Violan Constitución estatal

Ramón Carrizález tiene la venia de Hugo Chávez, pero no la legalidad para ser gobernador de Apure. El Gobierno desembolsó, por ejemplo, los recursos para cancelar los tres de sueldos retrasados que originaron una crisis social que obligó a la renuncia de Jesús Aguilarte Gámez; sin embargo, la oposición evidenció que su designación por el Consejo Legislativo de ese estado es inconstitucional e ilegal.

La Constitución de Apure ­en el capítulo II del Gobernador del Estado, artículo 105­ impone como condición: “Para ser gobernador del estado se requiere ser venezolano por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, ser mayor de 25 años de edad, de estado seglar, estar inscrito en el registro electoral de la circunscripción del estado, y no haber sido sometido a condena mediante sentencia definitivamente firme”.

Carrizález vota en la Escuela Básica Trino Celis Ríos, que está ubicada en la urbanización Romana Sur, parroquia Andrés Eloy Blanco del municipio Girardot en Maracay, Aragua, según consta en la página oficial del Consejo Nacional Electoral.

Ante esa irregularidad, que puede conllevar a que las decisiones del Ejecutivo del estado sean declaradas viciadas, la diputada de Acción Democrática Miriam Berdugo de Montilla dijo que introducirán en los próximos días ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad del acto del Consejo Legislativo que nombró gobernador al ex vicepresidente, por considerar que, a pesar de las críticas contra Aguilarte Gámez, no se puede vulnerar la legalidad por caprichos políticos.

“Por ley le correspondía asumir a un legislador regional.

Por el PSUV hay dos personas que buscaban sustituir a Aguilarte Gámez, aunque por su condición de presidenta del Consejo Legislativo el cargo debió asignársele a Osmaira Eslaya. El presidente Chávez, quien dice amar y querer a Apure, mostró que no es así, porque en lugar de nombrar a un apureño puso a un extraño. Chávez da a entender que no respeta a los apureños, que no cree que en este estado hay gente capaz de gerenciar un estado”, afirmó.

Berdugo señaló que la consejo de Apure tenía previsto destituir a Aguilarte Gámez en 2009 y luego en 2010, cuestión que no procedió por razones políticas. “Debió solicitársele un antejuicio de mérito; no se hizo, pero en dos días el Presidente fue capaz de sacarlo del poder. Eso muestra quién manda en este estado”.

La legisladora de AD Hilda de Osto se opuso el 9 febrero al nombramiento del ex vicepresidente, según Notillanosplus, por la ilegalidad. “Su intervención fue vituperada por los oficialistas que vociferaban: ¡Los adecos no volverán al poder!”, publicó el semanario, que relató la algarabía que se sintió cuando leyeron la carta de renuncia de Aguilarte Gámez.

La diputada Berdugo anunció que solicitarán que se averigüe las irregularidades en la gestión del capitán retirado ante la Fiscalía General y la Contraloría General, por los siguientes casos: la paralización del materno infantil por tres años, a pesar de que se le dieron los recursos; los Juegos Deportivos Nacionales 2007 y el abandono de Petrocasa.

Por: HERNÁN LUGO-GALICIA
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