Los propietarios no reciben respuesta y
los arrendatarios no tienen a donde ir

■ Disputa en Candelaria por inmueble.

La falta de vivienda no sólo afecta a los damnificados. Es un asunto que tiene repercusiones en casi todos los aspectos de la vida familiar. El caso de Nirca Gutiérrez y de Marvin Pérez no es la excepción. Desde hace algunos meses, ambas mujeres están en una guerra de baja intensidad por un apartamento, y ninguna de las dos piensa claudicar, por el momento.

El inmueble está ubicado en la parroquia Candelaria. Desde 2004, Gutiérrez se lo alquiló a Pérez, que en ese tiempo vivía allí con su esposo e hijos. El arrendamiento se hizo, pues el dueño del inmueble (José Adamo) necesitaba una intervención quirúrgica y pensaron que con los recursos mensuales que obtendrían podrían compensar la disminución de los ingresos causados por el reposo médico. “Nos fuimos a vivir a casa de mis suegros y creímos que con el alquiler del apartamento podíamos compensar un año o dos”, indicó Gutiérrez.

Lo que en principio parecía una solución, se convirtió en dolor de cabeza. Desde 2008, la familia Gutiérrez ha intentado recuperar su propiedad sin éxito. “Incluso, tenemos una sentencia del tribunal que ordena el desalojo, y ni siquiera por eso la inquilina abandona el inmueble que nos pertenece”, indicó la dueña, quien como medida extrema pernoctó varias noches en un colchón frente a la puerta del apartamento. Pero hubo un confuso incidente con un gas tóxico ­en el que se responsabilizan mutuamente de haberlo esparcido en los pasillos del edificio­ y decidió abandonar la acción y tomar una más virtual.

Gutiérrez abrió una página en la red social Facebook que se llama: “Devuélvanme mi apartamento que con tanto esfuerzo compré para mi familia”. Allí se observan fotos del colchón colocado frente a la entrada del inmueble y de la sentencia del tribunal pegada en la puerta.

La inquilina, por su parte, aduce sus razones. Está consciente de que existe una medida en su contra, pero apela a los sentimientos. Dice que no tiene ningún familiar en Caracas porque es de San Cristóbal, que está en octavo semestre de Derecho de la Universidad Santa María y que no quiere abandonar los estudios faltándole tan poco. Teme tener que dejar a sus hijos en casa de su padre, que luego de separarse de Pérez compró un inmueble dos pisos más abajo del suyo.

Juró que su intención no es quedarse con la vivienda, pero tampoco da fecha para abandonarla. “La situación económica no me da y estoy haciendo gestiones para conseguir un trabajo estable”, aseveró la joven. Al final, ambas mujeres temen quedarse en la calle y ambas dependen del Gobierno para solucionar el problema.

Propiedad sin esperanza:

Roberto Orta, presidente de Red de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), indicó que aunque se impartan medidas judiciales de desalojo, las autoridades no están facultadas para cumplirlas, pues así lo dicta el oficio emitido por el Tribunal Supremo de Justicia del 14 de enero pasado, que prohíbe ejecutarlas hasta que se apruebe la ley inmobiliaria.

“Esta situación deja en un estado de indefensión al propietario porque, aunque apliquen la ley y el debido proceso, de igual manera no se recupera la propiedad”, señaló. Esa decisión, que a su juicio es ilegal, afecta no sólo a los propietarios de inmuebles sino también a vecinos morosos, a vigilantes que no quieran abandonar su garita, a conserjes que no dejen sus viviendas y hasta la partición sucesoral.

“Con la aprobación de ese oficio se desmontó el Estado de Derecho Inmobiliario”, aseveró el experto. Además, alertó sobre la disminución alarmante de la oferta de inmuebles en alquiler. Está en un mínimo histórico”, aseguró.

Por: LAURA WEFFER CIFUENTES
lweffer@el-nacional.com
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