Alegan falta de transparencia

Los tratados bilaterales establecen normas de indemnización que pueden resultar onerosas para el país.

La paulatina pérdida de garantías para el efectivo ejercicio del derecho de propiedad en Venezuela es, en opinión del abogado José Muci Borjas, el origen de las 18 demandas interpuestas contra el país ante el Ciadi, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.

Durante la Jornada sobre el Derecho de Propiedad, realizada en la Universidad Católica Andrés Bello, Muci Borjas recordó que Venezuela ha suscrito más de 20 tratados bilaterales para la promoción y protección de inversiones, los cuales fundamentan el arbitraje internacional por eventuales perjuicios derivados del incumplimiento de los contratos entre el Estado y empresas extranjeras.

“En la misma medida en que ha aumentado la inseguridad jurídica en el país, por ejemplo, por efecto de expropiaciones arbitrarias y reformas legales que debilitan el derecho a la propiedad, aumenta la posibilidad de que los inversionistas extranjeros prefieran defender sus intereses en el Ciadi y no en los tribunales venezolanos, de cuya independencia e imparcialidad hay sobradas dudas”, razonó el especialista.

Muci Borjas indicó que, precisamente, la mayoría de las demandas contra Venezuela se basan en supuestos daños económicos sufridos por los inversionistas extranjeros debido a la falta de transparencia y reglas claras.

Advirtió que los tratados bilaterales establecen normas de indemnización que pueden resultar muy onerosas para el país, pues los cálculos se hacen a precios de mercado y se permite la repatriación de bienes.

El Estado venezolano no podría invocar las normas de la legislación nacional, afirmó el experto. Tal fue el caso de la demanda interpuesta por Autopista Concesionada de Venezuela, C. A., (contratada para obras y servicios en la autopista Caracas-La Guaira) que denunció la violación de las garantías establecidas en el contrato para obtener financiamiento externo. El Estado alegó que había asumido una obligación contraria al ordenamiento jurídico venezolano. Pero, en definitiva, el Ciadi falló a favor del inversionista extranjero, al reivindicar el compromiso de ambas partes de actuar de buena fe.

La soberanía nacional tampoco sería un argumento válido. “El Gobierno sabe que puede ser enjuiciado fuera de Venezuela, con rigurosas reglas que no podría acomodar a sus intereses”, concluyó José Muci Borjas.

Por: EDGAR LÓPEZ
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