Falta liberar a cinco detenidos,
según el compromiso del Ejecutivo

■ Con excarcelación de diputado Curupe Gobierno liberó a segundo preso político.

■ Otto Gebauer y Silvio Mérida Ortiz siguen esperando el beneficio

El diputado suplente electo por el estado Anzoátegui Freddy Curupe fue puesto en libertad ayer, luego de que el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck el Aissami, se comprometió con los estudiantes que estuvieron en huelga de hambre por 23 días a excarcelar a 7 de los 28 presos políticos que hay en el país.

La boleta de excarcelación fue firmada por el presidente del Circuito Judicial Penal de Anzoátegui al segundo día de que los 90 jóvenes que estaban en ayuno en todo el territorio nacional accedieron a levantar la protesta.

Curupe, que estuvo preso 11 meses por enriquecimiento ilícito, quedó sometido a régimen de presentación cada 30 días y prohibición de salida del país.

Con esa excarcelación suman dos las personas que han sido puestas en libertad condicional por el Poder Judicial una vez que el Ejecutivo nacional se comprometió a agilizar el otorgamiento de medidas de prelibertad.

El parlamentario Biagio Pilieri fue liberado el miércoles y ayer se juramentó en la Asamblea Nacional. Se espera que Curupe asista a la próxima sesión del Parlamento.

Juzgados culpan a ministerio. Otto Gebauer y Silvio Mérida Ortiz, incluidos en la lista de presos políticos que serían objeto de medidas alternativas de sustitución de penas a las que por ley ya tenían derecho, no han sido excarcelados debido a que el despacho dirigido por El Aissami no ha enviado a tribunales los exámenes psicosociales que les practicaron el martes y que son indispensables para que los jueces los dejen en libertad condicional.

Así lo señalaron Ana Mercedes Gebauer y Claudia Mujica, abogadas de Gebauer y Mérida Ortiz, respectivamente.

Lo mismo ocurre con Felipe Rodríguez, a quien se le impondrá un régimen abierto que le permitirá salir de su sitio de reclusión durante el día y regresar en la noche.

Gebauer está detenido desde 2004 por haber sido el encargado de custodiar al presidente Hugo Chávez durante su traslado a La Orchila en abril de 2002. Mérida Ortiz y Rodríguez están presos desde 2003 y 2005, respectivamente, por las explosiones ocurridas en 2003 en dos consulados.

“Tenía desde 2008 solicitando que le hicieran la evaluación psicosocial”, indicó la esposa y abogada de Gebauer.

“El miércoles consignamos ante el tribunal la oferta de trabajo actualizada (que le exigen para dejarlo en libertad) aunque la verdad es que la estamos presentando desde hace cuatro años y medio”, explicó Mujica. Agregó que desde el año pasado solicita una medida humanitaria debido a que su defendido sufre de epilepsia.

Los policías metropolitanos Marcos Hurtado y Arube Pérez también esperan por beneficios.

Inmunidad a medias:

La abogada de Pilieri, Norma Delgado, explicó que aunque fue juramentado no goza de inmunidad parlamentaria en lo que respecta al proceso judicial por malversación que está abierto en su contra, y del que ha sido absuelto dos veces.

Delgado indicó que, debido a una sentencia dictada por el TSJ en noviembre de 2010, la inmunidad sólo aplica en el supuesto de que un diputado cometa un hecho ilícito después de su juramentación. “Es una aberración pero es así”, dijo.

“Con este ilógico y absurdo planteamiento puede ocurrir que un mismo día Biagio tenga sesión en la Asamblea y audiencia en tribunales. Puede pasar incluso que lo condenen siendo diputado”, advirtió.

“El TSJ es un ente autónomo”

La Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, señaló que el órgano que dirige es un ente autónomo, con competencias y responsabilidades específicas.

La declaración la hizo en el noticiero meridiano de Venevisión, en respuesta a los señalamientos que se hicieron a propósito de la huelga de hambre realizada por jóvenes frente a la OEA, que acusan al máximo tribunal de ser un organismo que depende del Ejecutivo para la toma de decisiones.

Morales indicó que la respuesta a la petición de los estudiantes en huelga provino del TSJ, y que el dictamen fue resuelto desde la Presidencia de la República.

La magistrada sostiene que fue una decisión acertada que los huelguistas se dirigieran al Poder Judicial a consignar los documentos con sus exigencias, pues fueron directamente al organismo que correspondía.

Resaltó que la huelga no debió realizarse porque los acuerdos se pudieron haber logrado en paz. Aclaró que las medidas cautelares se tomaron para llevar los procesos en libertad y que ello no implica la exoneración de sentencias condenatorias.

Por: DIANA LOZANO PERAFÁN
dlozano@el-nacional.com
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