Huelguistas amenazan con
radicalizar la protesta

Caracas, 7 feb (EFE).- Nueve venezolanos que mantienen una huelga de hambre desde hace una semana frente a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas amenazaron hoy con radicalizar su acción en solidaridad con los “presos políticos del Gobierno” del presidente del país, Hugo Chávez.

El coordinador nacional de la organización Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU) y líder del grupo, Lorent Saleh, indicó a periodistas que entre las opciones que barajan está el coserse la boca con hilo y poner fin al consumo de suero, con el que se alimentan desde el pasado 31 de enero.

Además de la “inmediata liberación de los presos políticos”, el grupo exige la visita a Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Saleh reiteró hoy que la OEA adquirió hace un año el compromiso de enviar a Venezuela una representación de la CIDH para que constate “las violaciones a los derechos humanos”.

En diciembre de 2009, el grupo ya hizo huelga de hambre de 18 días a las puertas de la oficina de la OEA en Caracas, tras reunirse con una misión enviada entonces por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.

“Queríamos que los estudiantes concluyeran su manifestación por su propio bienestar”, señaló Insulza el pasado 8 de diciembre en Washington, al señalar que la normalidad permitiría retomar “las conversaciones para una posible visita de la CIDH”.

“Ya estamos en febrero de 2011 y no han venido. Insulza incumplió su promesa, no tiene palabra. De aquí no nos levantamos hasta que se monte en un avión” y verifique en Caracas que “nuestras vidas están en sus manos”, dijo a su vez el huelguista Germán Cortez.

La CIDH ha pedido en varias ocasiones verificar la situación de los derechos humanos en Venezuela, pero hasta ahora el Gobierno de Chávez le ha negado esa posibilidad.

La oposición, aglutinada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), señaló el pasado miércoles que la “persecución y prisión política” marca su suerte desde que Chávez fuera investido como gobernante por primera ocasión el 2 de febrero de 1999.

La coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la MUD, Delsa Solórzano, indicó ese día a través de un comunicado que en el país “hay 28 presos políticos y más de 3.000 perseguidos”, que incluye a dos diputados procesados por malversación y homicidio.

El líder del grupo de huelguistas dijo al respecto que la MUD se ha quedado en las estadísticas y “ha dejado solo a los presos políticos”.