoherald.com
