Chávez ha implementado más de 16 planes
de seguridad sin resultados a la vista

El incremento de la delincuencia durante la última década en Venezuela – cuyas cifras se dieron a conocer, al menos parcialmente, este martes- ha favorecido el auge de empresas de seguridad.

Éstas ofrecen una amplia gama de servicios, que van desde sistemas de posicionamiento satelital GPS, al blindaje de vehículos y servicios de vigilancia privada, que incluyen la contratación de guardaespaldas.

Según datos de la Asociación Venezolana de Ejecutivos de Seguridad, el negocio de la seguridad privada creció 70% en la última década y ya hay unas 300 compañías dedicadas a la protección y vigilancia, que generan unos 300.000 empleos.

Sólo en el sector de la distribución de equipos de seguridad electrónica, en 2010 había 100 empresas que facturaban cerca de US$250 millones anuales.

Especialistas del sector señalan que los servicios son buscados no sólo por personas de gran poder adquisitivo, sino por todo aquel que pueda pagarse un poco de seguridad extra.

Ricardo, un empresario con inversiones en el sector del transporte y de la ganadería, en los últimos doce años ha sido víctima de seis robos a mano armada, tres de los cuales fueron para quitarle su vehículo.

El atraco más reciente, ocurrido el pasado 5 de enero, lo afrontó con un poco más de tranquilidad, pues el automóvil que le robaron estaba protegido por un sistema de localización satelital por GPS. Tenía la certeza de que podría recuperarlo, y así fue.

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Negocio blindado:

Esto gracias a iniciativas como las de Gilma Alfonso y Oscar Sabater, quienes consideran que fueron visionarios cuando hace 12 años se asociaron con una empresa brasileña para establecer en Venezuela la compañía de blindaje de vehículos Armor Blindados.

“Fundamos esta empresa al ver lo que ocurría con la inseguridad en otros países de la región. Al principio, nos costaba mucho convencer a la gente sobre la utilidad de nuestros servicios. Hoy muchos vienen solos a contratarnos”, afirma Sabater.

Alfonzo explica que cuando comenzaron sólo había otra empresa del ramo en Venezuela y que ahora hay unas 30.

Según sus estimaciones, en 2010 se blindaron en el país 2.000 vehículos, entre clientes corporativos y particulares. Es un negocio considerable tomando en cuenta que blindar un automóvil puede costar entre US$19.000 y US$25.000.

Guardaespaldas a la luz:

La presencia de escoltas y guardaespaldas armados se ha vuelto cotidiana en las calles de Caracas. Vehículos con vidrios ahumados escudados por dos potentes motocicletas, cuyos conductores llevan pistolas automáticas semiocultas bajo sus invariables chaquetas negras, son una ocurrencia común.

José Antonio Khliefat, presidente de PBG Servicios Ejecutivos, una empresa certificada por la Asociación Internacional de Guardaespaldas, reconoce que la demanda de escoltas armados se ha incrementado mucho en los últimos años.

“Antes esto era un servicio para la clase alta, pero ahora también tiene demanda en la clase media debido a la aparición de nuevas formas delictivas como el secuestro exprés (de corta duración) y el secuestro virtual, que se basa en amenazas telefónicas”, explica Khliefat.

El servicio de protocolo armado, bajo el cual operan los guardaespaldas en Venezuela debido a limitaciones legales, genera mucho empleo pues la necesidad de brindar protección las 24 horas puede llevar a que, por ejemplo, una empresa transnacional que desee proteger a media docena de sus ejecutivos requiera aproximadamente 46 escoltas.

Temor justificado:

De acuerdo con cifras del criminólogo y consultor de seguridad Fermín Mármol García, el secuestro en Venezuela ha registrado un incremento de 430% desde febrero de 1999, mientras que el homicidio ha aumentado 240%.

Mármol señala que, según cifras oficiales, en el país ocurren cinco secuestros al día, cuatro de ellos en su modalidad exprés, a lo que se debe sumar una cifra negra (casos no denunciados) de 30%.

Este experto considera que el auge de la seguridad privada se explica por la incapacidad del Estado de garantizar el derecho a la vida y a la propiedad, debido a la falta de recursos entre otras causas.

“Según la ONU, faltan 20.000 policías para labores de investigación y otros 50.000 para tareas de prevención. Un fiscal penal tramita 2.000 casos al año y un juez, 500. La consecuencia es que 92% de los homicidios quedan impunes”, apunta Mármol.

Tulio Jiménez, quien fue hasta enero pasado diputado por el partido oficialista PSUV y presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, asegura que el Estado hace grandes esfuerzos para incorporar mayor número de funcionarios policiales.

Advierte que la solución de la inseguridad no puede hallarse sólo en políticas represivas y expresa sus reservas sobre la proliferación de la seguridad privada. “En el largo plazo estas funciones deberán regresar a manos del Estado, que debe contar con la colaboración de los ciudadanos”, señala.

Entre tanto, según Mármol, cada venezolano debe desarrollar su propio protocolo de seguridad. “Por eso la gente se refugia en la tecnología y el país está lleno de cámaras de seguridad y vigilantes privados”, explica.

Por: Ángel Bermúdez
BBC Mundo, Caracas