Domina el barrio 23 de Enero de Caracas

Apoya la “revolución bolivariana”, y amenazó con asesinar a Marcel Granier. Analistas creen que la justicia está politizada.

Semanas antes de la celebración del referendo de la enmienda constitucional (15-02-09), que aprobó la reelección indefinida del Presidente, gobernadores y alcaldes, ocurrieron varios ataques armados sin precedentes contra Globovisión, El Nuevo País, Ateneo de Caracas, la sede de Copei, Nunciatura Apostólica y las residencias de los periodistas Marta Colomina y Marcel Granier.

Algunos representantes del Gobierno acusaron a sectores opositores de haber tramado dichos ataques para “desprestigiar” la imagen de Hugo Chávez. No obstante, se llevaron una gran sorpresa cuando el líder del grupo chavista La Piedrita, Valentín Santana, admitió públicamente ser el autor intelectual de tales actos.

En una entrevista que concedió al semanario Quinto Día, este “defensor de la revolución bolivariana” anunció que “pasaría por las armas” a Granier, y agregó: “No es un extremo de violencia. Desde que nuestro Comandante (Chávez) asumió el poder, la violencia ha venido de ellos: Globovisión y Marcel Granier”.

“¿Qué le diría a la oposición?”

Le preguntó la periodista de Quinto Día, Sebastiana Barráez, y sin pensarlo dos veces, Santana sentenció: “Donde los vea algún militante de La Piedrita les vamos a quitar la cabeza”.

Esta entrevista no le cayó nada bien a Chávez, ya que puso en entredicho el Estado de Derecho y el respeto a las leyes en el país. El ocho de febrero de 2009, el primer Mandatario nacional ordenó capturar a Santana y dijo que, si era necesario, lo haría él mismo:

“Llamé a la Fiscal General (Luisa Ortega Díaz) para que tome las acciones. Esa persona debe ser detenida, porque es un delito amenazar a alguien de muerte (…) Ese señor es un criminal, no un revolucionario de verdad”.

Dos días después, Chávez afirmó que el Colectivo La Piedrita “estaría siendo financiada por la Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA) y la ultraderecha venezolana”.

El comisario de la entonces Disip, Wilmer Forero, precisó que se habían allanado 15 viviendas en Caracas, pero sin resultados exitosos. Incluso, se corrió el rumor de que, supuestamente, Santana había escapado hacia Cuba, en cambio, personas allegadas aseguraron que estaba “escondido” en el estado Miranda.

Lo cierto es que, desde entonces, el paradero de Valentín Santana ha sido un misterio. En cambio, en el país han detenido en tiempo  record a decenas de dirigentes políticos, empresarios, jueces y periodistas por contrariar a Chávez.

¿Hay justicia real?

La ex presidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa Gómez, señaló que este caso es una muestra más de que la justicia venezolana está politizada, y deja en evidencia que la última palabra la tiene el propio Chávez:

“El caso de Santana fue muy especial, por tratarse de alguien que dice defender el proceso revolucionario. Pienso que Chávez emanó la orden de captura, pero bajo cuerda pidió que las cosas se llevaran con calma”.

Acotó que, en cambio, las detenciones contra dirigentes opositores son efectivas por tratarse de personalidades que están en la otra acera política. “El Presidente quiere vender la imagen de que el sistema judicial es autónomo, pero él dicta las pautas y decide a quién detener y a quién no”.

Señaló otro ejemplo: el caso de la jueza María Lourdes Afiuni. “Seguramente Chávez giró instrucciones para que ella tuviese casa por cárcel luego de la operación, porque hubiese sido peor para la imagen del Gobierno si hubiese tenido complicaciones post-operatorias de haber permanecido recluída en la prisión”.

El sociólogo y experto en materia judicial, Roberto Briceño León, consideró que la aparente impunidad en torno a Valentín Santana “hace daño a todo el sistema judicial del país, puesto que no hay castigo efectivo sobre alquien que hizo amenazas de muerte y asumió la responsabilidad por ataques de carácter terrorista”.

Concluyó que “la impunidad sigue reinando en el país. Cerca del 91% de los delitos cometidos en Venezuela no tiene responsables ni detenidos. Lo dramático del caso de Valentín Santana es su matiz político, que deslegitima al poder judicial. Es difícil precisar si la orden de captura contra Santana fue un ‘show político’ previo al referendo de la enmienda constitucional, pero lo cierto es que ese señor todavía no ha sido castigado por su delito”.

Por: Abraham Puche
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