Renny Villaverde sigue manejando la
institución desde la dirección del Insetra
■ Ministerio de Interior y Justicia designó a un jefe interino en la institución, pero no decretó la intervención.
■ En el cuartel general de la Policía de Caracas todo pareciera haber regresado a la normalidad.
Los patrulleros que el 2 de febrero tomaron las instalaciones salieron otra vez a las calles del municipio Libertador esta semana con la esperanza de que el nuevo director, comisario Edgardo Navarro, contribuya a aliviar las tensiones creadas por su predecesor, Renny Villaverde.
Navarro es un funcionario del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia, antigua Disip).
Allí fue jefe de la Brigada Motorizada:
El ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck el Aissami, lo designó en forma interina de común acuerdo con el alcalde Jorge Rodríguez, que podrá ratificarlo en el cargo o proponer un nuevo titular.
El Aissami inicialmente no tenía a Navarro en mente para paliar la crisis planteada por 150 agentes que exigían la inmediata salida de Villaverde.
Por eso no lo mencionó en la primera reunión que tuvo con los manifestantes. Tampoco lo hizo su acompañante en esa oportunidad, el comisario Edgar Barrientos, viceministro de Coordinación Policial.
Pero luego de consultar con el director del Sebin, general Miguel Rodríguez Torres, se determinó que Navarro tenía el perfil para dirigir la policía administrativa.
Esta solución fue a medias.
Villaverde no ha dejado del todo el cuerpo policial, pues por decisión de Rodríguez se mantiene en la presidencia del Insetra (Instituto de Seguridad Ciudadana y Transporte del municipio. Policaracas depende de ese despacho en lo administrativo. La sede del Insetra también está en la Cota 905.
“Villaverde no se ha ido. Cualquier requisición que quieran hacer, así sea para comprar un caucho, tendrá que firmarla él.
También los pagos del personal”, aseguró un funcionario que pidió el anonimato.
Por lo tanto, los conflictos en Policaracas no han cesado. Por el contrario, se desarrollan en silencio. El alcalde Jorge Rodríguez no ha querido reunirse con los agentes que desde 2009 le enviaban informes con irregularidades sobre la gestión del comisario.
Los nueve líderes de la protesta del 2 de febrero fueron suspendidos y notificados por un aviso de prensa. Entre los afectados están los comisarios Giovanny Castro y Pedro Revilla, ex jefe del grupo Gris.
Además, se gestionan procedimientos disciplinarios contra un grupo de aproximadamente 25 funcionarios que los apoyaron la manifestación.
Esa decisión es aplicada a través de la Oficina de Control de la Actuación Policial del Insetra, y contrasta con la promesa hecha por el ministro Tareck el Aissami la madrugada del 3 de febrero de que no habría retaliaciones. El tema fue tratado otra vez en una reunión entre una comisión de los policías descontentos y el titular del MIJ, el jueves en la tarde.
Averiguaciones:
La protesta policial llamó la atención del Ministerio Público y de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional.
Desde hace dos semanas, la fiscal 75º del área metropolitana de Caracas, Raquel Pita, instruye un expediente sobre las supuestas irregularidades administrativas de la gestión de Villaverde.
Pero también hay denuncias sobre asignación arbitraria de escoltas a personas que carecen de órdenes judiciales de protección.
Uno de los episodios que colmó la paciencia de los agentes se refiere al juicio por extorsión, asociación para delinquir y corrupción contra dos agentes asignados al grupo de escoltas del comentarista de televisión Mario Silva.
Los uniformados, de apellidos Quiroga y Morales, formaban parte de un contingente de 15 que permanentemente cuida la casa del conductor de La Hojilla, ubicada en Turmero, estado Aragua.
“Es un favor que le hace Villaverde”, indicó uno de los agentes. Los policías sólo vigilan el exterior de la vivienda, pues adentro hay un grupo del Sebin.
En enero de 2010, Quiroga y Morales fueron imputados porque supuestamente fotografiaron con un celular la fachada del inmueble. Quedaron detenidos en la sede de la zona 4 de la PM luego de que la Inspectoría de Policaracas elaboró un expediente.
Los funcionarios quedaron en libertad en diciembre, luego de constatarse en el proceso judicial que la foto no había sido utilizada con propósitos extorsivos.
Más historias:
Otro caso fue del conocimiento del presidente Chávez, a través del secretario del Consejo de Ministros y ex alcalde de Caracas, Freddy Bernal.
El denunciante fue el oficial III Jhoa González, que el 18 de marzo de 2010 fotografió a cuatro hombres ajenos a la institución que recibían pistolas en la entrada del Departamento de Armamento.
Acto seguido, indica la denuncia, el agente supuestamente fue amenazado con una pistola por Villaverde, que además intentó quitarle el teléfono. En la discusión le indicó que los portadores de las pistolas eran escoltas de una personalidad. El caso fue denunciado en la Fiscalía (expediente AM1697-10).
Policaracas no tiene una sección destinada a la custodia de personalidades ni para la protección de testigos. Sin embargo, los agentes de la Brigada Motorizada de la institución son asignados para vigilar no sólo al ex candidato a la Gobernación de Carabobo, en zonas fuera del municipio, sino también a afamados deportistas y directores de la alcaldía. Los agentes comentan que mejor estarían en las calles, combatiendo el hampa.
Para hacer este trabajo se intentaron entrevistas con el director de Policaracas, Edgardo Navarro, y el alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez.
Las solicitudes no tuvieron respuesta.
Informes del auditor:
La mayoría de las irregularidades administrativas fueron detectadas por Pedro Napoleón Acosta Durand, que se desempeñó como auditor interno hasta noviembre de 2010, cuando salió por una denuncia sobre supuesta “violencia psicológica”, hecha por una trabajadora de su oficina.
Los documentos a los que se tuvo acceso para realizar este trabajo hacen señalamientos de diversa gravedad: Los pagos se hacían a empresas externas sin constatar mediante un control perceptivo que los servicios fueron prestados o los bienes adquiridos. Esto fue especialmente frecuente en las compras de material para oficina.
Hubo contratos con empresas no inscritas en el Registro de Contratistas, o que habían sido excluidas por sanciones previas.
Hubo sobreprecio en la adquisición de pintura, materiales de construcción y aires acondicionados. En el último caso se adquirieron equipos a 5.800 bolívares la unidad en el primer trimestre de 2010, cuando su precio real, según el auditor, era 2.100 bolívares.
Se hicieron pagos sin disponibilidad presupuestaria.
Por ejemplo, en noviembre de 2009 fue emitido el cheque del Banco de Venezuela número 20156519 por 1,2 millones de bolívares a favor de una constructora que adelanta las reformas a la sede policial de la Cota 905.
Se autorizaron gastos duplicados. Un informe enviado en octubre de 2010 a la Administración del Insetra indica que una misma camioneta Toyota Hylux fue objeto de 2 contratos por más de 51.000 bolívares cada uno por conceptos casi iguales.
Por: JAVIER IGNACIO MAYORCA
jmayorca@el-nacional.com
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